Díaz Ferrán cobró bajo manga y en efectivo 8 millones de Ángel de Cabo tras liquidar Marsans

Gerardo Díaz Ferrán negoció junto a su socio, el ya fallecido, (no debería haber coma) Gonzalo Pascual ,  cobrar bajo manga y en secreto ocho millones de euros, cada uno, a razón de 100.000 euros mensuales. Ángel de Cabo debía ordenar ese pago dentro de un plan urdido entre los tres para ocultar todos los bienes de los primeros y así simular una insolvencia para evitar pagar a los acreedores de Viajes Marsans, con quienes tenían una deuda de 45 millones de euros. Sin embargo, Pascual nunca recibió un euro.

Estos datos se desprenden del auto de prisión decretado por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco bajo fianza de 30 millones de euros para Díaz Ferrán y 50 millones de euros para De Cabo, además de otros 30 millones para el actual administrador de  la compañía, Iván Losada,  por los delitos de alzamiento de bienes e insolvencia punible, agravados por ocultación patrimonial de notoria cantidad de dinero, estafa procesal concursal, falsedad documental y blanqueo de capitales.

El plan establecido entre los tres consistía en el traspaso a De Cabo de Marsans y sus derechos, así como el patrimonio personal y familiar del expresidente de la CEOE y su socio, fallecido el pasado mes de junio, en todos los negocios. El objetivo era crear una “aparente insolvencia”, cuando en realidad cada propietario de Marsans debía recibir 100.000 euros mensuales hasta llegar a los ocho millones.

Ese era el pacto, pero, sin embargo, De Cabo, especialista en ‘rescatar’ empresas al borde de la quiebra, no entregó a Pascual ni un solo pago de los estipulados hasta el momento de su fallecimiento. Mejor suerte corrió Díaz Ferrán ,  que sí fue recibiendo las mensualidades acordadas. El modo de pago era acudir personalmente cada dos o tres semanas a la sede de Aszendia en Valencia.

A lo largo de todo 2009, los dos dueños de Marsans vaciaron todas las cuentas y ya en 2010 no tenían prácticamente nada a su nombre. Tanto los bienes patrimoniales de sus empresas como los personales y familiares fueron adquiridos por De Cabo. Este, a quien se ha fijado la fianza más elevada de toda la historia de España, había formado una auténtica organización dedicada a la captación de empresas en dificultades, de las que se aprovecharía para su beneficio personal. En el caso de Marsans, bajo la promesa de solucionar los problemas económicos de la empresa, “desembarcó” con el único propósito de obtener un beneficio personal.

De Cabo, con la ayuda de su mano derecha, Iván Losada, y de su secretaria, Susana Mora, una de sus más estrechas colaboradoras,  y  en libertad tras pagar 3.000 euros de fianza, creó una red de empresas tanto dentro de España como en el extranjero. Su tela de araña se extiende en Chipre, Suiza, Liechestein, Malta y Hong Kong, todos ellos “con jurisdicciones de riesgo”. El funcionamiento de estas fue posible por la labor de sus testaferros.

Jornada maratoniana

La jornada de declaraciones para Díaz Ferrán ha sido maratoniana. Poco antes de las 9 de la mañana era trasladado a la Audiencia Nacional, después de dos noches en el calabozo de las dependencias policiales. Durante su interrogatorio ante el juez Eloy Velasco y el fiscal Daniel Campos, el expropietario de varias compañías como Air Comet, Aerolíneas Argentinas o Spanair negó cada uno de los hechos que se le imputan.

Para empezar, sostiene no mantener ninguna relación con ¿él? (falta el referente de este él. Tras la lectura del artículo se deduce que debe de ser De Cabo, pero no está claro) ,  ni personal ni profesional. Sólo le conoció durante la venta de Marsans y ahí acabaron sus vínculos.

Díaz Ferrán no tiene, según su versión, ninguna cuenta en paraísos fiscales ni bienes en el extranjero, únicamente un apartamento en Nueva York. Eso sí, reconoció que cuando comenzaron sus problemas con la Justicia decidió vender todos sus bienes ante el temor de que fueran embargados, como posteriormente ocurrió. Durante el interrogatorio, cargó gran parte de las responsabilidades a su socio en todos los negocios.

El empresario llegó a la Audiencia abatido, con mal aspecto físico, que no mejoró cuando el juez le informó que debía ir a prisión a menos que pagara 30 millones de euros de fianza. Para el instructor, a pesar de su arraigo en España, todos los delitos que se le imputan “imbuyen un riesgo de fuga y elusión de la acción de la justicia que sólo es conjurable con fianzas económicas”. La fianza es el reflejo del dinero que no ha pagado a sus más de 10.000 acreedores, ni él ni las personas que junto a él “han maquinado operaciones” para lucrarse. De ahí , (la coma es incorrecta) que se hayan fijado las fianzas en función de su participación en la trama urdida para ello entre Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, por una parte, y De Cabo y sus cooperadores necesarios, por otra.

Díaz Ferrán era trasladado de la Audiencia Nacional a los madrileños Juzgados de Plaza de Castilla, donde tenía que declarar como imputado en otra causa junto al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, por un crédito de 26,6 millones de euros que este le concedió. Allí estuvo cerca de siete horas, en las cuales volvió a culpar al fallecido Gonzalo Pascual de todos los negocios turbios. Aseguró ante el instructor que fue este el encargado de renegociar en varias ocasiones tanto la deuda como los intereses, aprovechando que su yerno, Luis Martín Cubillo, era director de la Asesoría Jurídica de la entidad.

En Plaza de Castilla, Díaz Ferrán ya estaba más entero. Se mantuvo firme en todo el interrogatorio e incluso se cambió de ropa y se afeitó en el receso para la hora de la comida. A pesar de que la acusación Manos Limpias solicitaba prisión eludible bajo fianza de 2,6 millones de euros, finalmente sólo decretó la retirada del pasaporte.

Afeitado y con ropa limpia, fue trasladado por la Policía al centro penitenciario de Soto del Real, donde, junto a otros seis imputados, va a pasar sus días hasta que consiga reunir, si puede, los 30 millones de euros.