Agricultura carga contra la hegemonía comercial del modelo 'marca blanca'

Arias Cañete tiene listo su proyecto legislativo estrella. El ministro de Agricultura espera que en la menor brevedad posible -está previsto que sea hoy viernes- el consejo de ministros apruebe en primera lectura el Proyecto de Ley para la Mejora de la Cadena Alimentaria. La incertidumbre generada en los sectores industriales afectados, que incumbe a productores, fabricantes y distribuidores, no ha servido para demorar la propuesta, que ya pasó semanas atrás por la comisión delegada del Gobierno, órgano encargado de deliberar sobre asuntos de índole económica que afectan a varios ministerios, según fuentes informadas de la tramitación.

La creación del nuevo marco normativo pretende "mejorar la vertebración y el funcionamiento de la cadena alimentaria, aumentando la eficacia y competitividad del sector agroalimentario", así como "conseguir un mayor equilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor". Bajo estas dos ideas base, la reforma impulsada por Cañete pretende revertir la hegemonía comercial alcanzada por las grandes firmas de distribución en la cadena de la industria agroalimentaria, que gracias al auge de los productos de marca blanca ha provocado una concentración en el canal de venta que ha tensionado al resto de la cadena. 

Para atajar esta situación, Arias Cañete ha desarrollado un Código de Buenas Prácticas según el cual se establecerán los principios de las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena de valor agroalimentaria. Aunque su finalidad es "conseguir que estas relaciones comerciales se fundamenten en principios tales como la transparencia, la claridad, la concreción y la sencillez en el intercambio de información, el interés mutuo, la equidad, la responsabilidad, el compromiso, la confianza y la buena fe contractual", los distintos sectores afectados han trasladado su preocupación por las posibles consecuencias que puede provocar este cambio normativo.

En principio, Agricultura tiene en el punto de mira a los principales operadores del sector de la distribución, asociados en torno a la patronal de grandes superficies ANGED (Carrefour, El Corte Inglés, Alcampo, Eroski…) y a la de medianos y pequeños supermercados ASEDAS (Mercadona, Dinosol, Grupo IFA, El Arbol…). Sobre la base de un informe de 2011 elaborado por la Comisión Nacional de Competencia (CNC), el ministerio ha hecho suyas algunas de las conclusiones, entre las que se advertía del incremento de la concentración en los mercados de aprovisionamiento y distribución alimentaria, en el que sólo cuatro operadores controlan más del 60% canal de venta.

Según el informe de la CNC, el éxito del formato supermercado es una tendencia que "ha favorecido la implantación de un modelo de distribución minorista basado más en la proximidad al consumidor y menos en la competencia en precios, variedad y calidad de productos en los lineales, lo que a su vez ha contribuido a fomentar un mayor desarrollo por los distribuidores de sus marcas blancas". Este fenómeno, potenciado comercialmente por los propios distribuidores al trasladar a los precios parte de los descuentos obtenidos en su aprovisionamiento, ha hecho que la marca del distribuidor alcance en la actualidad cuotas de consumo próximas al 40%.

Situación de embudo

El penúltimo problema derivado por esta situación lo han enarbolado los productores lácteos, atomizados y repartidos en cooperativas, cuyos costes de producción han llegado a ser superiores al precio de venta de la leche a los fabricantes, que se han negado a trasladar las subidas del precio en origen al producto que luego venden a los grandes distribuidores. La competencia de precios abierta por el modelo de marca blanca y el uso de la leche como producto gancho para la cesta de la compra han provocado un colapso de la cadena en su base. Y como la leche, otros muchos productores llaman a la puerta del ministerio de Agricultura para reclamar una solución a su crisis.

Antes de llegar a esta situación crítica, la bandera de la lucha contra los grandes distribuidores y sus marcas blancas ha sido asunto exclusivo de los grandes fabricantes (Unilever, Nestle, Danone…) y productores, afectados también por la crisis en el consumo y el auge de la marca blanca, que a través del lobby Promarca y de la patronal FIAB han trasladado parte de los mensajes aceptados por la CNC y Agricultura, que apuntan al riesgo que a medio y largo plazo puede representar el poder de negociación acaparado por los distribuidores, hasta poder ser abusivo. El ministerio pretende abordar ese desajuste de fuerzas, más palmario entre los productores por su grado de atomización.

Por este motivo, la nueva ley pretende que en "determinadas circunstancias la existencia de contratos escritos entre las partes pueda ser obligatoria, garantizando una constancia escrita de las transacciones entre los distintos operadores de un determinado sector, regulando las infracciones y sanciones relativas al incumplimiento de este precepto". Parte de la polémica radica en la creación de una figura de arbitraje, a determinar por Agricultura, en caso de desacuerdo entre las partes, lo que de facto otorgaría a la Administración un control sobre las relaciones comerciales entre los agentes, eliminando así la vigencia del derecho mercantil y el acceso a la tutela judicial.