El Gobierno se asegura que Sáenz pueda seguir al frente del Santander tras el indulto

"Visto el expediente de indulto (..), vengo en conmutar a don Alfredo Sáenz Abad la pena de arresto mayor y la accesoria de suspensión de profesiones, dejando subsistente la otra de multa y quedando sin efecto cualesquiera otras consecuencias jurídicas o efectos derivados de la sentencia, incluido cualquier impedimento para ejercer la actividad bancaria". Firmado, el Ministro de Justicia: Francisco Caamaño Domínguez. De esta forma zanja en un Real Decreto el Boletín Oficial del Estado, hoy, la polémica sobre el futuro del consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, cuyo currículum queda, por si había algún género de duda, limpio como una patena y ya no podrá ser inhabilitado.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 25 de noviembre conceder el indulto al número dos del Santander de la condena a tres meses de prisión e inhabilitación dictada por el Tribunal Supremo, por un delito de acusación falsa cometido en 1994 contra unos acreedores de Banesto, cuando era presidente de la entidad. Tras las elecciones generales del 20-N, el Gobierno en funciones de José Luis Rodríguez Zapatero y a petición del Ministerio de Justicia, le otorgaba, de esta forma, un perdón de forma parcial. El principal problema, que a Sáenz se le conmutaba la pena, pero no se le borraban los antecedentes penales, de ahí que recurriera al Constitucional con el fin de salir del registro de penados. El segundo, que el Banco de España exige a los ejecutivos del sector financiero que cumplan requisitos de "honorabilidad" so pena de ser inhabilitados. Y por ahí podían pillarlo. 

Ya no. La 'exigente' condición, según sigue el B.O.E.: "que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años desde la publicación del presente Real Decreto". 

Lo cierto es que la publicación no pilla por sorpresa a muchos. El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ya había anunciado que el instituto emisor decidiría sobre el futuro del consejero delegado cuando el indulto saliera publicado en el Boletín Oficial del Estado. Eso sí, el ejecutivo de la entidad cántabra se verá obligado a pagar la multa "máxima prevista en la legislación aplicable al caso". Es decir, lo que vienen a ser unos 3.000 euros. Esta cifra resulta de la aplicación del artículo 325.1 del Código Penal (CP) de 1973, que establecía una multa mínima de 100.000 pesetas (601) euros y una máxima de 500.000 pesetas (3.005 euros) para el delito continuado de denuncia falsa al que fue condenado. Algo que no parece que vaya a importarle mucho teniendo en cuenta que es uno de los banqueros mejor pagados de España (diez millones de euros anuales).