Condena millonaria contra la industria láctea por superar la cuota de Bruselas

Casi diez años después de que saliera a la luz, el fraude masivo cometido por la industria láctea para producir por encima de las cuotas asignadas por Bruselas llegará a su punto y final este martes. La Audiencia Nacional hará pública la sentencia por la que condena a la mayoría de productores y envasadores del país a una multa millonaria que compense las sanciones a las que tuvo que hacer frente el Estado español por el fraude generalizado del sector.

Todo se remonta a finales de la década de los 90 y principios de siglo. En 2001, los servicios del comisario europeo de Agricultura pusieron en manos de la Oficina comunitaria de Lucha Contra el Fraude (OLAF) toda la información existente sobre las supuestas irregularidades detectadas en España en la producción de leche por encima de la cuota autorizada por Bruselas y su posterior venta en el mercado (la llamada leche negra en el sector).

Esa situación se produjo a raíz de la entrada de España en la Unión Europea en 1986, al aceptarse cuotas muy inferiores respecto a la capacidad de producción instalada y por tener asignados unos rendimientos inferiores a los reales. Por el contrario, Francia mantuvo una capacidad de producción superior a su mercado doméstico, lo que permitió a sus ganaderos y a su industria láctea convertirse en exportadores, al contrario que al sector español.

Para sortear esta política de cuotas, los productores e industriales lácteos gallegos participaron en la multimillonaria estafa y dejaron de declarar durante ocho ejercicios (1997-2005) cerca de 120.600 toneladas de leche que llegaron al mercado de forma clandestina. Para ello se sirvieron de sociedades interpuestas que facilitaban facturas falsas para que las industrias pudieran evitar el pago de la tasa que la UE exige a los países que exceden la cuota de producción asignada por Bruselas.

A cambio de esa doble contabilidad, los emisores de las facturas falsas (El Churtal, Lácteos Lemos y Sumlac) percibían comisiones que rondaban los tres céntimos de euro más IVA por cada litro de leche blanqueado. Los albaranes de estas sociedades tapadera servían a las compañías lácteas para aglutinar en una sola factura, ya legal, sus compras declaradas a los productores y las que realizaban fuera de cuota.

En total, dieciséis empresas y cooperativas de productores lácteos gallegas defraudaron a los presupuestos de la Unión Europea (UE) 65 millones de euros entre 1997 y 2005, según la documentación que el propio Gobierno entregó a la Audiencia Nacional, donde el juez Baltasar Garzón inició la instrucción del caso. Durante esos ocho ejercicios, el sector lácteo puso en el mercado ilegalmente 1,2 millones de toneladas por encima de la cuota que la UE asigna a España.

Además de los productores y las explotaciones intermedias, la sentencia de la Audiencia Nacional alcanzará también a varios de los principales grupos lácteos del país, como Leche Pascual, Lactalis, Corporación Alimentaria Peñasanta (a través de Larsa) o Clesa, entre las que tendrían que afrontar una condena aproximada de cerca de 25 millones de euros por haber participado de un "fraude generalizado" que se repitió durante años y que era "casi de dominio público".