Las autonomías no se apuran: tardan 331 días en pagar su gasto farmacéutico

Los hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS) prescriben los medicamentos hoy, pero se demoran casi un año en pagar a los laboratorios. Según los datos provisionales que manejaba la industria a 30 de septiembre, las administraciones públicas tardan la friolera de 331 días en abonar a las empresas farmacéuticas el gasto que generan sus centros hospitalarios. La deuda acumulada tras los nueve primeros meses del año alcanza los 3.823 millones de euros. Cifras inquietantes para un modelo que se mueve con un déficit presupuestario crónico que las compañías sitúan por encima de los 10.000 millones de euros.

Llama la atención el aparente descontrol en el desembolso. No en vano, a 30 de junio el importe de la deuda alcanzaba sólo los 3.424,8 millones de euros y el periodo medio de pago se situaba en apenas 281 días. En tres meses ambos indicadores se han disparado en 400 millones y 50 días. Según los datos facilitados por la patronal Farmaindustria para los seis primeros meses del año, comunidades como la cántabra retrasan el abono en casi dos ejercicios: 709 días. Le siguen en la lista de morosos Baleares y Murcia, con aplazamientos de 645 y 613 días, respectivamente. Pueden presumir Navarra y País Vasco, con únicamente 74 y 101 días de dilación. Canarias se jactaba esta semana de haber reducido su gasto un 15% en octubre.

Andalucía (con facturas en el cajón por valor de 774 millones), Comunidad Valenciana (por 517,6 millones) y Madrid (que adeuda 388,4) son las regiones que presentan una situación más delicada. Un escenario que ha cambiado las reglas de juego para los laboratorios, ya que las autonomías tienen en su mano el boletín oficial. “Para ahorrar, algunas comunidades autónomas están elaborando su propio catálogo de medicamentos, eliminando los más caros. Eso supone que los médicos no pueden prescribir en determinadas autonomías principios activos que si caben en otras y que aportan valor añadido. Además, nos obliga a jugar con 17 regulaciones distintas y complica la planificación estratégica”, lamentan desde una empresa.

“El Gobierno parece avalar una gestión ‘micro’ de la política sanitaria, cuando determinadas competencias deberían ser centrales. De hecho, una de las pocas que quedaban era el catálogo de principios activos”, se añade, bajo condición del anonimato. Por ejemplo, Galicia ha planteado un catálogo gallego propio, más reducido, dentro de la Ley de Racionalización del Gasto en la Prestación Farmacéutica. Su objetivo declarado es ahorrar 100 millones de euros anuales. Aunque fuentes del sector esgrimen que bufetes como Uría y Menéndez han refrendado en un informe que Galicia carece de atribuciones para aprobar esas medidas, otras autonomías como País Vasco y Andalucía ya profundizan en ese modelo.

Pacientes de primera y de segunda

Un planteamiento que certifica que hay ciudadanos de primera y de segunda en el mismo territorio nacional. Al menos eso se infería del primer mensaje que desde la patronal se hizo llegar a la ministra, Leire Pajín, en un encuentro mantenido a finales de noviembre. Farmaindustria pidió a la titular de Sanidad que el Ministerio garantizara la “equidad y la igualdad” de la prestación farmacéutica en todo el país.

“Para las compañías se genera una imprevisión que puede tener un impacto empresarial, pero no cabe duda de que al paciente se le genera un perjuicio si se reduce el catálogo de medicamentos. Lógicamente eso es lo que preocupa a Sanidad, no tanto los problemas que puedan tener las farmacéuticas. Más cuando hablamos de una ministra con tanto peso político”, apuntan estas fuentes.

La fragmentación del mercado y los problemas de seguridad jurídica pueden colmar la paciencia de las compañías, que hace medio año ya sufrieron por decreto un duro varapalo para sus cuentas. El Gobierno aprobaba en marzo y mayo sendos reales decretos-leyes por los que reducía el precio de los medicamentos genéricos, se modificaba el sistema de precios de referencia y se introducía una deducción del 7,5% sobre el precio del resto de medicamentos cuando éstos fueran adquiridos por el SNS. Los laboratorios ya han echado cuentas: dejarán de ganar 2.100 millones de euros anualizados, el empleo se reducirá en 5.000 trabajadores y la inversión en I+D caerá en 300 millones anuales en los próximos cinco ejercicios.

El otro gran frente para reducir el gasto farmacéutico es la puesta en marcha de la ‘unidosis’, según la cual los médicos prescribirán la cantidad exacta del medicamento recetado a partir de 2011. Una medida con la que el Ministerio pretende ahorrar 300 millones de euros al año. “No sabemos muy bien de dónde sale la cifra -se explica desde una farmacéutica-, pero para las compañías no supondrá un gran problema de adaptación en tanto la presentación de los fármacos ya se elabora en línea con los tratamientos”.