Escándalo en Cataluña: de primera exportadora española a desaparecer

El juzgado número 4 de Gerona ha imputado al administrador concursal de Cárnicas Vilaró, la mayor exportadora de carne porcina de España, por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, estafa, administración fraudulenta, trafico de influencias y uso de información privilegiada. Además, ha sido retirado del proceso de concurso.

Es el primer administrador concursal que es retirado judicialmente de un proceso en Cataluña y el tercero en España. Esta multinacional pasó de ser una compañía boyante hace tres años a entrar en liquidación hace sólo dos meses. En 2009, ante el cierre del grifo de los créditos bancarios, la empresa comenzó a tener problemas de liquidez, por lo que en marzo de 2010 decidió presentar concurso de acreedores con un activo de 125 millones de euros y un pasivo de alrededor de 100 millones.

En esa época, empleaba a más de 400 trabajadores y controlaba tres mataderos, en los que sacrificaba 1.600 cerdos diarios. Su volumen de facturación se situaba en unos 100 millones de euros anuales, cifra que mantuvo hasta el último ejercicio.

Pero nada más presentar el concurso, comenzaron los verdaderos problemas. Cesce, compañía de seguros de impagados con mayoría de capital público, impuso al administrador concursal, Luis Velasco Massip, y rechazó desde el principio el convenio de acreedores. “Resulta incoherente que una empresa de capital público rechace un convenio al que incluso las administraciones apoyaban, y máxime cuando ella misma nombra administrador concursal y se cambia al cuadro directivo que había habido hasta el momento”, señala a El Confidencial Iñaki Frade, del despacho Frade Gobeo, que ha defendido los intereses de Cárnicas Vilaró en todo el proceso.

Porque no deja de ser extraño que mientras la Generalitat de Cataluña, la Agencia Tributaria y la Tesorería de la Seguridad Social se adhirieron a la propuesta de convenio, Cesce lo rechazase. La excusa para ello fue que esta empresa era el principal acreedor, con 8 millones de euros, y que no se fiaba de la dirección de la empresa. A ello contribuyó que el concurso se presentase con una propuesta anticipada de convenio con 9 millones de euros de circulante. Para el principal acreedor, ese dinero podía deberse a la acumulación de stocks, cuando en realidad correspondía a deudas de los clientes que no habían sido cobradas todavía.

Durante los dos últimos años y medio, sin embargo, la situación no se clarificó. O, al menos, no dejaron que se clarificase los nuevos administradores. En el momento de entrar en concurso, Cárnicas Vilaró y su filial Matadero Salida 13, tenían encima de la mesa una opción de compra, aunque estaba vinculada a que se aprobase el convenio. El pasado 28 de junio, Cesce y tres entidades bancarias no se presentaron a la reunión de la junta de acreedores donde debería aprobarse dicho convenio y un plan de viabilidad, por lo que no hubo quorum suficiente. Y no hubo más remedio que ir a la liquidación, con el despido de los más de 150 empleados que todavía le quedaban a la sociedad.

La venta, evidentemente, también se frustró. De momento, sin embargo, todavía existe alguna posibilidad de que la filial Matadero Salida 13, que emplea a unos 65 trabajadores, pueda firmar un convenio de acreedores que le permita seguir subsistiendo.

Las deudas, controladas

“Cesce siempre nos manifestó que no aceptaba el convenio porque no creía en el negocio. Que lo había estudiado y no era plausible. Nosotros no pedíamos dinero ni línea de crédito, es decir, Cesce no había de realizar ninguna inversión extra. Pero ni aún así accedió a firmar el convenio y comunicó que daba por perdido el crédito”, señala a este diario Daniel Noguera, director general de Cárnicas Vilaró.

La situación se vuelve más extraña si se tiene en cuenta que, en estos dos años y medio, Cárnicas Vilaró siguió facturando unos 100 millones de euros al año, el 80% de los mismos correspondientes a exportación, y, además, no generó nueva deuda, sino que pagó puntualmente no sólo los salarios, sino los impuestos y las cuotas a la Seguridad Social. “Empresarialmente, no le veo ningún sentido a esa actitud. Es muy cuestionable”, subraya Noguera.

Lo curioso, sin embargo, es que comenzaron a realizarse maniobras para evitar que la empresa fuera vendida y hubo contactos del administrador concursal con otros empresarios que podrían estar interesados en adquirir la multinacional. A finales de 2011, las maniobras oscuras de Velasco fueron denunciadas en el juzgado, que es quien finalmente le ha imputado. “Lo que queremos es conocer si se intentó beneficiar a determinados empresarios, ya que la operación de venta no pudo llegar a materializarse. De lo que no nos cabe duda es de que Cárnicas Vilaró ha salido gravemente perjudicada”, explica Iñaki Frade.

Este economista subraya que “las demás administraciones se mostraron dispuestas a salvar la compañía renunciando incluso a sus derechos preferentes de cobro con muy buen criterio. Porque un trabajador en la calle le cuesta al Estado 18.000 euros anuales, a los que hay que añadir lo que deja de ingresar por IRPF y la Seguridad Social”.

El comité de empresa de Cárnicas Vilaró remitió una carta al consejero delegado de Cesce, Álvaro de Bustamante, el pasado mes de junio donde le mostraban su “incredulidad” por la actitud de la compañía “sin causa que lo justifique”, ya que el perjudicado por el cierre no sería sólo esa compañía acreedora, sino el Estado y, especialmente, los propios trabajadores. Ahora,sin embargo, serán los jueces los que deberán decidir las responsabilidades penales del administrador concursal y determinar si recibía órdenes de alguien para beneficiar a terceros. Sin embargo, la dirección de la compañía se reserva también la posibilidad de ejercer una acción de responsabilidad después de que en dos años hubiese pasado de ser la primera exportadora española a desaparecer.