Unos bonos 'patrióticos' como los de Montilla no salvaron a Banca Catalana hace 28 años

Montilla no es el primero al que se le ocurre lanzar bonos 'patrióticos' para salvar una situación de emergencia en Cataluña. La propia Generalitat ya lo hizo en los años 80, pero el precedente más llamativo es el de Banca Catalana. Esta entidad, controlada por la familia de Jordi Pujol, también trató de salvarse del desastre con una emisión de bonos entre el público en general. Y no lo consiguió.

Corría el año 1982, en España gobernaba todavía la UCD y Pujol, que había abandonado la vicepresidencia de la entidad en 1977 para dedicarse a la política, acababa de estrenarse como presidente de la restaurada Generalitat de Cataluña. En los años anteriores, Banca Catalana había experimentado un fortísimo crecimiento hasta un activo de 1.500 millones de euros (250.000 millones de pesetas de la época) gracias a la concesión masiva de créditos sin tener en cuenta los riesgos (¿les suena la historia?).

Pero las duras secuelas de la segunda crisis del petróleo en la economía española dispararon la morosidad y las necesidades de provisionar los créditos impagados (¿les sigue sonando la historia?). Estas provisiones abocaron a la entidad a unas grandes pérdidas, lo que encendió las alarmas sobre su solvencia.

La situación estalló en junio de ese año, cuando los rumores de suspensión de pagos llegaron a los medios de comunicación y se produjo la situación más temida por una entidad financiera: la retirada masiva de depósitos. Tan mal se pusieron las cosas que el Banco de España tuvo que mandar un camión a la Plaza de Catalunya con mil millones de pesetas en efectivo para hacer frente a la salida de fondos.

Había que buscar una solución porque no se podía dejar caer al banco del molt honorable (mantenía un 5% del capital), y se encontró en una emisión de bonos convertibles en acciones por valor de 5.700 millones de pesetas (34,25 millones de euros) que se ofrecieron a las principales entidades financieras del país y a lo más granado de la clase empresarial catalana. Como no fue suficiente -las 10 cajas catalanas de entonces suscribieron 3.500 millones-, se pusieron a la venta para el público en general, en un intento desesperado por salvar al banco.

Aquella emisión también tuvo un componente "patriótico", puesto que se presentó casi como una cuestión de Estado para Cataluña y se fijó un tipo de interés muy inferior al de mercado en esos momentos al considerarse "un precio político". Algo que fue un error garrafal, porque se cargó la posible demanda de la colocación y la abocó al fracaso.

En todo caso, resultaba claramente insuficiente para salvar a Banca Catalana: una auditoría encargada a Price Waterhouse encontró que el desfase patrimonial de la entidad era de 138.000 millones de pesetas (829 millones de euros). Así que no quedaba más salida que la intervención, que fue ejecutada por el Banco de España el 3 de noviembre de ese año.

El Fondo de Garantía de Depósitos tuvo que inyectarle 83.000 millones de pesetas (500 millones de euros), en lo que fue el mayor rescate bancario de la historia hasta la fecha y que no fue superado hasta el de Banesto en 1993. Una vez saneada, Banca Catalana fue vendida al Banco de Vizcaya, y su absorción definitiva tuvo lugar en el año 2000 en el contexto de la fusión de BBV y Argentaria. En 2001 se vendió la histórica sede del banco en la Diagonal de Barcelona al grupo Planeta.

Pujol en el banquillo

La historia no terminó ahí. El fiscal José María Mena presentó en 1984 una querella contra 25 ex altos cargos de Banca Catalana, entre ellos Pujol, por presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad de documento público y mercantil, y maquinación para alterar el precio de las cosas.

La reacción del president fue furibunda: acusó al Gobierno central de montar una persecución política contra él y se convocó una manifestación en Barcelona en su apoyo. Pero la querella siguió adelante y tuvo que prestar declaración -en su residencia oficial, eso sí- ante el juez Ignacio de Lecea. 

Al final el asunto quedó en agua de borrajas porque en 1986 el pleno del Supremo votó por mayoría en contra de procesar a Pujol al estimar que "no había indicios racionales de criminalidad". En 1990, la Audiencia de Barcelona decidió también el sobreseimiento de la causa contra el resto de los implicados, aunque consideró en el auto que habían llevado a cabo "una gestión imprudente e incluso desastrosa?

¿Podría repetirse ahora la historia?

Por tanto, aquella emisión "patriótica" acabó como el rosario de la aurora. Y hay quien se plantea si ahora no puede ocurrir lo mismo con los bonos de Montilla. Es cierto que no estamos hablando de un banco sino de una institución pública, que además cuenta con un rating elevado (A). Pero también lo es que la Generalitat tiene graves problemas financieros, que necesita el dinero de la emisión para hacer frente a sus gastos corrientes -entre ellos los salarios de los funcionarios- y que tiene que venderla a los particulares porque los mercados mayoristas no quieren saber nada de estos bonos.

La diferencia más clara es que esta vez los bonos pagan un interés muy elevado (no hay precio político) y que los usos del mercado financiero han cambiado mucho, de forma que ahora la colocación está asegurada por las entidades financieras hasta 1.000 millones.

Pero si algo nos ha enseñado la crisis financiera es que no hay nada imposible y que, aunque parezca un disparate, no se puede descartar que la Generalitat incurra en default en algún momento si la crisis se agrava. Sería un cisne negro de los de Nassim Taleb, pero los cisnes negros existen y a veces cantan.