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El Estado dará hasta 16.800 millones a la entidad que se quede con la CAM
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CUBRIRÁ LAS PÉRDIDAS EN LA VENTA DE LADRILLOS

El Estado dará hasta 16.800 millones a la entidad que se quede con la CAM

El Banco de España ha realizado la enésima concesión para tratar de vender la CAM en la subasta cuyo plazo para la presentación de ofertas vinculantes expira

Foto: El Estado dará hasta 16.800 millones a la entidad que se quede con la CAM
El Estado dará hasta 16.800 millones a la entidad que se quede con la CAM

El Banco de España ha realizado la enésima concesión para tratar de vender la CAM en la subasta cuyo plazo para la presentación de ofertas vinculantes expira este jueves. Ha ampliado el esquema de protección de activos (EPA) para incluir las pérdidas que afloren por la venta de los activos inmobiliarios en el balance de la entidad alicantina, lo que elevará la cantidad cubierta por el Estado hasta 16.800 millones, según fuentes conocedoras del proceso.

En el mercado se da por hecho que Santander, BBVA, La Caixa y Sabadell presentarán oferta vinculante en la puja que dirige Merrill Lynch, aunque algunos de ellos no tomarán la decisión definitiva hasta hoy. Y que se quedarán al margen los tres candidatos incluidos a última hora por el supervisor: Barclays, Ibercaja y JC Flowers.

Inicialmente, el EPA iba a incluir las pérdidas de la cartera de promotores, los créditos subestándar -en riesgo de impago-, los activos adjudicados, los préstamos fallidos y las sociedades inmobiliarias participadas. En total, 5.000 millones según algunos de los compradores potenciales. Ahora, además, cubrirá las minusvalías por la venta de esos activos inmobiliarios adquiridos o adjudicados en pago de créditos incobrables, ya sean edificios o suelo.

Por ejemplo, supongamos que CAM tiene un activo que vale 100 del que tiene provisionado 20. El comprador tendrá que seguir provisionando su valor conforme al calendario de Banco de España, pongamos por otros 10 este año (con lo que la provisión alcanzaría 30 sobre 100); esos 10 los cubría ya el Estado con el esquema inicial. Pero si después lo vende por 30, esos 40 de pérdida adicional que no están provisionados también los asumiremos todos los españoles.

Según las fuentes consultadas, con la inclusión de estas pérdidas, el EPA queda de la siguiente forma: los primeros 4.000 millones de pérdidas están cubiertos por las provisiones que ya tiene dotadas la CAM; las pérdidas adicionales entre 4.000 y 17.500 millones estarán cubiertas en un 80% por el Estado y en un 20% por el comprador; y a partir de ahí existe un tramo adicional de 6.000 millones que los candidatos pueden solicitar, o no, en sus pujas. Este tramo se debe pedir entero, no se puede reclamar sólo 3.000, por ejemplo. Evidentemente, tiene ventaja en la subasta quien no lo solicite.

Si restamos los primeros 4.000 y tomamos el 80% hasta 17.500, tenemos 10.800 millones que asumirá de seguro el FROB. Si todos los candidatos piden los 6.000 adicionales, la factura para los contribuyentes llegará a 16.800 millones. Una cifra que coincide con la exposición inmobiliaria total de la CAM, es decir, equivale a valorar todo el crédito promotor y los adjudicados a cero.

Los tres puntos de la subasta

La subasta se decidirá en función de tres puntos: si se pide o no ese último tramo del EPA, cuánta liquidez se solicite y el precio que estén dispuestos a pagar los candidatos por la caja, es decir, qué porcentaje asuman de los 2.800 millones prometidos por el FROB.

Respecto a la liquidez, El Confidencial adelantó que en el mercado se considera imprescindible que el Estado proporcione la cantidad necesaria para cubrir los vencimientos de deuda de los dos próximos años más la apelación al BCE; en total, 16.500 millones. Si se añaden los préstamos que la CAM tiene concedidos en el interbancario, la cifra se elevaría a 24.000 millones. Estas magnitudes no podrían cubrirse con una línea de crédito, sino que habría que acudir a emisiones avaladas por el Estado. Al igual que en el caso anterior, quien menos liquidez pida tiene más puntos para llevársela.

Finalmente, tenemos lo que cada entidad está dispuesta a poner para reponer los 2.800 millones de capital público prometidos por el FROB -y que todavía no se han inyectado, según el Banco de España por motivos burocráticos-. Para inyectar ese capital, el comprador puede recurrir a su propia solvencia (algo complicado cuando deben cumplir los nuevos requisitos impuestos por Europa) o levantar capital en el mercado. En este caso, quien ponga más capital tiene más probabilidades, pero nadie parece dispuesto a poner demasiado: "¿Cuánto vale una entidad con unas pérdidas de 20.000 millones? No mucho más que Unnim", opina una de las fuentes.

Lo que sea con tal de venderla

Esta ampliación del EPA es la última de una serie de modificaciones de la subasta de la CAM con las que el Banco de España ha tratado de evitar que quede desierta, una posibilidad que parecía muy real hace unos meses y que aún es contemplada por algunas fuentes. No en vano, el propio gobernador Fernández Ordóñez dijo públicamente que la CAM era "lo peor de lo peor". Y el FROB añadió en la revisión de las cuentas tras la intervención que la entidad había hecho una "dejación de la gestión" con la búsqueda de un socio, lo que disparó la morosidad del 9% al 20%.

La más destacada de estas modificaciones fue la concesión de que los activos cubiertos por el EPA no computen dentro de los activos ponderados por riesgo (APR) del comprador. Esto es muy relevante porque reduce las necesidades de capital del comprador; o visto desde otro ángulo, le permite devolver una mayor parte de los 2.800 millones del FROB sin deteriorar sus ratios de solvencia. Anteriormente, la concesión de un EPA similar para todas las entidades suponía casi un cheque en blanco y cambiaba la mecánica de las anteriores subastas, donde ganaba quien menos EPA pidiera. Con la modificación de los últimos días, el EPA vuelve a ser competitivo.

El Banco de España ha realizado la enésima concesión para tratar de vender la CAM en la subasta cuyo plazo para la presentación de ofertas vinculantes expira este jueves. Ha ampliado el esquema de protección de activos (EPA) para incluir las pérdidas que afloren por la venta de los activos inmobiliarios en el balance de la entidad alicantina, lo que elevará la cantidad cubierta por el Estado hasta 16.800 millones, según fuentes conocedoras del proceso.