¿Dónde está Sebastián? El ministro de Industria afronta sus horas más bajas

Primera semana de octubre. Fue como si presintiera algo. Departía con el consejero delegado de Microsoft, Steve Ballmer, cuando vaticinó: “El Consejo de Ministros es como un cumpleaños, no sabes cuántos te quedan”. El presidente del Gobierno acometía días después una profunda remodelación de su gabinete de la que, tal vez para su propia sorpresa, salió vivo. El dueño de la reflexión, Miguel Sebastián, quizás no hubiera tenido tanta suerte si Zapatero espera dos semanas más. La pésima gestión del dossier de las ayudas al carbón, un empeño personal del jefe del Ejecutivo, le ha puesto a los pies de los caballos. El ex jefe del servicio de Estudios del BBVA, al frente de una cartera estratégica, no termina de resolver la pila de problemas que tiene acumulados.

La renuncia y salida de su hombre fuerte en energía, Pedro Marín, que el sector da por hecha, es el último reflejo de meses de parálisis, mensajes contradictorios y enfrentamientos con buena parte del sector. Los amigos del todavía secretario de Estado dejan claro que no ha presentado su dimisión y que su posible marcha enlaza con la posibilidad de presidir un organismo internacional. Las empresas, que lo consideran una víctima de Moncloa, se limitan a defender su gestión y advertir, con resignación, que “no le han dejado hacer más”. Sebastián, lejos de aquel ministro locuaz e intelectualmente provocador que en sus inicios defendía el consumo de productos made in Spain, ahora calla y asume un perfil de compromiso. Nadie sabe dónde está y se esconde en viajes allende nuestras fronteras, como el que está realizando estos días por Colombia y Panamá.

La batalla judicial que Industria mantiene con las compañías eléctricas por el decreto del carbón es el último ejemplo de los problemas del departamento para gestionar key issues. “Puede que el Ministerio no compartiera la idea de Moncloa de salir al rescate del carbón, pero si el presidente te encarga algo… E Industria no sólo no consensuó la iniciativa con las eléctricas, exponiéndose a resolver la cuestión en los tribunales, sino que erró en cuestiones técnicas y de procedimiento en la elaboración de los textos legales, lo que aprovecharon las compañías para parar el decreto por la vía judicial”, analizan fuentes del sector. En resumen, norma paralizada en diferentes instancias, desde la Audiencia Nacional al Tribunal de Luxemburgo. Y enfado monumental de Moncloa.

El presidente del Gobierno, tan amigo de los gestos y a la sazón leonés, busca con los subsidios a la minería salvar la cuenca Asturleonesa. “Industria y Moncloa han culpado a las eléctricas -se aseguraba ayer desde una compañía, bajo condición del anonimato-. Nos han acusado de deslealtad. Sin embargo, nuestro problema no es con las ayudas, sino con que se distorsione el mercado”. Las eléctricas piensan que el decreto es contrario a la Ley del Sector Eléctrico, en tanto da prioridad a las centrales térmicas de carbón frente a otras tecnologías, como los ciclos combinados. Además, llueve sobre mojado. “La realidad es que cada vez que se publica una nueva normativa de tarifas hay que recurrirla porque incumplen la ley”, se apunta desde otra compañía.

Eléctricas, renovables y pacto con el PP

Y es que si un tema ha emponzoñado la relación entre Industria y las eléctricas es el déficit de tarifa, esto es, la diferencia generada desde 2001 entre los ingresos regulados que reciben las compañías por el recibo de la luz y los costes reales que asumen. La titulización de ese dinero con aval del Estado, promovida por Industria, no acaba de cerrarse. La gestora de fondos Titulización de Activos (TdA), responsable de la colocación en el mercado del déficit, pedía a la CNMV a finales de octubre que no registrara el folleto por ajustes técnicos. Una situación que podría retrasar la primera colocación de 3.000 millones prevista entre el 15 y 18 de noviembre. A cierre de 2009, la deuda reconocida con las empresas eléctricas rondaba los 15.000 millones de euros.

Una cifra que irá in crescendo mientras la tarifa no refleje el coste real de la energía. Algo complicado si los dos principales partidos políticos -PP y PSOE- acuerdan negociar un pacto energético con una premisa básica: no subir el precio de la electricidad. Una medida populista acordada en junio que sólo se mantuvo en pie dos meses, el tiempo que tardó Sebastián en darse cuenta de que la congelación del recibo disparaba el déficit tarifario. ¿Conclusión? Rectificación e incremento del 4,8% desde el 1 de octubre. Del pacto Sebastián-Montoro poco se sabe. Parmanece en el baúl de los asuntos abiertos y no cerrados que con tanto mimo parece cuidar el titular de Industria.

Eso sí, ambos partidos debaten en el Congreso fórmulas para cerrar el otro gran melón abierto por Industria: la nueva retribución a las energías renovables. La Subcomisión de la Cámara Baja que debe alumbrar una estrategia energética para los próximos 25 años podría recomendar en sus conclusiones la creación de un céntimo verde para financiar esta partida. Dicho de otro modo, que sean las petroleras las que a través de una nueva tasa a los carburantes paguen las energías limpias. Un planteamiento que obligaría al Ministerio de Economía a revisar su filosofía tributaria, que no contempla la adopción de gravámenes finalistas. El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, probablemente preferiría que los ingresos por la tasa fueran a reducir déficit público.

Todo un embrollo para contentar a 50.000 inversores fotovoltaicos y parchear ocho meses infructuosos de negociaciones después de que en octubre este diario adelantara que Industria estudiaba modificar la tarifa de las renovables con carácter retroactivo. Un movimiento que puso en cuestión el principio de seguridad jurídica y provocó las protestas -incluso a Moncloa- de los fondos y firmas extranjeras invertidos en España. Ni siquiera fue valiente Sebastián a la hora de acometer el fraude en la industria solar. En lugar de retirar la tarifa a los tramposos, se limitó a proponer que las plantas confesas pudieran acogerse a otra algo menos beneficiosa. Tal vez porque el mayor nicho de fraude se encuentra en comunidades gobernadas por el Partidos Socialista, según denuncian las asociaciones del sector.

Sonatrach y el 'otro' Ministerio

Tampoco ha tenido por ahora demasiada suerte el ministro de Industria, pese a sus idas y venidas, en su esfuerzo por apoyar a Gas Natural en su pugna con la argelina Sonatrach. De momento, sólo posibles medidas de presión: torpedear las operaciones en España de la comercializadora del gigante africano o cambiar la legislación para establecer que un país suministrador de gas –Sonatrach pertenece al Estado argelino- no pueda tener una cuota superior al 30% del total de abastecimiento del país. La normativa actual fija que ese porcentaje no puede estar por encima del 50%, frente al 32% que acumula Sonatrach. Se pondría la venda el Ejecutivo ante la puesta en marcha del gasoducto Medgaz. Como en el resto de cuestiones, aquí todo está en el alero.

Asuntos no menores, algunos estratégicos para el país, que recaerán en el sustituto de Marín, que llega con la rémora de tener que gustar tanto a Moncloa como a Industria. Sin contar con el otro Ministerio. Aunque no lo parece, Sebastián es también ministro de Comercio y Turismo. Los recortes presupuestarios a organismos como el Instituto de Comercio Exterior (Icex) tienen a las empresas exportadoras en pie de guerra. Se sienten olvidadas y como un segundo plato de un Ministerio esencialmente energético. El presidente del Club de Exportadores, Balbino Prieto, clama en el desierto. La semana pasada el propio PSOE echaba abajo una enmienda de CiU a los Presupuestos Generales del Estado para aumentar en un 10% la dotación del Icex. Malos tiempos también para un sector exterior otrora predestinado a cambiar el patrón de crecimiento.