Javier Ruiz-Mateos, cerebro financiero: "Cualquiera que tenga dos neuronas sabe que los pagarés conllevan más riesgo"

Todo eran ventajas, una oportunidad única de inversión: intereses del 8% -seis puntos por encima del mercado- por un dinero que serviría para “financiar la compra de importantes empresas”. Las famosas emisiones de pagarés estaban avaladas por la “gran Nueva Rumasa”, por sus existencias en brandys solera reserva (Garvey), por su cartera de hoteles (Maspalomas) o por sus reconocidas plantas de producción alimentaria (Apis, Dhul…). Según las campañas de publicidad repetidas a finales de 2009, una operación redonda que terminó convirtiéndose en un agujero sin salida sólo un año y medio después.

El futuro de los inversores quedó comprometido cuando las principales empresas controladas por la familia Ruiz Mateos entraron en situación de concurso de acreedores en febrero de 2011. A partir de entonces, el desconcierto, los lamentos y las quejas. El 21 de mayo de este año, sólo dos meses de que todo se viniera abajo, un comercial que captó una importante cantidad en pagarés trasladó su preocupación a Javier Ruiz-Mateos ante las reiteradas quejas recibidas por parte de sus clientes: “Los inversores me dicen que todo ha sido una auténtica tomadura de pelo y van a denunciar”.

El hijo de José María Ruiz-Mateos y Teresa Rivero, responsable del área financiera durante los últimos años, respondió al correo electrónico remitido por el comercial con una batería de argumentos con los que debía tratar de recuperar la confianza de los afectados, pero no todos los términos eran realmente útiles para ese cometido. “La gente que te dice eso creo que una de dos, o no se le está explicando bien la propuesta o no la ha entendido bien”, explica Javier Ruiz-Mateos, que además le recuerda que “la gente aportó su dinero a un interés muy alto y eso cualquiera que tenga dos neuronas sabe que conlleva más riesgo”.

El objetivo de los Ruiz Mateos era evitar que los inversores emprendieran acciones legales contra ellos, pues como recuerda al comercial, “las denuncias o lo que quieran no va a llegar a nada ni cobrarán un solo euro por esa vía” y sólo conseguirán algo “por la vía del diálogo”. El argumento principal, en el fondo, vuelve a ser la apelación a la confianza que inspira el líder de la familia: “No por ello, mi padre les va a dejar abandonado, porque para él el deber y compromiso moral está por encima de todo”. El hijo insiste en recordar que “si confiaron antes para depositar el dinero que sigan confiando ahora para esta solución”.

Esa es la única solución posible. Como Javier Ruiz-Mateos escribe a su comercial, conviene recordar “la dificultad de la situación y que aquí no se toma el pelo a nadie”. Además, repetir otros argumentos recurrentes empleados por la familia, como incidir en su labor benefactora -“Lo único que hemos hecho ha sido crear empleo, crear empresa y expansionar un grupo en plena crisis”- o en su papel de víctimas -“Si eso es motivo de cárcel creo que toda España debería estar allí antes que nosotros. Es lamentable cómo se ha manipulado toda la información y nos han vuelto a hundir de la forma más ruin del mundo”-.

Desde la caída del grupo, los captadores están viviendo situaciones personales delicadas al haberse convertido en foco de las iras de los inversores, con amenazas incluidas del tipo “mire a la espalda cuando vaya por la calle porque esta ciudad es un pañuelo”. Estos extrabajadores se sienten una víctima más y cooperadores de “una estafa de la que no tenía ni idea, pues no conocía el estado financiero del grupo, me engañaron igual que a los clientes”, como asegura uno de los comerciales contactados por El Confidencial. “Los Ruiz-Mateos tienen guardaespaldas, pero yo no”.

En manos del juez Ruz

Durante los últimos seis meses, la Fiscalía Anticorrupción ha realizado una investigación sobre las emisiones de pagarés de Nueva Rumasa que está a punto de concluir. Como ayer informó la agencia EFE, que hace referencia al escrito trasladado al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que lleva el caso, la familia Ruiz-Mateos ha aportado documentación en la que reconoce haber captado a 4.110 inversores a través de 13 emisiones -entre publicitadas y sin publicitar- con las que recogieron 358 millones de euros (337,3 de principal y 47,9 de intereses), cantidad de la que falta por pagar 289,1 millones.

Una parte de estos afectados participa como acusación en el caso que se dirime en la Audiencia Nacional. En total, el número de inversores que actúa de manera conjunta asciende a cerca de 300 (menos de un 10% del conjunto reconocido por la familia Ruiz-Mateos) y reclaman una cantidad próxima a los 30 millones de euros. Sin embargo, de acuerdo con otras pruebas recabadas, la Fiscalía Anticorrupción investiga la posible existencia de una ‘caja b’, bajo la que Nueva Rumasa administraría el dinero no declarado y que podría representar una bolsa de dinero de más de 200 millones que también ha quedado en el limbo.