Hacienda obliga a ADIF y a FEVE a refinanciar su deuda antes de finales de septiembre

Hacienda quiere poner freno a la deuda que arrastra el sector público empresarial, que asciende a 60.000 millones de euros. Para ello, como recoge el articulado de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, el ministerio de Cristóbal Montoro exigirá a determinadas entidades y sociedades estatales que presenten un plan para refinanciar su deuda antes del 30 de septiembre de este año. El objetivo es conseguir un diferimiento de los límites de pago contraídos.

Las órdenes de Hacienda son inflexibles. Sobre todo para las compañías públicas empresariales y las sociedades estatales recogidas en el anexo XI del articulado de la Ley a las que se refiere la disposición adicional cuadragésima primera. A la cabeza de este grupo de empresas destacan ADIF, el gestor de infraestructuras ferroviarias, que tiene una deuda de 13.400 millones de euros, y FEVE, el ferrocarril de vía estrecha, que también debe un importe de 642 millones.

El resto de compañías afectadas por esta exigencia de Hacienda son Aguas de la Cuenca del Ebro y Aguas de las Cuencas Mediterráneas, además de la Autoridad Portuaria de La Coruña y la de Gijón, así como la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEPSA), la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA) y la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITTSA), todas ellas sociedades o entidades que canalizan parte de los 8.500 millones presupuestados como inversión para 2012.

En este sentido, ADIF es el principal afectado, ya que acapara 4.126 millones de inversión, casi la mitad de lo presupuestado. Todas estas compañías necesitarán de un informe previo de Hacienda que les autorice la contratación de inversiones. El reconocimiento contable de estas inversiones se prevé efectuar en ejercicios posteriores al del ejercicio en curso, si su cuantía, medida de forma acumulada, excede del 180% del importe por el que figure en el anexo territorializado de inversiones que acompaña a la Ley de Presupuestos Generales.

En todo caso, el volumen contratado no podrá superar los siguientes porcentajes: 70%, 60% y 50% en el primero, segundo y tercero y ejercicios posteriores al ejercicio en curso, respectivamente, cualesquiera que fueran los instrumentos jurídicos de los que deriven, salvo norma con rango de ley. Así, al menos con periodicidad trimestral, y dentro del mes siguiente al que se refiera, las citadas entidades informarán Hacienda del volumen y porcentajes contratados, medidos de forma acumulada y con indicación de los proyectos principales.

Este plan de control y racionalización del gasto pretende atajar la deuda que la empresas del sector público arrastran en sus balances, unos niveles milmillonarios. Igual que otras corporaciones privadas, las compañías que controla el Estado atraviesan una situación financiera comprometida, hasta el punto de sumar un endeudamiento total previsto para finales de 2012 de casi 60.000 millones de euros, según recoge el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentados el pasado martes por el Ministerio de Hacienda.