Kirchner ultima el borrador de proyecto para expropiar YPF a la española Repsol

Argentina está cada vez más cerca de llevar a cabo la nacionalización de YPF. El grupo parlamentario del Frente para la Victoria que lidera la presidenta Cristina Fernández Kirchner ha tenido acceso ya al borrador de proyecto de ley por el que se declararía de interés público hasta el 50,01% de las acciones clase D de la petrolera. A partir de ahora se pondría en marcha el proceso por el que el Tribunal de Tasaciones deberá establecer el precio a pagar por esa participación.

El plan gubernamental, según recoge el prestigioso diario Clarín, ha trascendido antes de que se formalice su entrada en la mesa del Congreso, justo la misma jornada en que tuvo lugar el encuentro entre el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el presidente de Repsol, Antonio Brufau, que viajó el pasado lunes hasta Argentina para tratar de negociar in extremis una solución que evitará la expropiación de la filial, de la que controla un 57%.

Para tomar el control de la petrolera YPF, el Gobierno tendrá que enviar al Congreso un proyecto por el que declare "de utilidad pública y sujeto a expropiación" al 50,01% de las acciones clase D de la compañía, hoy en manos de la española Repsol y, en menor medida, de sus socios argentinos del Grupo Petersen, perteneciente a la familia Eskenazy.

Las acciones sujetas a expropiación son 100 millones del Grupo Petersen -todas lasque tienen los Eskenazy- y 96.558.000 títulos de los que tiene Repsol. En total, YPF tiene actualmente 393 millones de acciones clase D, que pertenecenen un 57% a Repsol y un 25% al Grupo Petersen, mientras que un 17% cotiza y un 0,02% marginal está ya en poder del estado argentino.

El proyecto establece que si es necesario expropiar más acciones para que el Estado argentino llegue al 50,01%, esos títulos se expropiarán de modo tal que se respeten las proporciones en poder de los otros accionistas.

La noticia fue recibida de manera positiva por parte de los mercados. Las acciones de YPF que cotizan en Nueva York acumulan una subida de más del 10% y se sitúan por encima de los 23 dólares, después de que durante las últimas semanas el precios de los títulos de la petrolera se hubieran desplomado, tras los sucesivas cancelaciones de derechos de explotación de yacimientos petrolíferos.

Evita lanzar una OPA

El borrador de texto legal al que ha tenido acceso el diario Clarín tiene 62 artículos. La expropiación estará regida por la Ley 21.499 de Expropiaciones, por la que el Ejecutivo “actuará como expropiante, quedando facultado para transferir la titularidad de las acciones una vez expropiadas a cualquier organismo o empresa pública del estado nacional” y que ni esa transmisión de acciones ni ninguna otra que realice el Estado “estarán sujetas al artículo 7 del estatuto social de YPF”.

Con esta argumentación, Argentina evitaría la obligatoriedad de lanzar un OPA por el total de YPF, según recoge el artículo 7 del estatuto de la petrolera. Según esta cláusula, si una empresa o varias adquieren el 15% de la petrolera existe la obligación de lanzar una OPA por el 100%, una condición que en el derecho anglosajón se conoce como poison pill, según informa el diario barcelonés La Vanguardia.

En la ley mandada este jueves al Congreso, también se prevé la remoción total de la actual dirección de YPF, al tiempo que se establece que las provincias petroleras (OFEPHI) tengan representación en la nueva composición accionarial y en el consejo de administración. Por otro lado, el Gobierno deja abierta la puerta a que puedan participar empresas privadas, en caso de que acepten las políticas de inversión marcadas.

Advertencia de España

Mientras esto ocurría en Buenos Aires, pocas horas antes desde Varsovia el ministro español de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, afirmó que cualquier "gesto de hostilidad" contra empresas españolas, en clara alusión a Repsol, sería interpretado como un gesto "hacia España" que traería consecuencias, en una clara alusión al Gobierno argentino por el conflicto con YPF.

 Aunque el ministro no aludió en ningún caso al Gobierno de Argentina, el gabinete de La Moncloa ha subrayado que Soria defiende los intereses de todas las empresas españolas dentro y fuera del país y "si en alguna parte del mundo hay gestos de hostilidad" contra esos intereses lo interpreta como "gestos de hostilidad hacia España y hacia el propio Gobierno" que tienen consecuencias.