Desconcierto en la cúpula del PP por la imputación de Ángel Acebes

El Gobierno, al margen de apelar al principio de la presunción de inocencia, guarda silencio oficial sobre la decisión del juez de imputar a Rodrigo Rato y a casi todo el Consejo de Administración de Bankia, pero en el PP reina el desconcierto ante la apertura de la vía judicial contra sus antiguos dirigentes, en especial contra Ángel Acebes. El magistrado Fernando Andreu admite la querella de UPyD centrada en los posibles delitos cometido en los preparativos y la salida a bolsa de la entidad (el 20 de julio del pasado año), cuando el exsecretario general del PP todavía era diputado por Ávila. Acebes no entró en el Consejo de Administración de Bankia hasta la semana siguiente (27 de julio) y empezó a trabajar de forma efectiva en septiembre, para causar baja voluntaria en abril de este año.

El caso del exministro del Interior es uno de los misterios de la decisión de juez. Acebes no estuvo en la gestión de la salida a bolsa ni en la crisis final de la entidad por el lío de las auditorias. El socialista José María de la Riva entró en el Consejo de Administración en la misma fecha que el exdirigente del PP y también ha sido imputado. Por el contrario, el exministro de la Presidencia con el PSOE Virgilio Zapatero, en el grupo desde antes de las fusiones (Caja Madrid), se ha quedado fuera de la lista de Andreu.

En el PP provoca desconcierto que el juez haga tabla rasa previa con todos los imputados, pero sobre todo por el papel de Acebes, menos de nueve meses en el consejo de administración: el periodo que transcurre entre que renunció al escaño el pasado verano y abril, cuando entra el Iberdrola.  “Es increíble que le imputen”, repetían ayer veteranos diputados del PP al comentar la situación en que queda el exsecretario general del partido por haber estado durante tan breve espacio de tiempo como miembro de un Consejo de Administración justo en la etapa en que ya estaban tomadas todas las decisiones clave que ahora dan pie a la actuación de la Justicia.

La consigna es no entrar a fondo en el asunto

Aunque en las filas del PP se ha impuesto la consigna de no entrar en el fondo del asunto, también apuntaban en los citados medios que, al final, puede ser muy difícil para el juez achacar responsabilidades penales a los miembros de un consejo de administración (otra cosa son los gestores) que aprobaban decisiones con datos a su vez avalados o supervisados por órganos de control como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una cosa es la mala gestión y otra el dolo. Los cuatro posibles delitos citados por el juez son muy concretos: falsedad en cuentas y balances, administración desleal o fraudulenta, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.

En el PP dudan que la querella prospere , pero reconocen que el daño para los imputados puede ser irreparable aunque al final resulten inocentes, e incluso se constate que ni siquiera estaban en las decisiones sobre la salida a bolsa como ocurre en los casos de Acebes o De la Riva.

El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, fue el único miembro del Gobierno que habló claramente del asunto al manifestar sus “reservas” sobre el modo de llevar la querella por el juez y recordar que UPyD tiene sus particulares intereses en el caso. Arias mostró su extrañeza porque el juez no haya procesado primero “toda la información técnica que la Fiscalía puso a su disposición”. También insistió en que hay muchas personas entre los imputados que son “absolutamente honorables” y en que no le gustaba, como jurista, “una citación indiscriminada a muchos miembros del consejo sin ver el grado de responsabilidad”.