La crisis agranda la brecha digital española en pleno impulso inversor en I+D+i de las potencias

“La ciencia avanza a pasos, no a saltos”. La célebre frase del erudito británico Thomas Macaulay no parece haber calado, ni siquiera tres siglos después, en el ideario político español. Los recortes en I+D+i han sido una constante desde el estallido de la crisis en un país que, en 2011, dedicó menos de un 1,35% de su PIB a financiar la investigación. Una cifra que se aleja del gasto medio europeo en este terreno (2,3%) y que parece renunciar a destinar el 3% de la riqueza nacional a la nueva economía, tal y como recomendó el Consejo Europeo en la Agenda de Lisboa, allá en el año 2000. Una década perdida en materia tecnológica que se ha agudizado en los últimos ejercicios, a pesar de que en 2007 -epitafio del ciclo de bonanza y último presupuesto alcista para la Ciencia- el retardo de la convergencia tecnológica de España -socio al que la Comisión Europea concedió un esfuerzo inversor del 2% del PIB para 2010, un punto por debajo de la meta para el conjunto del club comunitario-, ya se certificó en tres años.

Desde entonces, los malos presagios se han sucedido sin razón de continuidad. A la espera de conocer el nuevo tijeretazo en los presupuestos de este año -que se da por supuesto, aunque a expensas de comprobar su cuantía-, el talento investigador ya ha emigrado, no sólo a socios europeos como Alemania, sino a latitudes como Argentina, cuyo Gobierno sopesa atraer con permisos de residencia especial a los científicos españoles. Fugas de cerebros que tardan décadas en recuperarse. Mientras, en España los ajustes han abocado al cierre a centros tecnológicos; los científicos -batas blancas- protestan, pancartas en mano, con proclamas similares a las del Movimiento del 15-M; la sociedad civil impulsa colectas para sostener investigaciones médicas; los expertos critican la ausencia de todo vestigio de política científica y las autoridades, en este caso del Ministerio de Economía y Competitividad, reconocen que los recursos a la I+D+i han tocado fondo en una economía que se afana por restablecer su pulso competitivo y por enterrar un patrón productivo agotado y ajeno a la tecnología y la innovación.

Sin embargo, la brecha digital hispana no se ha agravado sólo por el retroceso inversor. También porque esta fase contractiva coincide con un renovado fervor por la I+D+i de las potencias industrializadas y de las economías emergentes.

Estrategia de los líderes tecnológicos

Quizás la apuesta más determinante, precisa y arriesgada de las grandes economías en apoyo de un boom tecnológico 2.0 haya sido la del Departamento para la Empresa, la Innovación y el Conocimiento británico. Una táctica, la de este ministerio, formalizada en un amplio documento en diciembre pasado, en el que se elige la I+D+i como centro neurálgico de la sostenibilidad económica futura, incluso en tiempos de crisis y de recortes, y por arriesgar en activos intangibles como la innovación y el conocimiento para generar productividad y empleo. El informe incide en el “potencial” del país para  hacerse con el cetro de la innovación global, por su indiscutible liderazgo educativo, ya que sus instituciones universitarias producen el 14% de los estudios científicos más citados por la comunidad internacional, que reportan al año 3.000 millones de libras de ingresos externos. Esta agenda oficial pone el año 2020 como fecha de caducidad de esta estrategia y establece un exhaustivo calendario de iniciativas trianuales.

Pero, además del cimiento educativo, en el que se fija como reto fortalecer los puentes entre las escuelas de negocios y las empresas, aumentar los fondos a la invención y crear un clima más propicio para investigar los diferentes cauces de comercializaciónde los descubrimientos tecnológicos, el Gobierno establece otros dos pilares. Uno, de cariz presupuestario, por el que se compromete a garantizar los 4.600 millones de libras de dotación anual destinada a la ciencia, además de poner en marcha proyectos de capital riesgo, entre los que se incluyen planes de modernización de su red de infraestructura tecnológica. Y otro, de índole impositiva, al reforzar el modelo TaxCredit, su plan estrella de ayuda a la innovación. En el año fiscal que concluyó en marzo de 2010, las pequeñas y medianas empresas del Reino Unido recibieron más de 1.000 millones de libras por este concepto, un trampolín que posibilitó que estas firmas destinaran más de 11.000 millones a la I+D+i.

El sector privado británico ya ha visto aumentar el tope máximo de cobertura del TaxCredit. Hasta 2010, esta ayuda avalaba hasta el 175% de la inversión en innovación; en el presupuesto pasado se elevó hasta el 200% y, para el programa económico que se inicia en abril de 2020, se incrementa al 225%. Además de preservar las exenciones sobre el Impuesto de Sociedades asociadas a este incentivo tributario y financiero, que se prorroga hasta la conversión de las pymes británicas en multinacionales o, en su defecto, hasta que superen los 500 empleados.

Obama unifica los programas de ayuda a la innovación

En Estados Unidos, la gran baza jugada por la Administración Obama ha sido unificar los programas de ayuda a la innovación, lo que ha añadido uniformidad a un mercado amplio, que ofrece grandes retornos de inversión y en el que está instalada una cultura empresarial dinámica, con clusters tecnológicos de primer orden como Sillicon Valley, Boston, Austin o Carolina del Norte. La Estrategia para la Innovación Americana de la Casa Blanca, renovada en 2009, mantiene la ayuda a las pymes estadounidenses tras el éxito de los primeros desembolsos. Por cada dólar que este programa destina al sector privado, el Gobierno federal compromete otros dos dólares en deuda, hasta un límite de 150 millones. Un mecanismo de financiación por el que las pymes americanas han logrado captar 840 millones de capital privado en el último ejercicio fiscal.

Japón, desde su poderoso Ministerio de Industria (METI), garantiza un mínimo del 4% de su PIB a gastos en investigación, como en el último decenio, y acaba de definir una estrategia de cinco años para confeccionar sus mapas de innovación, intento de aunar la colaboración de firmas de consultoría, sociedades industriales, agencias oficiales de inversión y think tanks en torno a grandes conglomerados como Mitsubishi, Honda, Mitsui o Sumimoto, para lograr efectos arrastre de sus pymes, de forma que enfoquen su producción a suministrar material tecnológico. Tokio también ha decidido afianzar la cooperación público-privada: las empresas aportarán tres puntos del PIB a la I+D+i y el Gobierno, el restante. Una fórmula similar a la que pone en práctica Suecia, con los mismos porcentajes. El Gobierno sueco, en su último presupuesto, elevó hasta cotas históricas sus partidas para las 21 áreas estratégicas de investigación y desarrollo, reforzó los recursos de su agencia de innovación, Vinnova, y consolidó la orientación de sus multinacionales (Ericsson, Electolux o AstraZeneca) y el de sus universidades al sector exterior.  

Alemania destinará el 3% de su riqueza a esta partida hasta 2015, dos décimas más que en años precedentes, facilitando la competitividad en innovación entre sus länders, que rivalizan en ayudas y programas públicos; una carrera en la que, de momento, cobran ventaja Baviera y BadenWuerttemberg.

Los ‘emergentes’ se suben al tren tecnológico

En este contexto, algunos de los poderosos mercados emergentes ya han revelado su intención de potenciar su industria tecnológica y han comenzado a dar un cierto salto de calidad. China, por ejemplo, tiene previsto dotar del 2,2% de su PIB, en 2015, a la I+D+i y modelar zonas francas de inversión, mientras que el esfuerzo de Brasil será algo más modesto, del 2% en 2020, e India proseguirá con su política de repatriar el talento que se fugó del país en décadas pasadas. El Manifiesto Digital, de Boston Consulting, deja algunas pistas de las bondades del negocio digital. Los países del G-20 generarán en 2016 una economía tecnológica de 4,2 billones de dólares.

Ante este panorama, la necesidad de que España engendre una política tecnológica coherente y efectiva parece imperiosa. De hecho, Antje Stobbe, analista de Deutsche Bank, es lo que aconseja a los socios bajo rescate europeo: Grecia, Irlanda y Portugal. A su juicio, es la única alternativa para dinamizar la economía y elevar la competitividad, toda vez que no pueden disponer de la herramienta de la devaluación monetaria. Y, por si fuera poco, Eurostat revela, en su radiografía tecnológica de Europa de 2011, un panorama desolador para España: vigésimo segundo lugar continental en desarrollo innovador. Su indicador engloba a 35 países, lo encabeza Suiza, suma a su catálogo de líderes tecnológicos a Suecia, Dinamarca, Alemania y Finlandia, identifica a otras once naciones -entre ellas, Reino Unido, Francia y Holanda, pero también Irlanda, pese al rescate financiero-, e incluye a España en el furgón de países con moderado nivel de innovación, tras evaluar 24 parámetros tecnológicos. Por si fuera poco, tampoco el empuje de la innovación empresarial parece tener demasiado brío. Otro índice, de Economist Intelligence Unit, que mide la competitividad de la industria tecnológica, relega a las firmas hispanas al vigésimo cuarto puesto del mundo; el decimocuarto de Europa. El sector privado más dinámico es el de Estados Unidos. Completan el top five Finlandia, Singapur, Suecia y Reino Unido. Estebarómetro compara seis componentes -clima de negocios, infraestructuras tecnológicas, capital humano, inversión en I+D+i, seguridad jurídica y apoyo oficial a la industria tecnológica- y destaca la deficiente política en innovación española.  

Con este panorama tan sombrío, los responsables gubernamentales deberían pararse a sopesar la premisa del científico francés, Louis Pasteur, de que “la ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones y la fuente de todo progreso” antes de inclinarse por los recortes, en vez de explorar fórmulas imaginativas de invertir en I+D+i.