El Gobierno se garantiza el control del nuevo y único organismo regulador del mercado

Golpe de efecto. Con la disculpa de ahorrar cuatro millones de euros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció ayer la fusión de ocho organismos reguladores en una única institución bautizada como la Comisión Nacional de Mercado y Competencia. Esta medida, recogida en el programa electoral del PP, aglutinará las competencias en Energía, Telecomunicaciones, Sector Postal, Juego, Regulación Económica Aeroportuaria, Medios Audiovisuales, Regulación Ferroviaria y Competencia, deshaciendo así el tejido de instituciones creadas por el PSOE con la Ley de Economía Sostenible impulsada al final de su mandato.

La número dos del Gobierno justificó esta decisión como necesaria para poder “incrementar la independencia, fortalecer la profesionalidad y ganar en competitividad y eficiencia, además de evitar duplicidades y contradicciones”, situación que según Sáenz de Santamaría había dado lugar a "pérdida de seguridad jurídica" dentro del entramado de instituciones supervisoras. Por otro lado, la vicepresidenta explicó que será el Congreso de los Diputados quien podrá vetar por mayoría los nombramientos al frente de este nuevo macro organismo regulador, formado por sólo nueve consejeros, algo que hasta ahora era prerrogativa del Ejecutivo.

En el nuevo organismo, que estará adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad y tendrá su sede en Madrid, aunque existe la posibilidad de establecer subsedes, el mandato de los nueve consejeros de la comisión, que nombrarán a su presidente y a un vicepresidente, tendrá una duración de seis años con renovaciones parciales y presidencia rotatoria. De esta manera y gracias a la actual mayoría absoluta parlamentaria del PP, el Gobierno puede garantizarse el control del nuevo organismo regulador, pues es el único que goza de la potestad para vetar cualquier nombramiento con el que esté en desacuerdo, al contrario que el resto de fuerzas políticas.

Los organismos reguladores, que nacieron como consecuencia de la liberalización de sectores que eran monopolísticos, pasaron de tres a seis en el año 2007, y en la actualidad eran ocho tras la última modificación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces, el Ejecutivo socialista aplicó la prerrogativa a su disposición para desbloquear la renovación de los consejos existente en la CNE y la CMT ante la falta de acuerdo imperante con el PP, de manera que los nombramientos de los respectivos presidentes y consejeros estaban totalmente deslegitimados, como dejó bien claro entonces el portavoz económico en la oposición y ahora ministro Cristóbal Montoro.

El ajuste de cuentas estaba anunciado, sobre todo desde el momento en que el PP optó a quedarse sin representación en los consejos de la CNE y la CMT antes que transigir con la propuesta legislativa del Gobierno. Para cargarse de argumentos, el Ejecutivo de Zapatero trató encima de colocar al frente de estos organismos supervisores a altos cargos de la Administración, caso de Bernardo Lorenzo, exsecretario de Estado de Telecomunicaciones, y de Alberto Lafuente, expresidente de Correos y responsable socialista para los temas de energía en la época de Felipe González. Era primavera de 2011 y poco más de seis meses para el cambio de poder.

La refundición de todos los organismos reguladores en un único ente permite jurídicamente al Gobierno comenzar de cero y por tanto modificar el sistema de nombramientos, como había advertido hace meses cuando el equipo saliente insistió en desbloquear la renovación de CNE, CMT y CNC menos de un año antes de que acabara la legislatura. Para desarrollar este modelo, el PP se ha inspirado en uno de los pocos ejemplos equivalentes, el de la Agencia Federal de Redes de Alemania, que engloba a los reguladores de energía, telecomunicaciones y correos. Ahora sí, con mayoría absoluta, los populares serán los únicos con poder de veto.