La gran industria alerta al Gobierno del cierre masivo de fábricas por culpa del 'tasazo eléctrico'

Los principales sectores industriales del país han decidido aunar fuerzas para plantar cara al Gobierno. La reciente reforma del sector energético aprobada hace dos semanas por el consejo de ministros, cuyo contenido fundamental es un controvertido programa de impuestos, ha levantado en armas a buena parte del tejido manufacturero del país, afectado por vía doble, tanto en su condición de gran consumidor de energía como por su condición de productor, precisamente para autoconsumo, a través de las plantas de cogeneración.

Según el programa de actuación acordado, está previsto que mañana viernes un total de 15 sectores industriales hagan público un manifiesto en el que detallarán las consecuencias nefastas que, en su opinión, provocará el impuesto lineal aplicado a la generación eléctrica y a su vez pedirán que se modifique la ley en el trámite parlamentario. Esta demanda pública al Gobierno se fraguó el pasado martes por la mañana en la sede de CEOE, donde se reunieron representantes de la siderometalurgia, el cobre, el automóvil, la alimentación, las papeleras, la química y la ladrillera.   

Todos estos sectores (más de 900 industrias) se benefician de la contención de costes que proporciona su adscripción a plantas de cogeneración, sujetas al régimen especial. Sin embargo, la última reforma las pone en peligro. Según el texto que tramitará el Congreso, la cogeneración no sólo tendrá que afrontar la tasa lineal del 6% que toca a todas las tecnologías. También debe abonar un 7% adicional por el céntimo verde que encarecerá el gas natural. Un planteamiento que drena dramáticamente la tasa de retorno (TIR) del 7,5% que les reconoce el Real Decreto 661/2007. “Si a un TIR del 7,5% le metes un 4% puedes vivir. Si le metes un 13%...”, asegura el presidente de Acogen, José Manuel Collados, que se las prometía muy feliz con el primer borrador filtrado por el Ministerio de Industria, que dejaba el impuesto a las renovables en el 4%.

Pérdida de competitividad

La presión sobre la cogeneración es inquietante en tanto su debacle no supone sólo el cierre de las plantas. También lo hacen las industrias que vienen detrás. Y éstas no pueden asumir la clausura de las instalaciones y negociar contratos con las eléctricas “un 20% más caros”. Según Carlos Reinoso, director general de Aspapel, “es un sobrecoste que nos saca del mercado. La industria no puede afrontar ir a la red”. Con un problema añadido de empleo. “Claro, el problema es lo que hay detrás. Una central de cogeneración puede cerrar y perderse sólo entre cinco y ocho empleos. El problema es que esa central abastece una industria donde trabajan 300…”, remacha. De los 2,5 millones de empleos industriales, 1,4 están ligados a la cogeneración.

La energía supone una parte importante de los costes en la industria manufacturera. Y la cogeneración -en tanto combina la energía eléctrica y térmica (vapor y/o calor)- los rebaja en hasta un 30%, lo que permite a las empresas ser más competitivas. Sin embargo, el Ejecutivo estrangula desde hace meses las ventajas de que gozaban las plantas. Para empezar, el Real Decreto 1/2012 suponía un ajuste del 50% de las primas para las plantas que cumplieran 15 años de operación. El 38% de la potencia del sector (2.372 megavatios y 505 instalaciones) lo hacía este año y en tres años años lo hará un 35% adicional. Un primer ajuste que el sector calcula en 233 millones en 2012 y 448 en 2015.

El segundo gran recorte viene por las tasas aprobadas hace apenas días, que supondrán al sector más de 400 millones al año, según los cálculos de Acogen. Y todos señalan un culpable: el secretario de Estado de Hacienda, que se habría plegado a los intereses de las grandes eléctricas. “Es verdad que también se les ha impuesto un canon, pero ellas tienen la posibilidad de repercutirlo. Y lo van a hacer”, expone Collados. La cogeneración genera el 12% de toda la electricidad que necesita España y utiliza el 20% del consumo total de gas natural, dependencia que genera otro frente.

Revisión en el trámite parlamentario

El Ejecutivo ha apuntado que está abierto a cualquier posible mejora del anteproyecto de ley de reforma energética, pero ha dejado claro que en todo caso mantendrá su filosofía. Así lo aseguró recientemente el ministro de Industria, José Manuel Soria. “El Gobierno siempre está abierto a que cualquier tipo de propuesta sea”, aseguró el ministro. “Ahora bien, la filosofía de este proyecto de ley está muy clara, y la filosofía no es otra que el hecho de disponer en España de un sistema energético que sea, entre otras cosas, sostenible”, zanja. Un planteamiento que dificulta cualquier modificación del texto legislativo. “Nosotros hemos sido el fondo del saco”, expone amargamente Collados.

Los números cantan. Sectores como el azulejero sufrirán un aumento de 30 millones en la factura energética, cifra que se come todos sus beneficios del año 2010, que ascendieron a 32 millones. “La industria del azulejo ha sobrevivido al impacto de la crisis en la construcción gracias a su capacidad exportadora. Sin embargo, el peso de la factura eléctrica en su coste de producción alcanza el 20% y este impuestazo puede poner en serio riesgo la competitividad del producto en el mercado nacional e internacional”, explican fuentes del sector.

“Llevará al cierre del 30% de la industria con efecto inmediato, con fecha 1 de enero, cuando se pretende que entre en vigor la reforma. Hasta un 60% podría echar el cierre en los próximos tres años”, asegura sin ambages el director general de la patronal (Acogen), Javier Rodríguez. Pero incluso en términos más amplios, España puede llegar a perder atractivo para la permanencia o la atracción de nuevas inversiones de empresas multinacionales de sectores intensivos en consumo de energía.