Los inspectores de Hacienda quieren investigar a todos los que se han apuntado a la amnistía

Los inspectores de Hacienda, que se han opuesto desde el principio a la amnistía fiscal, están decididos a investigar todas las regularizaciones practicadas en este proceso, algo que Tributos aseguró que no se haría precisamente para atraer más defraudadores a esta medida. Existe una batalla entre los profesionales y Hacienda sobre la interpretación de las normas que han regido la amnistía y la clave es si estos contribuyentes se incluirán automáticamente en la lista de inspección. En todo caso, los inspectores se resignan a aplicar el criterio de prescripción aplicado en la amnistía, que permite regularizar sin pagar los patrimonios anteriores a 2008.

El director general de Tributos, Diego Martín-Abril, dijo en varias ocasiones durante el roadshow de la amnistía fiscal que no se iba a "hacer sangre" con este tema y que las regularizaciones no pasarían automáticamente a las listas de inspección, según fuentes presentes en esos encuentros. "Esta declaración de intenciones fue decisiva para que muchos defraudadores se animaran a regularizar; si piensas que por hacerlo te van a inspeccionar automáticamente, nadie lo habría hecho", según una de estas fuentes.

Pero las palabras se las lleva el viento y lo que cuenta es lo que está escrito. Y lo que está escrito es un informe que esta Dirección General emitió en junio en el que se dice que "no resulta procedente la comprobación aislada de la declaración tributaria especial por cuanto que la misma, a pesar de tener la naturaleza de declaración tributaria, no se presenta en cumplimiento de una obligación tributaria (en los términos del artículo 19 y siguientes de la Ley General Tributaria), ni tan siquiera de carácter informativo". Ahora bien, añade a continuación "sin perjuicio de que, una vez invocada la misma por el obligado tributario en el curso de un procedimiento de comprobación de una concreta obligación tributaria (concepto y periodo definidos), la Administración tributaria pueda efectuar dicha comprobación al efecto de verificar el ajuste a la realidad de lo en ella manifestado".

Esto significa que la declaración especial (el modelo 750) de la amnistía fiscal no se puede inspeccionar por separado, sino en dentro de una inspección más amplia de las obligaciones del contribuyente. Ahora bien, los inspectores entienden que este informe no es vinculante, puesto que los informes de Tributos no lo son salvo que lo digan expresamente. Y este no lo dice. Por tanto, entienden que no hay ninguna norma que les impida comprobar la veracidad de las declaraciones realizadas en la amnistía fiscal. Hacienda, en cambio, entiende que este informe sí es vinculante para todo el mundo.

Hacienda tiene que demostrar que el contribuyente ha mentido

Sea como fuere, las fuentes consultadas consideran que la batalla no está en el carácter vinculante del informe ni en si se debe inspeccionar esta declaración en un proceso más amplio, sino en si los que han regularizado se incluirán en las listas de inspección o no. La respuesta que dan es que la Agencia Tributaria no va a hacerlo de forma automática, pero sí podrá inspeccionar aquellos casos más llamativos.

Eso no significa que los que sean inspeccionados tengan que demostrar que lo que han consignado en esta declaración es correcto, sino que es Hacienda la que tiene que demostrar que es falso. Esta era una de las grandes preocupaciones de los afectados, porque en muchos casos la documentación que respalda ese dinero negro es muy endeble. "Lo importante no es poder demostrar de dónde viene el dinero ni que está prescrito, sino que Hacienda no pueda demostrar que no es así. Si el que se ha acogido a la amnistía ha dicho la verdad, puede estar tranquilo", explican desde una importante asesoría.

Resignados a aceptar la prescripción

Por otro lado, los inspectores han renunciado a otro de sus objetivos: que los defraudadores paguen el 10% de todo su patrimonio, no sólo del que no ha prescrito. La exención del patrimonio anterior a 2008 -que es lo que ha permitido que se regularicen al menos 20.000 millones sin pagar un euro- también se incluye en el citado informe de junio; y como los inspectores no lo consideran vinculante, planteaban exigirlo. Pero fuentes de este colectivo aseguran que han recibido instrucciones precisas a este respecto, con lo que tendrán que adaptarse a ello. 

De hecho, este colectivo se quejaba de esta laxitud con la prescripción en un comunicado de prensa el lunes pasado: "Una de las razones que explica la reducida recaudación estriba en la generosa interpretación de la Dirección General de Tributos hizo aplicando la institución de la prescripción a esta medida, cuando la propia ley extraordinaria no la regula. Ello provoca que una parte importante de los activos aflorados se hallen prescritos".