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Santander 'interviene' su área de inmuebles adjudicados tras descubrir malas prácticas
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QUITA LOS PODERES DE FIRMA Y PAGO A SUS DIRECTIVOS, ENTRE ELLOS JAVIER ARREDONDO

Santander 'interviene' su área de inmuebles adjudicados tras descubrir malas prácticas

Santander ha decidido intervenir antes de que fuera demasiado tarde. El pasado mes de junio, los servicios de Auditoría Interna del banco, cuyo responsable máximo es

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Santander 'interviene' su área de inmuebles adjudicados tras descubrir malas prácticas

Santander ha decidido intervenir antes de que fuera demasiado tarde. El pasado mes de junio, los servicios de Auditoría Interna del banco, cuyo responsable máximo es Juan Guitar, comenzaron una investigación en el Departamento de Inmuebles Adjudicados, dependiente de la Dirección General de Medios e Inmuebles. Antes de que concluyera el trabajo realizado, la entidad intervino este área y retiró los poderes de firma y pago a varios de los directivos que forman parte del equipo, aunque por el momento no ha realizado ningún relevo o sanción.

 

A pesar de la discreción desplegada, la actuación de los servicios de auditoría interna ha trascendido más allá de la entidad. Fundamentalmente, porque entre los afectados figura Javier Arredondo, uno de los directores del Departamento de Inmuebles Adjudicados. Aunque su trayectoria en el banco no llega a los dos años, su peso en la organización le viene dado por su condición de hijo de Luis Arredondo, responsable del fondo Santander Global Property, ex presidente de Urbis, la antigua inmobiliaria de Banesto, y hombre de confianza del consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz.

La auditoría, que se inició con motivo de las quejas y denuncias recibidas desde dentro y fuera de la casa, ha resuelto que desde este departamento, formado por 15 personas, se han venido realizando malas prácticas, contrarias a los protocolos internos establecidos por el propio Santander para su buen funcionamiento. Según consta en el informe, al que ha tenido acceso este diario, se ha incurrido en gastos no justificados, amiguismo en los fichajes de colaboradores para labores comerciales y ocultación de servicios contratados a terceros.

El Departamento de Inmuebles Adjudicados gestiona los activos que el banco se queda por medio de acciones judiciales, compras o daciones en pago de deuda, que posteriormente clasifica y agrupa para su venta. Precisamente, la estructura comercial tejida por Javier Arredondo ha sido uno de los puntos cuestionados por la auditoria interna. El ejecutivo contrató a familiares y allegados, tanto para dentro del banco, en distintas zonas regionales, como para terceras empresas a las que el Santander recurrió como comercializadores de los activos adjudicados.

Respecto a los gastos, la auditoría recoge que se han “presentado graves incidencias en la negociación y pago a proveedores por los servicios prestados”, bien por no cumplir el modelo corporativo, que implica un proceso de aprobación, o por la falta de facturas de los servicios pagados. Para corregir esta situación, los inspectores del propio Santander recomiendan a sus superiores que se establezca “un control de aprobación para las operaciones de empleados o colectivos que superen un determinado importe o nivel directivo”.

Otro de los aspectos que detalla la auditoria hace referencia al riesgo tecnológico existente. Los ficheros que contienen la información de los activos adjudicados del Santander, traspasados a la empresa Contenium (administrador de la aplicación informática de gestión Salesforce), “no tienen controles de acceso, ni existe registro de los usuarios que acceden a los mismos”. Este trasvase de información confidencial podría haber dado lugar a que se vendieran inmuebles por parte de terceros sin la supervisión o control directo del equipo del banco.

De momento, más allá del trabajo realizado por la auditoría interna, la dirección del Santander no ha considerado oportuno efectuar ningún tipo de cambio en el equipo de Inmuebles Adjudicados. Consultadas por este diario, fuentes oficiales del banco no quisieron hacer ningún comentario sobre la información en cuestión y restaron importancia a los hechos. Sin embargo, esta aparente pasividad ha provocado cierto malestar entre los directivos de la Ciudad Financiera de Boadilla del Monte, que tienen constancia de la investigación realizada. 

Un decisión comprometida para los ex Banesto

El departamento cuestionado no es una división de negocio con entidad propia o autónoma y depende jerárquicamente de la Dirección General de Medios e Inmuebles, cuyo responsable máximo es José María Fuster, cerebro tecnológico del banco y mano derecha de Alfredo Sáenz, que ya contó con sus servicios en Banesto y donde ambos coincidieron con Luis Arredondo, ya entonces convertido en el hombre para el negocio inmobiliario, después de haber desarrollado su carrera en el sector desde la banca (Hispanoamericano) o las inmobiliarias (Zabálburu).

Precisamente, la cantera de la vieja Urbis de Banesto sirvió también para que Manuel del Castillo, el actual consejero delegado de Altamira Real Estate, la inmobiliaria montada por el Santander para gestionar las promociones nuevas y los suelos que se quedado el banco, trabajara hasta 2005 a las órdenes de Luis Arredondo. Tras un breve periodo en Colonial, donde coincide con Luis Portillo, su entrada en el banco rojo a finales de 2008 coincidió también con la incorporación de Javier Arredondo al Departamento de Inmuebles Adjudicados.

La tercera gran pata inmobiliaria del Santander era el popular fondo de inversión Banif Inmobiliario, gestionado desde la división de banca privada. En esta ocasión, el actual primer ejecutivo no procede de la cantera de Banesto ni de la esfera de Arredondo (padre). Con motivo del conflicto provocado por el bloqueo a los partícipes del fondo, Emilio Botín confió la liquidación ordenada de los activos del vehículo inversor a Juan Ignacio Ruíz de Alda, un ejecutivo de su máxima confianza, rescatado de Unión Resinera Española, al que concedió la presidencia de la gestora.

Santander ha decidido intervenir antes de que fuera demasiado tarde. El pasado mes de junio, los servicios de Auditoría Interna del banco, cuyo responsable máximo es Juan Guitar, comenzaron una investigación en el Departamento de Inmuebles Adjudicados, dependiente de la Dirección General de Medios e Inmuebles. Antes de que concluyera el trabajo realizado, la entidad intervino este área y retiró los poderes de firma y pago a varios de los directivos que forman parte del equipo, aunque por el momento no ha realizado ningún relevo o sanción.

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