Los acreedores exigen 300 millones a Koplowitz para reflotar Cementos Portland

FCC ha recibido como agua de primavera el cobro de los 1.122 millones que las administraciones locales le debían por trabajos realizados y no pagados. No obstante, ese dinero puede salir con más rapidez de la que ha entrado en caja, ya que los bancos le reclaman entre 200 y 300 millones para refinanciar la deuda de Cementos Portland que vence en tres semanas.

La empresa controlada por Esther Koplowitz lleva trabajando cinco meses en conseguir que sus acreedores le alarguen los vencimientos de la deuda de su filial cementera, que tiene que hacer frente a 600 millones a finales de junio. Sus gestores confiaban en encontrar algún inversor externo que pusiera ese dinero que le exige la banca para refinanciar sus préstamos sindicados.

Sin embargo, según fuentes próximas al proceso, a estas alturas de las negociaciones no hay ningún comprador dispuesto a tomar una participación cercana al 25% en Cementos Portland. Esa inyección de fondos serviría para recomponer sus recursos propios, después de que la compañía cementera perdiese 327,5 millones en 2011 por la depreciación de una de sus filiales, Uniland, comprada en 2006 por 1.250 millones.

Juan Béjar, nombrado presidente de Portland a principios de año, está liderando las negociaciones con la ayuda de Lazard y Rothschild, los dos bancos contratados para cerrar la refinanciación. El que fuera alto directivo de Ferrovial y de Citi consiguió levantar hace un año 500 millones para recapitalizar Globalvia, la subsidiaria de infraestructuras de FCC y de Bankia después de más de año y medio de conversaciones.

Un logro que fuentes del sector consideran ahora “improbable en los tiempos actuales y más para un negocio como el cemento”. La industria auxiliar de la construcción está en niveles de hace 50 años, según los últimos del sector, con un exceso de capacidad que la propia Pórtland intenta contrarrestar. La compañía, cuya facturación y Ebitda cayeron un 19,2% y un 30,8%, respectivamente,  ha puesto en marcha un plan de reestructuración que supondrá el cierre de varias plantas.

La empresa también ha intentado sin éxito vender Giant, su sociedad estadounidense, por la que pretendía ingresar entre 600 y 700 millones de euros. Otro contratiempo que le obligará a rehacer las cuentas, ya que FCC desconsolidó deuda por valor de 238 millones al anunciar que se trataba de un activo disponible para la venta. Parte de esa deuda, garantizada a su vez por Cementos Portland, estaba vinculada a determinados ratios financieros, que a 31 de diciembre FCC incumplía.

Ahí es donde entra en juego el papel del auditor. Deloitte “llama la atención” en su último informe anual sobre “la incertidumbre en relación con el proceso de refinanciación de la deuda con entidades de crédito del Grupo Cementos Pórtland, que podría tener impacto en las cuentas anuales adjuntas”. La advertencia en la memoria de Portland es más dura al indicar que la situación financiera pone en riesgo la capacidad de la empresa para funcionar regularmente.

Incumplimiento

Sobre este asunto, FCC ha asegurado a través de un correo electrónico que “prosigue con su proceso de refinanciación” y que “no se ha planteado tener que aportar capital” en la cementera de la que controla el 70% del capital. Portlantd tiene una deuda total a corto plazo de 1.178 millones, con varios préstamos sindicados que cuyas condiciones la constructora no ha cumplido. Este año vencen 598,3 millones, mientras que en 2013 debe de pagar 629 millones.

La compañía capitaliza 173 millones, tras haber perdido un 33% en 2012 y un 67% en los últimos doce meses. Acabó 2011 con un fondo de maniobra negativo de 463 millones de euros, un 74% de los 623 millones de déficit de caja de todo el Grupo FCC, precisamente por la calificación de deuda a corto de los préstamos impagados.

La refinanciación de Portland va a ser un banco de pruebas para la banca, ya que desde la recapitalización de Bankia el Gobierno va a exigir que se provisionen los créditos corporativos que en los últimos años se han renovado pese a prever que la empresa no podrá hacer frente a los pagos. Es lo que ya se denomina el real decreto Guindos III, que se aprobará a final de mes, justo cuando vence la deuda de la cementera.