Pacto de caballeros entre PP y PSOE para evitar el escarnio público de Rodrigo Rato

El Partido Popular ha cerrado filas con el respaldo del grupo parlamentario catalán de CiU y el beneplácito del PSOE para evitar un nuevo escarnio a Rodrigo Rato como presidente que todavía es de Caja Madrid. La institución financiera latente en la estructura de Bankia debería haber convocado a la asamblea general para regularizar su situación jurídica y transformar su naturaleza de entidad de crédito en fundación de carácter especial. Sin embargo, la normativa derivada del rescate bancario permitirá al antiguo vicepresidente económico de Aznar ahorrarse el trago, dejando que sean el Ministerio de Economía y el Banco de España los encargados de rubricar de manera directa el certificado de defunción de la que, en su día, llegó a ser primera marca bancaria de Madrid.

La ley de Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito, publicada en el Boletín Oficial del Estado a finales de la pasada semana, ha reducido finalmente a sólo cinco meses el plazo de tiempo que tienen las cajas de ahorros para convertirse en fundaciones desde que han perdido el control de los bancos surgidos tras los distintos procesos de fusión en el mercado financiero. En el caso de Caja Madrid, el momento concreto a partir del cual empezó a correr ese calendario tuvo lugar a principios de mayo, cuando el nuevo consejo de administración de Bankia, presidido por José Ignacio Goirigolzarri, propuso que el Estado capitalizase las ayudas oficiales concedidas a su accionista mayoritario, el grupo BFA.

La petición suponía en la práctica una nacionalización pura y dura con la consiguiente pérdida de control de Bankia por parte de sus cajas promotoras, incluyendo por supuesto a Caja Madrid. En un primer momento, el plazo previsto para llevar a cabo la metamorfosis de las entidades de crédito a fundaciones había sido estimado en seis meses, lo que podía obligar a la convocatoria urgente a lo largo de este mes de noviembre de una asamblea general para refrendar el preceptivo acuerdo de disolución con el respaldo jurídico del máximo órgano de gobierno de la caja madrileña.

El que evita la ocasión evita el peligro y, por eso, el partido en el poder ha decidido reducir a cinco meses el periodo de transición que va a experimentar el mercado financiero español. De este modo, la entrada en vigor de la normativa destinada a dar cuerpo legal al decreto de la última reforma bancaria se produce una vez que Caja Madrid ha superado los plazos exigidos para convertirse en fundación de carácter especial.

Con estas nuevas condiciones, la transformación de la naturaleza jurídica se efectuará por decisión unilateral del Ministerio de Economía y será el Banco de España el encargado de dar de baja de manera automática a la entidad de crédito que actualmente preside Rodrigo Rato. De acuerdo con el calendario previsto, el regulador emitirá su informe de disolución el próximo día 27 revocando a todos los órganos de gobierno de la entidad. El ajuste fino de la ley, llevado a cabo durante su tramitación en el Senado, otorga a las autoridades bancarias la responsabilidad de designar también una comisión gestora que será la encargada de aprobar los Estatutos de la nueva fundación especial, nombrar el patronato y fijar, en su caso, el régimen de amortización de las cuotas participativas que carezcan de derecho de voto.

Caja Madrid será liquidada antes de que acabe este mes sin necesidad de celebrar una reunión asamblearia con un consejo de administración en el que una buena parte de sus miembros han sido imputados dentro del denominado 'caso Bankia'. La última y esperpéntica junta general que el grupo nacionalizado celebró en Valencia a finales de junio ha pesado como un mal precedente que nadie quiere ahora repetir.

Callada por respuesta ante las preguntas de la acusación particular

Las únicas comparecencias públicas a las que deberán enfrentarse Rodrigo Rato, José Luis Olivas y el resto de encausados tendrán lugar, en definitiva, ante el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andréu. Las citaciones se reanudan precisamente este lunes con la comparecencia de Mercedes de la Merced, exconcejal del PP en la etapa del alcalde José María Álvarez del Manzano, y con el vocal de Caja Ávila, Agustín González.

Como ya ha ocurrido en las anteriores declaraciones judiciales, los abogados de todos los imputados han decidido que sus clientes sólo contesten a las preguntas del juez y del fiscal haciendo caso omiso de las interpelaciones de la acusación particular. El objetivo es impedir que el juicio se convierta en un espectáculo mediático a beneficio de inventario político y con el consiguiente escándalo público. Una razón similar a la que ha inspirado también la nueva disposición normativa para que Caja Madrid pase a mejor vida sin hacerse el harakiri en una asamblea general que, con el actual panorama, podría acabar como el rosario de la aurora.