Repsol pide ayuda a EEUU para frenar las presiones de Argentina

Repsol está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para defender sus intereses en la batalla contra Argentina por el futuro de YPF. Según fuentes del consejo de administración de la petrolera, Antonio Brufau habría realizado gestiones con Estados Unidos para que presione al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a través del G-20, del que el país latinoamericano es miembro.  

Repsol quiere implicar a la administración de Barack Obama porque en YPF hay un gran número de inversores americanos, los cuales son dueños de más del 20% del capital de la filial argentina. Con el objetivo de reducir el peso en su valoración de los activos argentinos, Repsol vendió en poco más de cuatro meses el 15% de YPF mediante colocaciones aceleradas de acciones, la mayoría de las cuales acabaron en manos de grandes instituciones norteamericanas. Antes ya contaban con algo más del 4,5%.

En diciembre de 2010, vendió el 3,3% del capital a los fondos Eton Park y Capital Guardian Trust Company por 500 millones de dólares (unos 380 millones de euros). Ambas transacciones, que incluían opciones adicionales de compra por otros paquetes, se cerraron a un precio de 39 dólares por acción. Tras esa operación, Repsol se deshizo de un 3,83% en los primeros días de marzo de 2011 tras colocarle más acciones a Lazard Asset Management y otros fondos institucionales por 640 millones de dólares (480 millones de euros). El precio fue a 42,2 dólares por título

Una semana más tarde se desprendió de un 7,7% más mediante una oferta de venta en la Bolsa de Nueva York a 41 dólares por acción, lo que le permitió ingresar 1.075 millones de dólares (unos 760 millones de de euros). En total, en el transcurso de cuatro meses, colocó algo más de un 14% del capital por unos 1.850 millones de euros. Después, en el verano de 2011, la española intentó vender otro paquete de acciones, pero las condiciones del mercado lo impidieron.

Fuentes del consejo de Repsol, que oficialmente ha negado esta información, han argumentado que “el G 20 es la única institución a la que hace caso Argentina” debido a que en las cumbres del grupo de los países más industrializados del mundo se toman decisiones fundamentales para la economía argentina. En noviembre del año pasado, el Gobierno de Fernández de Kirchner consiguió que se quedara fuera de las discusiones oficiales la regulación de los precios de las materias primas, una cuestión vital para uno de los mayores productores mundiales de cereales y de petróleo.

La idea de poner tope a los precios de los commodities había sido impulsada con Francia, presidenta del G-20, con el objetivo de reducir la volatilidad de las cotizaciones y la especulación creciente. La propuesta de Nicolas Sarkozy contaba con el apoyo del resto de los países desarrollados, con la excepción de Estados Unidos, que con el visto bueno de las naciones emergentes, así como China y Rusia, la rechazó  Un cambio de postura de la administración republicana de Obama que tendría efectos negativos sobre Argentina, ya enemistada con Inglaterra y con escasez de divisas.

Los inversores americanos son el tercer colectivo con más acciones de YPF, tras la propia Repsol, con un 57%, y el Grupo Petersen (familia Eskenazi), con el 25%. Las relaciones de la española con Estados Unidos son ahora más fluidas que hace apenas dos años, cuando la Casa Blanca obligó a Brufau a no poner en marcha un acuerdo de explotación en Irán después de un polémico acuerdo con el país islámico en 2007.

Tribunales a la vista

Repsol sufrió ayer la retirada de una nueva licencia de explotación de crudo en Argentina tras la decisión de los gobernadores de la provincia de Salta. Es la quinta región que presiona a la compañía española con la excusa de que no ha invertido lo suficiente para evitar un déficit de energía de 9.000 millones de dólares que la república latinoamericana tiene que importar.

Pero Repsol no se va a quedar parada. Además de intentar reconducir la relación mediante negociaciones entre el Gobierno español y la Casa Real, la petrolera participada por La Caixa, Sacyr y Pemex puede recurrir a dos instancias judiciales. Una es el Tribunal para la Protección de Inversiones incluido en los acuerdos bilaterales entre los dos países y el otro es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial. Desde Repsol se asegura que, además de estas instituciones, existen otros tribunales americanos más eficientes y más rápidos, a loa que el grupo acudiría en caso de no encontrar una solución de conveniencia.

La presión entre la multinacional con sede en Madrid y Argentina se incrementará previsiblemente hasta el 25 de abril, día en el que YPF celebra su junta general de accionistas. En esa reunión se debatirá cómo se reparten los dividendos de la filial, el último motivo de disputa entre las partes.