Hacienda encarga a la SEPI un nuevo presidente para Enagás

Antonio Llardén tiene difícil llegar a Navidad como presidente de Enagás. Casi un año después de la llega del Partido Popular al poder, el equipo de Mariano Rajoy ha mostrado poco interés por realizar cambios importantes en muchas de las cúpulas de compañías donde el Estado es accionista y que operan en régimen de monopolio a pesar de su carácter privado. Sin embargo, ese desinterés tiene los días contados, según fuentes gubernamentales, y sobre todo en el operador de la red gasista del país, para cuyo sillón de mando busca candidato la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

El detonante que ha precipitado la caducidad de Antonio Llardén como presidente tiene que ver con una reciente decisión. El pasado mes de septiembre, Enagás anunció la incorporación de Marcelino Oreja Arburua como nuevo consejero delegado, un puesto de nueva creación que nadie esperaba, ni los accionistas de referencia (BBK, Liberbank, Oman Oil…) ni la SEPI como socio de referencia. De hecho, el consejo de administración que aprobó el nombramiento no estaba informado del plan ni formaba parte del orden del día previsto, lo que no impidió que saliera adelante la propuesta.

Tanto por el perfil del candidato, que fue nombrado por el Gobierno del PP como presidente de FEVE, ni por la magnitud de la decisión, crear un nuevo alto cargo en la estructura de una compañía de la órbita pública, los socios entendieron que la propuesta de Llardén contaba con el beneplácito de la SEPI. Nada más lejos de la realidad, como aseguran fuentes oficiales. Ni el holding público, ni el ministerio de Hacienda, último responsable, estaban al corriente de la decisión. Y mucho menos el Palacio de La Moncloa, donde las prioridades de la agenda política son otras muy distintas y más importantes.

La llegada de a la cúpula de Enagás de Oreja Arburua, hijo del exministro de UCD y exeuroparlamentario popular Marcelino Oreja, se resolvió entre el propio Llardén y el ministro de Industria, José Manuel Soria, de cuya cartera depende regulatoriamente el gestor de la red gasista. Nadie más estuvo al corriente. Por este motivo, el ministerio de Hacienda ha puesto la proa al todavía presidente de la compañía, ya que además de sentirse desautorizado ha interpretado esta maniobra como un intento de mantenerse en el cargo incorporando a un consejero delegado con aval gubernamental.

Hasta la fecha, el pasado de Llardén con la Administración del PSOE, fue subsecretario de Obras Públicas con el ministro socialista catalán Josep Borrel, no había sido un obstáculo para su remoción en el cargo. Presidente de Enagás desde 2007, cargo al que accedió por designación del también ministro socialista catalán José Montilla, su bagaje profesional en la industria energética (Sedigas, Gas Natural, Caixa Catalunya, Universidad de Barcelona…) avalaba su solvencia para continuar al frente de la compañía, por cuyo trabajo se embolsó en 2011 la cantidad de 1,7 millones de euros.  

Hacienda pretende repetir el patrón seguido con REE, la única empresa de órbita semipública en la que ha habido cambios tras la llegada del nuevo Gobierno. En ese caso, el elegido como presidente, cargo remunerado con  menos de un millón de euros, fue José Folgado, exsecretario de Estado de Energía con el PP, un perfil de candidato muy similar al que la SEPI busca ahora para relevar a Llardén al frente de Enagás, cuyo mandato no expira hasta 2014. Su intento de blindaje con el fichaje de Marcelino Oreja no ha hecho más que precipitar los futuros acontecimientos.