Las empresas públicas del Estado disparan su deuda casi 2.200 millones desde marzo

Los guarismos se disparan todavía más si a la deuda de las empresas públicas del Estado se suma la que aglutinan las sociedades que mantienen comunidades y ayuntamientos. En total, el agujero roza ya los 56.000 millones -en concreto, 55.973-, otro máximo histórico. De hecho, las compañías dependientes de las autonomías deben en su conjunto 12.182 millones de euros y las que controlan los municipios se van hasta los 9.042 millones. No obstante, en lo que va de ejercicio ambas han logrado contener los datos. Respecto al primer trimestre, rebajan el pasivo en 178 y 234 millones, respectivamente.

El principal responsable del desaguisado en las empresas del Estado ha sido el gestor de infraestructuras ferroviarias (GIF/Adif). Dicho organismos pasó en apenas seis meses de una deuda de 9.092 millones a apuntarse en el debe 10.544 millones. Renfe (5.282 millones), Aena (12.514) y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (con 90 millones) son el resto de sociedades cuya deuda aparece detallada por el Banco de España. En el caso del gestor aeroportuario, el incremento es de casi 800 millones, desde los 11.724 que soportaba al cierre del primer trimestre del ejercicio. En lo que llevamos de siglo, el agujero se ha más que triplicado: apenas suponía 10.665 millones en el año 2000.

Una de las primeras medidas enunciados por el Gobierno nada más llegar al poder fue la reestructuración del sector público empresarial. Corría el mes de enero y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, dejaba claro que exigiría a las comunidades autónomas que cumplieran el compromiso de reducción de entes pactado con el Gobierno socialista en marzo de 2010 y que hasta ahora ha sido papel mojado. El denominado Acuerdo marco para la sostenibilidad de las finanzas públicas autonómicas y locales recogía un compromiso de eliminación de 514 entes autonómicos de los 2.359 contabilizados. Un año después, a 1 de julio de 2011, apenas se habían suprimido 69.

Sáenz de Santamaría aseguró entonces que el Consejo de Ministros había estudiado un informe del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre el “redimensionamiento” del sector público empresarial. Según los datos que manejaba el Gobierno a través de la Intervención General del Estado (Igae), existía un entramado de más de 4.000 entes al cobijo de las administraciones autonómicas y locales. “Es una tarea compartida con las comunidades autónomas”, subrayó la vicepresidenta. También dejó claro que se revisarían los organismos dependientes de los diferentes ministerios. Casi doce meses después, se mantiene el fenomenal enredo que supone apenas elaborar un registro de estas entidades.

Al menos la deuda de las comunidades autónomas bajó en el tercer trimestre respecto al trimestre precedente, algo que no ocurría desde mediados del año 2008. En concreto, la deuda de las comunidades sumó 167.460 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 0,48% menos que los 168.271 millones registrados hasta junio, la cifra más alta de la serie histórica. La comunidad autónoma con mayor volumen de deuda en el segundo trimestre de 2012 fue nuevamente Cataluña, con 45.754 millones de euros, cantidad que representa el 27,3% del total de la deuda acumulada en el conjunto de las comunidades. Detrás de Cataluña, se situó la Comunidad Valenciana (25.574 millones de euros) y Andalucía, cuya deuda ascendió a 18.495 millones de euros.