Los expertos acusan: gobernar a golpe de decreto ley va contra la seguridad jurídica

Gobernar a golpe de decreto continúa levantando suspicacias. El último en criticar está dinámica ha sido Jaume Cornudella, socio de PwC para asuntos fiscales, que este martes, durante la presentación de la última edición de Paying Taxes, un estudio que resume la situación fiscal de 183 países, denunció que “lo excepcional”  (la utilización del Real Decreto Ley) se ha convertido en moneda corriente. Hasta el punto de que se está poniendo en peligro la seguridad jurídica.

Cornudella no habla sólo en su nombre. La consultora PwC canaliza buena parte de la inversión extranjera en España, y su impresión es que sus clientes -a quienes PricewaterhouseCoopers asesora fiscalmente- se quejan de los continuos cambios normativos que impiden la planificación tributaria. Ya sea modificando en medio de un ejercicio fiscal los pagos fraccionados en el Impuesto de Sociedades, eliminando la libertad de amortización por inversión en activos fijos o cambiando las limitaciones a la compensación de bases imponibles. “La imagen que se da no es la de una mayor seguridad jurídica, al contrario”, aseguró. 

A su lado, el jefe de la inspección de la Agencia Tributaria, Luis Jones, sólo pudo reconocer lo evidente. Y en tono conciliador dijo: “Entiendo las quejas, pero aquí compiten la seguridad jurídica y una situación económico muy específica“. Algo que, en su opinión, explica la avalancha de decretos ley.

El Gobierno de Rajoy, que fue muy crítico con esta forma de gobernar cuando estaba en la oposición, suma ya, en los ocho primeros meses de su mandato, un total de 27 decretos, la mitad de los que Zapatero impulsó en sus dos últimos años de legislatura. Entre los decretos ley aprobados en los últimos meses se encuentran asuntos tan relevantes como la amnistía fiscal.

Según el responsable de la inspección, el plan de control sobre las multinacionales se ha convertido en un asunto prioritario para la mayoría de los países de la Unión Europea, y en este contexto hay que situar la creación en España de una Oficina Nacional de Inspección Internacional, que estará vinculada estrechamente a la unidad de lucha contra el fraude.

Ahora bien, reconoció, los medios son limitados, pero aún así cada año la ONIF (Oficina Nacional de Investigación del Fraude) realiza unas 8.000 actuaciones. En su opinión, la administración tributaria española “tiene sus limitaciones”, y la demanda de seguridad jurídica por parte de las multinacionales “puede ser ilimitada”.

Incentivos fiscales

Según el informe de PwC, el coste total de la carga tributaria (el peso de los impuestos sobre los ingresos netos) de las empresas se ha ido reduciendo en los últimos años en Europa, pasando de estar próximo al 50% en 2006 al 42,6% de media que recoge esta edición del informe. La crisis económica y los mayores incentivos fiscales están en el origen de esta reducción.

En España, la carga tributaria para las empresas es de un 38,7%, siendo las cotizaciones y los impuestos laborales los que más peso tienen. El informe refleja un peso muy bajo de los impuestos sobre beneficios. Este hecho se debe, en gran parte, a la consideración del régimen fiscal de libertad de amortización para las inversiones en activos fijos nuevos, que ha supuesto una reducción importante en el impuesto sobre sociedades. De no ser por ello, la carga tributaria española se encontraría en el puesto número 27 de 30 países, en lugar de la posición 11 en la que aparece en el informe.

Lo relevante, en todo caso, es el enorme peso de las cotizaciones sociales algo que, según Alberto Monreal, socio fiscal de PwC puede explicar las altas tasas de desempleo existentes en España.