Méndez alerta de que la Ley de Cajas dejará sin servicios financieros al 20% de la población

Durante su intervención en una Asamblea de Delegados de la Federación de Servicios del sindicato (FeS-UGT) para llamar a la huelga a los trabajadores del sector, Méndez puso como ejemplo el caso italiano, en donde "una operación de esta naturaleza" elevó la exclusión hasta cerca del 25%. En la actualidad, en España la exclusión financiera afecta a un 7% de los ciudadanos.

El líder ugetista alabó la figura de las cajas como entidades que "abren oficinas, crean puestos de trabajo, están vinculadas al desarrollo económico y social de España y captan ahorro". Por contra, criticó que durante los últimos años los bancos "han cerrado un gran número de oficinas y han despedido a miles de trabajadores para su expansión internacional".

"La operación es magnífica; se bancarizan las cajas, y salvo las dos grandes, que serán bancos en un plis plas, lo que se va a producir es una transferencia de un lado a otro del ahorro captado", sentenció Méndez. De este modo, el dirigente sindical criticó la actuación del Banco de España, "avalada por el Ministerio de Economía", y comparó la situación con la parábola bíblica del sirviente fiel, que cuida la viña de su señor en su ausencia y a su regreso le entrega sus ganancias.

Asimismo, tachó de "lamentable" que los políticos "renieguen de los políticos" cuando se toma la decisión de profesionalizar las cajas y cuestionó lo que significa ser "un profesional", al recordar que "Madoff era un profesional y no un concejal del Ayuntamiento de Connecticut, y Lehman Brothers una institución profesional, y no la diputación provincial de Massachusetts".

Asimismo, el secretario general de la Federación de Servicios del sindicato (FeS-UGT) en Madrid, Roberto Tornamira, consideró que la nueva Ley de Cajas pone a estas entidades "en manos de los especuladores". "La única condición que se ha puesto al sector para recibir 12.000 millones de euros con los que afrontar las SIP (Sistema Institucional de Protección) es que destruyan entre 15.000 y 35.000 empleos y se cierren entre 2.500 y 7.000 oficinas", argumentó Tornamira, quien lamentó que el Gobierno se niegue a disponer de una red de distribución del crédito.