El fiscal lleva a los Carulla a la Audiencia tras ser exonerados por un juzgado

La Fiscalía de Barcelona no está dispuesta a dejar que los hermanos Jordi, Lluís, Artur, María, Aurelia y Montserrat Carulla, propietarios de la multinacional Agrolimen, queden impunes. Desde finales del 2010, la tradicional familia catalana era investigada por una supuesta evasión de impuestos, al haber realizado diversas operaciones de compra-venta de acciones entre empresas de su holding familiar sin que hubiesen pagado tributos a través del IRPF. El pasado 20 de octubre, un juez de Barcelona archivó el caso, a pesar de que los informes de Hacienda apuntaban a que habían dejado de tributar por 61 millones de euros.

Ante el archivo de las diligencias, la Fiscalía ha decidido acudir a la Audiencia Provincial de Barcelona. “El auto que ahora impugnamos adolece de una verdadera y propia narración de los hechos”, dice el escrito del fiscal. Y detalla que “la conducta que se tilda de delictiva consistió en un reparto de dividendos desde la sociedad Arborinvest por importe de 61.500.000 euros, que acabaron aterrizando en los patrimonios respectivos de los imputados sin tributar en sus respectivos impuestos sobre la renta y patrimonio del año 2006”.

La familia Carulla había tejido en los últimos años una intrincada red de compañías por medio mundo, con ramificaciones en paraísos fiscales. Entre otras firmas, controlaban Corporación Agrolimen, Arborinvest,Merimare (Holanda), Forclit BV (Holanda) y PASA. En el relato de los hechos, el fiscal denuncia que el 7 de julio del 2006 los Carulla envían a Holanda 61,5 millones de euros desde las cuentas de Arborinvest. Con ese dinero, Arborinvest compra el paquete de sus propias acciones que estaba en poder de Merimare, también controlada por los Carulla.

Pero entonces, según el fiscal, “se sucedieron una serie de negocios jurídicos dirigidos a dar una apariencia de pulcritud fiscal a la percepción de las sumas por parte de los imputados y a poder disfrutar de las mismas en España”. Para ello, realizaron diversas operaciones. En primer lugar, el 6 de octubre del 2006, cinco de los hermanos vendieron sus acciones de Arborinvest a Corporación Agrolimen, percibiendo 11.542.500 euros. El 23 de noviembre, Corporación Agrolimen transfirió 13,7 millones de euros a Holanda, con los que compró a la sociedad Forclit BV su paquete de acciones en PASA. Y el 14 de marzo del 2007, Corporación Agrolimen compró de nuevo acciones de Arborinvest, por valor de 39.358.500 euros, a los seis hermanos, que las vendieron a través de sus empresas patrimoniales. Un largo periplo para nada, ya que el dinero no se movió de las mismas manos.

Operaciones ficticias

Tras todo ese recorrido del dinero, el fiscal concluye que “no ha existido ninguna alteración accionarial sustantiva o relevante. Los imputados siguen siendo dueños de los mismos activos que tenían antes de la realización de todas esas operaciones y, exactamente, en las mismas proporciones. Sin embargo, han percibido 51 millones de euros en España y 13,7 millones en Holanda, resultando esta suma prácticamente coincidente con la que se extrajo de Arborinvest”. Para el Ministerio público, los diferentes contratos que se realizaron no tenían otra finalidad que “ocultar una operación dirigida a percibir de manera subrepticia el dividendo”. Y destaca que Arborinvest realizó la primera operación sacando el dinero de sus propias reservas. ”En definitiva, es en ese momento cuando se produce el reparto del dividendo, reparto que se encubre bajo la fórmula de la venta accionarial antes dicha”.

Destaca también el fiscal que la sociedad Merimare es, en realidad “una sociedad holding, esto es, que no tiene otra función en el grupo que la de ser depositaria de acciones o participaciones, sin que mantenga ninguna actividad económica “real” y que, al estar domiciliada en Holanda oscurecía notoriamente la operación en caso de que el fisco español hubiese tenido posibilidad de escrutarla”. Merimare, por si fuera poco, es propiedad 100% de Makuri NV, domiciliada en las Antillas Holandesas; y ésta, a su vez, pertenece a Belcost SA, con domicilio en Belice; y ésta es propiedad 100% de Copral Invercost SA, con domicilio en Costa Rica.

El fiscal llama la atención sobre el hecho de que “Merimare sólo tiene el dinero en su poder por siete días, el tiempo que se tarda en preparar la ampliación de capital de Corporación Agrolimen, lo cual nos lleva a preguntarnos: Si el dinero de Arborinvest (sociedad española) aparece a los siete días en Coporación Agrolimen (sociedad española) y los dueños de una y otra son las mismas personas, también de nacionalidad española, ¿qué sentido tiene involucrar a una sociedad holandesa que a su vez es filial de una antillana, que a su vez es filial de una beliceña, y ésta a su vez es filial de una costarricence, pero cuyos dueños últimos son los mismos que los de las sociedades españolas? La respuesta, a nuestro juicio, resulta obvia: evitar la aplicación del derecho español y, más concretamente, su legislación tributaria”.

Según la acusación pública, de haber repartido dividendos, la cuota en el IRPFde cada uno de los hermanos se habría incrementado en algo más de 400.000 euros cada uno, excepto en el caso de Jordi Carulla, que hubiese tenido un incremento de más de 900.000 euros, “a lo que hay que añadir las retenciones que hubiera debido aplicar Arborinvest, todo lo cual nos conduce a que el coste fiscal evitado por la operación, al menos provisionalmente, superaría la suma de 3,5 millones de euros”.