Las entidades seguirán gestionando los activos que transfieran al 'banco malo'

Las entidades financieras que transfieran sus activos al 'banco malo' seguirán manteniendo una estrecha vinculación con ellos. El volumen de bienes inmuebles previsto que pasará a formar parte de la sociedad de gestión es tan elevado que la tarea de administración necesitará la colaboración de todos los bancos que se adhieran al programa de rescate. Según las conclusiones de la consultora Alvarez & Marsal, asesor principal contratado por el ministerio de Economía, el proceso de liquidación ordenada que requiere el saneamiento del sistema financiero resultará inabarcable para el FROB, la entidad pública que tutela el proceso, por lo que la colaboración de los propios rescatados es imprescindible.

En principio, la idea inicial del ministerio de Economía es subcontratar esa tarea a profesionales del sector, pero desde el gabinete del ministro Luis de Guindos son conscientes también de que será necesaria la participación de las propias entidades financieras que se adhieran al 'banco malo', como han trasladado desde Alvarez & Marsal, Cuatrecasas, PwC y Nomura (encargados del diseño de la sociedad de gestión de activos) a todos los que se interesan por participar en el proceso. La idea inicial pasa por vender los activos lo más rápidamente posible, aunque sea a costa de sufrir pequeñas pérdidas iniciales que se recuperarán a lo largo de la vida del vehículo, como ha ocurrido en Irlanda.

Esta tesis es contraria, como ya informó este diario hace unos días, a la defendida por el ministerio de Hacienda. El equipo del ministro Cristóbal Montoro es partidario de crear un nuevo cuerpo de funcionarios encargado de vender los activos, una decisión que rechazan el resto de partes implicadas en el proceso por la rigidez y burocracia que puede introducir en la liquidación de activos que realice el 'banco malo'. Su idea es tener un mayor control público sobre la gestión de una base de activos tan amplia como la prevista -se habla de unos 130.000 millones brutos- y evitar el caos que se puede organizar si se concede el mandato de venta a un número muy elevado de firmas.

De momento, los promotores inmobiliarios y los grandes brokers ya se han postulado para participar en el proceso. Su capacidad de acceso al mercado internacional de inversores y su fuerza de venta son las dos bazas que han puesto sobre la mesa para reivindicar su condición de intermediarios imprescindibles. Aún así, no será suficiente, puesto que los diseñadores del 'banco malo' están convencidos de la necesidad de que las propias entidades participen en la gestión y venta de los inmuebles que transfieran, tanto los suyos como los del resto de entidades rescatadas. En teoría, nadie mejor que ellas conocen estos activos y el mercado potencial para los mismos.

Resuelto este punto, falta por conocerse a qué precio transferirán las entidades sus activos al banco malo. En principio, Economía es consciente de la necesidad de aplicar fuertes descuentos para atraer a inversores privados, de manera que éstos superen el 50% del capital, punto necesario para que la deuda del banco malo no compute como pública. Sin embargo, Economía impondrá una rebaja sobre el valor en libros equivalente al nivel del provisiones impuesto a las entidades por tipología de activos, de manera que no suponga un esfuerzo de capital extra al previsto. No obstante, todavía no se ha definido exactamente el descuento final que tendrá que aplicarse. 

Respecto a los activos que se van a incluir, sólo está claro que los bancos que reciban ayudas -los únicos que estarán obligados a participar en esta sociedad- tendrán que traspasar los inmuebles adjudicados. Todo el mundo da por hecho que también se incluirán los créditos a promotores morosos y subestándar (los otros activos calificados como "tóxicos"). Otras fuentes aseguran que el planteamiento final puede ser mucho más ambicioso e incluir también créditos promotor teóricamente 'sanos' (refinanciados, pero potencialmente fallidos), créditos a pymes o hipotecarios en situación de mora y hasta participaciones en el capital de empresas inmobiliarias.