El Gobierno admite que congela las pensiones por la presión de los mercados

Ataque de sinceridad del Gobierno. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, admitió ayer ante los portavoces de la Comisión del Pacto de Toledo que el Ejecutivo no tiene ningún margen de maniobra para revisar la congelación de las pensiones para 2011. Y lo achacó no a una cuestión de política interna, sino a la “presión de los mercados”, según señaló a El Confidencial el portavoz del grupo popular en la comisión que estudia la reforma de las pensiones, el diputado Tomás Burgos.

 

Es la primera vez que el Gobierno admite sin ambages (al menos en público) que está atado de pies y manos a la hora de diseñar una parte esencial de su política económica. Algo que hasta ahora siempre han negado tanto el presidente Zapatero como la ministra Salgado, que siempre han defendido la autonomía del Gobierno para adoptar sus propias decisiones. Gómez, según  esas fuentes, comparó la congelación de las pensiones con las devaluaciones de la peseta aprobadas durante los años 90 para ganar competitividad y hacer frente a la presión de los mercados financieros, que, por entonces, -como ocurre ahora- ponían en duda la solvencia de la economía española. Y ayer lo que dijo Gómez es que no había “ningún margen de maniobra” para revisar la congelación de las pensiones.

 

La reunión con los portavoces parlamentarios apenas sirvió para avanzar en la reforma del sistema público de protección social. Tan sólo se constató que es altamente improbable que en esta legislatura se actualice el Pacto de Toledo. Básicamente por una razón. El Gobierno ha metido en vía lenta la reforma (hasta marco o abril no dispondrá de un proyecto de ley) y el Grupo Popular prefiere que sea el nuevo Gobierno que salga de las urnas en 2012 quien lleve la iniciativa. Así las cosas, no parece que la renovación del Pacto de Toledo salga adelante en los quince meses que faltan para culminar esta legislatura. Sobre todo teniendo en cuenta los procesos electorales que se avecinan. Elecciones autonómicas y locales en mayo de 2011 y generales nueve meses más tarde.

 

Algo parecido sucedió en 1995. El Pacto de Toledo se aprobó gobernando el PSOE de Felipe González, pero las reformas no entraron en vigor hasta 1997, cuando Aznar estaba ya en la Moncloa. El Gobieno hasta ahora sólo se ha limitado a entregar este documento, pero hace casi un año.

 

Moncloa, en cualquier caso, está interesado en presentar su propio proyecto de ley en la presente legislatura para calmar a los mercados, tal y como se comprometió la vicepresidenta Salgado ante Bruselas. Sin embargo, como se ha dicho, no parece que vaya a salir adelante. Para el Ejecutivo esta sería la mejor opción. Por un lado, demostraría ante los mercados y la opinión pública su apuesta reformista en un asunto tan relevante como son las pensiones. Pero al mismo tiempo no abriría un frente de batalla con los sindicatos, donde está su base electoral.

 

El núcleo de la reforma

 

Tanto CCOO como UGT se han opuesto reiteradamente a la prolongación de la edad de jubilación de 65 a 67 años, que es la columna vertebral de la reforma por el elevado impacto presupuestario que tendría a medio y largo plazo, aunque a corto sería irrelevante.

 

En el caso del PP, no está dispuesto a sacarle las castañas del fuego a un Gobierno que, en palabras de Tomás Burgos, ha “sembrado de minas” el camino del consenso con decisiones unilaterales como la congelación de las pensiones o la reforma de las mutuas. Lo que quiere hacer el PP -si gana las elecciones- es no solamente renovar el Pacto de Toledo, sino hacer una Ley de Seguridad Social, cuyo texto ha quedado inservible por “tantos remiendos que se le han hecho en los últimos años”.

 

La convocatoria de ayer no estuvo exenta de polémica. Se celebró en el Congreso de los Diputados después de que fracasara la opción de hacer la reunión en el Ministerio de Trabajo, como había planteado inicialmente el Gobierno. Los portavoces de los grupos se opusieron debido a que la Comisión del Pacto de Toledo emana del Parlamento y, por lo tanto, no tenía sentido reunirse en una sede del Ejecutivo. El caos de la convocatoria fue tan grande que el propio portavoz del PP se enteró de la reunión a las 10 de la mañana, apenas media hora antes de que se celebrara. Y lo hizo tras encontrarse cara a cara con el ministro de Trabajo en los pasillos de la Cámara Baja.