La carta que el Santander envió al BdE por la inhabilitación de Sáenz

El Banco Santander envió una carta en septiembre al Banco de España para tratar de impedir la inhabilitación de su consejero delegado, Alfredo Sáenz, antes de que el Gobierno se pronunciara sobre la petición de indulto. Esta misiva, a la que ha tenido acceso El Confidencial, llegó al gobernador Fernández Ordóñez, quien no se ha pronunciado, ni lo va a hacer, sobre la medida de gracia, según fuentes del Banco de España.

Esta solicitud cubría el tercer flanco de la defensa de Sáenz, junto a la citada petición de indulto y el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. La carta, de 15 folios, está firmada por el secretario general del Santander, Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca, y adjunta la notificación de suspensión de ejecución de la sentencia de la Audiencia de Barcelona, el tribunal que condenó a Sáenz por el delito de acusación falsa (condena ratificada posteriormente por el Supremo) con pena accesoria de inhabilitación.

En el documento, el banco trata de convencer al supervisor de que no ejecute lo dispuesto en el Real Decreto 1245/1995, que establece que pierden la honorabilidad para ejercer la actividad bancaria quienes hayan sido condenados a inhabilitación o tengan antecedentes penales. Sustenta su petición en tres argumentos principales.

El primero es que, si el indulto abarcaba "todas las consecuencias" de la sentencia -como así ha sido finalmente-, no sería de aplicación este Real Decreto y, por tanto, inhabilitar a Sáenz antes de conocerse el alcance del indulto supondría convertirlo en "puramente ilusorio" porque el daño ya estaría hecho. Para apoyar esta tesis cita el caso del induslto concedido a Javier Gómez de Liaño en el año 2000, que le permitió reintegrarse a la carrera judicial. A su juicio, la suspensión de la ejecución de la condena por la Audiencia de Barcelona vincula a todos los poderes públicos, incluido el Banco de España.

Los antecedentes penales no significan nada

El segundo se refiere a los antecedentes penales. El Santander insiste en que estos antecedentes -que no son borrados por la Audiencia de Barcelona ni tampoco por el indulto finalmente otorgado por el Gobierno- son un mero registro informativo de una resolución; y si ésta queda sin efecto por el indulto, ocurre lo mismo con los antecedentes. Lo importante es, razona la carta, que la sentencia esté suspendida, no si está inscrita en un registro. Pero incluso aunque se haga una interpretación "puramente formalista" de esa referencia a los antecedentes, pide que se suspenda temporalmente la aplicación del Real Decreto por el perjuicio "de imposible reparación" que causaría a Sáenz y al propio banco.

En tercer lugar, el Santander asegura que, si el Banco de España suspendía a su consejero delegado, estaría vulnerando los derechos constitucionales de elección de profesión y de libertad de empresa, porque para que éstos se restrinjan no basta la comisión de un delito, sino que éste "ponga en peligro manifiesto la correcta gestión de la entidad". Y eso no ocurre en este caso por "la brillante e intachable trayectoria" de Sáenz, de la que destaca el hito de su nombramiento por el supervisor como administrador de Banesto tras su intervención en 1993 (posteriormente vendido al Santander, donde Sáenz acabó como consejero delegado), que se salvó de la quiebra gracias a la gestión de este ejecutivo.

El escrito de Benjumea añade el argumento de la porporcionalidad, que se vulneraría si no se suspendiera la aplicación del Real Decreto. Incluso llega a afirmar que "si el Banco de España obligara a D. Alfredo Sáenz Abad a cesar en sus cargos por considerar, pese a la solicitud de indulto, que incurre en causa de pérdida de honorabilidad, estaría privando al Gobierno de la facultad de determinar el alcance del indulto solicitado" (subrayado en el original).

MAFO se lava las manos

El hecho es que el Banco de España no adoptó ninguna medida sobre Sáenz antes de la concesión del indulto. Éste fue otorgado el 25 de noviembre en el penúltimo Consejo de Ministros presidido por Zapatero. El 1 de diciembre, Miguel Ángel Fernández Ordóñez declaró públicamente que se pronunciaría al respecto en cuanto se conociera el texto del mismo, que fue publicado en el BOE el 10 de diciembre.

Fuentes del supervisor aseguran que no va a pronunciarse sobre el caso. "Silencio administrativo", es la expresión utilizada por las fuentes. En realidad, daría lo mismo que se pronunciara o no porque el indulto deja expresamente "sin efecto cualesquiera otras consecuencias jurídicas o efectos derivados de la sentencia, incluido cualquier impedimento para ejercer la actividad bancaria". Pero numerosos expertos creen que el gobernador tenía la obligación de "retratarse" en un caso tan grave.