El Gobierno dedica al comercio exterior el mismo dinero que hace 25 años

Veinte años no son nada para el Instituto Español de Comercio Exterior (Icex), presunto referente en la promoción de las exportaciones y la Marca España. Según consta en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, el organismo recibirá el año próximo 83 millones de euros. Hay que remontarse a las cuentas públicas del año 1987 para encontrar una dotación tan baja. Ese año, con un país recién incorporado a la actual Unión Europea y con la moneda única lejos de fraguar, el Ejecutivo dotó al Instituto Nacional de Fomento de la Exportación, su embrión, con 10.290.969 pesetas (unos 62 millones de euros). Esas son las dramáticas estrecheces que vive hoy la economía española.

Todo a pesar de que el Ministerio de Economía, departamento al que el Icex está adscrito, ha hecho bandera de la necesidad de que España cambie su modelo de crecimiento, con las exportaciones como piedra angular. Es más, el sector exterior es de las pocas luces que alumbran en horizonte macroeconómico. Por ejemplo y como publicó El Confidencial, las ventas a Alemania crecieron el 8,7% en los primeros siete meses del año, desinflándose un 52,7% el tradicional superávit comercial del país germano hacia España. Una vía que, sin embargo, el Gobierno no parece tener fondos para promover de forma decidida ante la obligación de reducir el déficit público como objetivo número uno.

De hecho, el Icex ha sufrido toda una sangría de fondos desde que comenzó la crisis. No en vano en 2008 disponía de 264,71 millones de euros, el triple que el próximo ejercicio. La senda de caída se acentuó especialmente entre los años 2010 y 2011, cuando el organismo pasó de 241,37 millones a apenas 135. Desde 2004 no bajaba de los 200 millones de euros, después de moverse en los noventa en torno a los 20.000 millones de pesetas, para cerrar la década en 28.541 millones (en torno a 170 millones de euros).

En paralelo a esta debacle, el Gobierno socialista modificaba la naturaleza jurídica de la institución para convertirla en un ente público empresarial. El entonces vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, explicó que la reforma buscaba mejorar la capacidad financiera y de gestión del organismo. En román paladino, se trataba de dotar al Icex de capacidad para generar ingresos, en parte para poder autofinanciarse ante el progresivo recorte de su presupuesto. En esta línea, se le concedían herramientas para obtener patrocinios, vender servicios –incluyendo incluso trabajos personalizados a las empresas- e incluso recortar gastos mediante el “intercambio en especies”, impartiendo, por ejemplo, cursos de formación.

El presidente del Icex allá por 2010, Ángel Martín Acebes, ya anticipaba un futuro incierto. “Nuestro presupuesto entra en una fase restrictiva que durará varios años y que va a tener consecuencias directas en la actividad que desarrollamos día a día”, apuntaba en una carta a su cúpula directiva. Con la plantilla también en el punto de mira. “Tendremos que encontrar la mejor manera para distribuir los recursos con que contamos, tanto presupuestarios como humanos y de experiencia y conocimiento (…),  que será necesario reasignar según las prioridades”, revelaba el máximo responsable de la institución. Entonces se apuntaba que el gasto corriente de la institución rondaba los 40 millones de euros.

Guerra con las Cámaras

Este cambio de modelo se ve igualmente afectado por la Ley de Cámaras que prepara el Gobierno y que debería estar lista antes de final de año. Según aseguró recientemente el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, la nueva norma incluirá una disposición por la que las direcciones territoriales del Icex se integrarán en las Cámaras de  Comercio. Lo que no dijo el ex secretario general de Faes es que sobre la mesa está la asignación presupuestaria para financiar esas direcciones generales, fondos que perdería el Icex y que anhelan las Cámaras para compensar la pérdida del recurso cameral. “Simplemente se van a trasladar recursos para mantener instancias que no sirven para nada, ni en un sitio ni en otro”, explican fuentes conocedoras de las negociaciones para alumbrar la ley.

El Icex no es el único referente de la Marca España obligado a gestionar la miseria. Como publicó ayer este diario, el Instituto Cervantes no sólo tendrá que cerrar centros para cuadrar sus cuentas, sino que se verá obligado a alquilar parte de sus inmuebles para hacer caja e incluso mudarse a otros más modestos en enclaves como Londres. El organismo dispondrá de 83,77 millones en 2013, un 14% menos. En este escenario, el departamento de García Margallo reconoce en sus programas de gasto para el año próximo que el Instituto tendrá que manejarse con menos publicidad, acometer una importante revisión de los gastos y paralizar proyectos.