Hillary Clinton 'recupera' a España como objetivo prioritario de inversión tras ganar el PP

“Todo un guiño -explican fuentes conocedoras de la agenda- . Demuestra la confianza y el interés de EEUU para el desarrollo del comercio y las inversiones entre los dos países”. La invitación se produce apenas dos meses después del cambio de Gobierno en España, momento que la Cámara aprovechó para remitir una dura carta al Gobierno español en la que demandaba una “respuesta contundente” a la situación económica del país si no quería asistir a una fuga de la inversión y “deslocalizaciones masivas” de empresas estadounidenses. El papel que jugarán Solomont y Malet -único representante español- en la denominada Global Business Conference también puede entenderse como un refrendo a esa exigencia de medidas de choque.

Además de Clinton, participarán en el cónclave el vicepresidente, Joe Biden; el secretario de Comercio, John Bryson; el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Tom Donilon; el consejero delegado de Boeing Corporation, James McNerney, o el propio jefe de gabinete de Obama, Jacob Lew, entre otros. Los asistentes españoles intervendrán en la primera ponencia de la sesión plenaria para exponer Las mejores prácticas de colaboración, dentro de la conferencia titulada Los negocios de la diplomacia, que correrá a cargo de Tom Donahue, presidente de la U.S. Chamber of Commerce. Los postulados de la Administración en Washington coinciden en buena medida con los que pone sobre la mesa la Cámara, su punta de lanza en el extranjero. Clinton busca con esta iniciativa fórmulas para que la diplomacia ayude a generar negocio en el exterior, atraiga fondos y genere empleos.

En este esfuerzo, Malet ha destacado tradicionalmente la importancia de España por su posición estratégica en relación con Europa, el Mediterráneo y el Norte de África. “Es un centro logístico operativo y puerta de entrada de mercancías que cuenta con una de las redes de infraestructuras y transportes más avanzadas del mundo, lo que revierte en una fuente de beneficios global para los inversores”, defiende. Los socios de la Cámara facturan en España 248.000 millones de euros y generan más de un millón de empleos. Forman parte de su Junta Directiva representantes de firmas como Morgan Stanley, General Electric, Citigroup, Bank of America-Merrill Lynch, Pfizer, IBM o Microsoft.

Seguridad jurídica y piratería

No es casualidad que uno de los mayores cuidados del Gobierno del PP en sus primeras medidas haya sido no poner en cuestión la seguridad jurídica, por ejemplo en sectores tan sensibles como el energético. Y es que una de las mayores reclamaciones de las empresas estadounidenses ha sido que no podían fiarse del marco normativo español. Todo con el cambio retroactivo en la legislación fotovoltaica en el recuerdo. “Muchas multinacionales están empezando a dudar sobre la seriedad del país en el cumplimiento de las leyes y temen que el cambio de Gobierno suponga un aumento, y no una disminución, de la incertidumbre regulatoria y la inseguridad jurídica en cuanto pueda existir la tentación de modificar arbitrariamente lo pactado en la anterior legislatura”, subrayaba la misiva de las empresas, remitida a Rajoy y a los ministros Montoro y De Guindos.

La guerra abierta declarada a la piratería por el ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, también habrá provocado cierta expectación en la Administración Obama, cansada de reclamar mayor protección a la propiedad intelectual en España. “No se pueden librar batallas de meses para hacer cumplir la legalidad”, aseguraba a este diario en relación a la Ley Sinde Justin Hughes, asesor del subsecretario de Comercio para la Propiedad Intelectual de EEUU. Las empresas iban más allá y afirmaban que la falta de aprobación de esa norma había “supuesto un revés a la seriedad del país en esta materia de tanta importancia para la inversión extranjera directa”. La Cámara recogía aquí una de las críticas que más se escucha a las multinacionales estadounidenses, tanto del sector de contenidos como de otros que operan con patentes o marcas.

La hoja de ruta planteada por la firmas norteamericanas también incluía el pago de las deudas por parte de las administraciones públicas. “En algunos sectores, como el de las tecnologías sanitarias, el plazo medio de cobro es de 421 días y en los medicamentos es incluso más dilatado, con comunidades autónomas que demoran sus pagos más allá de los 48 meses (…) Muchas empresas se encuentran al borde de la quiebra o están reestructurando sus plantillas debido a esta desidia administrativa”, subrayaba el documento. El Gobierno ya ha puesto en marcha líneas de crédito para las comunidades autónomas y ultima fondos para los ayuntamientos para el pago a proveedores.