Los concesionarios, en pie de guerra contra el Gobierno por las ayudas 'trampa' del Plan 2000E

El sector del automóvil está en pie de guerra contra el Gobierno. A la ya maltrecha situación que vive la industria, que acumula una caída de las ventas del 26,6% en la primera quincena del año, se suma el agujero que ha provocado las ayudas 'trampa' del Plan 2000E. La patronal Faconauto calcula que la Administración adeuda unos 13,9 millones de euros a los concesionarios por las ayudas que los agentes de venta adelantaron a los clientes y que luego no fueron reembolsadas.

A finales de 2009, el Congreso acordó, con un presupuesto de 100 millones de euros, la renovación en 2010 del Plan 2000E, que otorgaba una ayuda de 2000 euros por la compra de un vehículo que cumpliera una serie de condiciones. La subvención se repartía de la siguiente manera: la marca concedía 1.000 euros, el Gobierno central 500 euros y la Administración regional otros 500 euros.

Los concesionarios celebraron la decisión del Ejecutivo de prorrogar el plan un año más, sin saber que unos meses más tarde la iniciativa se volvería en su contra al quedar sumida en un profundo caos. Así, y según lo estipulado en la ley, los concesionarios comenzaron a adelantar las ayudas a particulares, descontando el importe de la subvención en la factura. Todo parecía ir viento en popa y ambas partes, Gobierno y sector del automóvil, se mostraban satisfechas con los resultados obtenidos en los primeros cuatro meses de 2010: las ventas de turismos y todoterrenos subieron un 43,2% interanual y el Estado obtuvo unos ingresos de 627 millones gracias al aumento de las ventas.

La euforia se desvanece

Sin embargo, los concesionarios se confiaron y no se percataron de que quedaba un fleco suelto, uno importante: el sistema informático en el que se grababan las operaciones para el reembolso de las ayudas no estaba todavía habilitado y existía un tope de 200.000 transacciones. Finamente, el 25 de marzo y con un retraso de 85 días sobre la fecha de apertura prevista en el Real Decreto, la Administración abrió el portal informático y la fiesta acabó. Tan sólo 5 días después el sistema cerró debido al colapso sufrido por la avalancha de solicitudes.

En total, según datos de Faconauto, los concesionarios no pudieron grabar 11.880 operaciones (por un valor de 5,9 millones de euros) con cargo al presupuesto del Ministerio de Industria y 16.095 (por un valor de 8 millones de euros) con cargo al presupuesto de las Comunidades Autónomas adheridas. "Al final los que han ayudado al Gobierno han sido los concesionarios y los clientes", asegura Antonio Romero-Haupold, presidente de Faconauto, que calcula que por cada coche vendido gracias al Plan 2000E, el Estado recaudaba en impuestos alrededor de 3.000 euros. Por contra, algunos concesionarios pueden dejar de percibir unos 300.000 euros si no se reconoce el adelanto de estas ayudas.

La euforia se ha convertido en indignación después de que el Gobierno no haya reconocido su responsabilidad en el asunto ni la deuda contraída con los vendedores. Por ello, los concesionarios han reclamado por vía administrativa el cobro de las ayudas. Mientras Faconauto coordina la demanda de 333 concesionarios por valor de 5,7 millones de euros, Ganvam (Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios) hace lo mismo con otro grupo de 27. "Con ese dinero podríamos pagar el sueldo de 2.000 trabajadores durante un año. En algunos casos, la deuda está comprometiendo la continuidad de los concesionarios", afirma Romero-Haupold.

El despacho de abogados SCA Legal representa al grupo de Ganvam, que acumula 650 operaciones con cargo a las CC.AA y otras 420 del Ministerio de Industria. El responsable de asistir a los agentes de venta afectados y socio del despacho, Marcos Arbeloa, explica que el retraso en la apertura del sistema informático provocó situaciones de "auténtico pánico". Según Arbeloa, el nerviosismo llevó a algunos concesionarios a contratar personal extra para registrar en el portal las operaciones realizadas. "Aquellos que tenían menos medios, se vieron más perjudicados y acumulan pérdidas importantes". Arbeloa asegura que llegarán hasta el final y prevé que, casi con seguridad, tendrán que interponer un recurso contencioso administrativo. "Es difícil que una Administración resuelva en su propia contra y asuma su falta de diligencia".