Zapatero ignora el impacto de su propia ley y dice que no toca los ingresos de las Cámaras

“Parece que ni él mismo se ha leído la ley”, se asegura con indignación a este diario desde la cúpula de una de las principales Cámaras de Comercio, a donde también ha llegado la misiva. El Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, modifica la normativa que regula estas corporaciones de derecho público, al establecer que estarán obligados al pago de la cuota cameral las empresas que realicen actividades relacionadas con el comercio, la industria o la navegación y “decidan libremente” pertenecer a una Cámara. Hasta ahora, todas las empresas pasaban por caja, con el consiguiente embargo de la cuenta en caso de impago.

“Muy bien, pero que al menos sean consecuentes con lo que aprueban. Pensamos que la carta se ha redactado teniendo en cuenta el programa electoral del PSOE, en el que figuraba la intención del Gobierno de sólo eliminar la cuota a los autónomos, pero no a las grandes empresas”, apuntan estas fuentes. Según explicó en su día el presidente del Consejo, el ex ministro socialista Javier Gómez Navarrro, “un 1% de las empresas pagan dos tercios de los ingresos” por este concepto. Obviamente, el mayor peso recae en las más grandes; sólo Telefónica se deja al año 700.000 euros. El 75% de las empresas asociadas no pagan nada o menos de 20 euros al año. Y es que el recibo se calcula en función del beneficio obtenido vía Impuesto de Sociedades.

Respecto al programa socialista, es cierto que la eliminación del canon para todos las empresas excede los planteamientos iniciales del PSOE. En 2004, el entonces candidato José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometía a “hacer de las Cámaras de Comercio e Industria instituciones verdaderamente representativas y eficaces para todos los emprendedores”. En 2008, su propuesta fue más concreta y prometió excluir del pago de la cuota a los trabajadores autónomos económicamente dependientes. En la carta, Serrano asegura que el fin obligatorio de la tasa “debe ser un incentivo para impulsar la modernización y consolidación de las Cámaras como prestadoras de servicios de mayor utilidad para sus asociados”.

Menos impuestos vs. despidos

El director del gabinete de la presidencia del Gobierno, que dice responder “por indicación del presidente”, también argumenta que la reforma permitirá liberar recursos que actualmente recaían de forma directa sobre dos millones y medio de empresas activas en el mercado y contribuirá a mejorar su competitividad”. Sin embargo, el Ejecutivo no se pronuncia sobre los efectos colaterales de la disposición. El presidente de la Cámara de Madrid, Arturo Fernández, aseguró hace apenas una semana que la escasez de ingresos le obligará a reducir su plantilla -que supera los 300 empleados- en un 25%. El 60% de los 75 millones de presupuesto de la Cámara provenían del canon.

“Para muchos va a ser una excusa perfecta para aligerar las estructuras”, aseguraban a este diario el pasado martes fuentes sindicales, durante la manifestación que llevó a empleados de las Cámaras de Comercio frente al Ministerio de Economía. Aseguran que se ponen en jaque 3.500 puestos de trabajo. “No puede olvidarse que este año y el que viene aún deben abonarse las cuotas, ya que el devengo se realiza con dos años de antelación al pago. No habría tanta urgencia para plantear recortes de plantilla”, se apunta desde otra Cámara. Fernández ha abierto el fuego frente a un problema real, aunque el anuncio parece precipitado en tanto el propio presidente de la Cámara de Madrid trabaja en un plan de viabilidad que debería estar listo en las próximas semanas.

Otra de las quejas que se escucha con más intensidad entre los afectados es la posibilidad de que, con el nuevo escenario de financiación, estas instituciones pierdan su razón de ser -son por ley corporaciones de derecho público- y se conviertan en lobbies de las grandes empresas, si estas deciden mantener su aportación y controlan la gestión. Con un temor añadido. Muchas Cámaras poseen un patrimonio más que goloso para hacer caja. En todo caso, el Gobierno ha dejado la pelota en el tejado de las comunidades autónomas, que como “Administración tutelante” es la que debe fiscalizar las liquidaciones y “establecer las instrucciones necesarias para la elaboración de los presupuestos”. También serán las que, en parte, deban responder por los empleos perdidos.