La refinanciación de la deuda española, pendiente de cómo reciba el mercado la reforma

La reforma laboral que hoy aprobará el Gobierno no es sólo crucial para reducir el altísimo nivel de paro de nuestro país, sino también para recuperar la confianza de los mercados en nuestro país y poder así refinanciar los fortísimos vencimientos de deuda (40.000 millones de aquí a septiembre) que ahora mismo están en el aire. Porque el éxito de las últimas subastas difícilmente va a continuar mucho tiempo; de hecho, los que acudieron a la de la semana pasada ya pierden dinero.

Tan delicada es la situación que el Gobierno ha cambiado radicalmente de discurso respecto a los mercados: ha dejado de echar la culpa de los problemas a los "especuladores" y, el lunes, el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, afirmaba tajantemente que "es imprescindible recuperar la confianza de los mercados". Ayer, el mismísimo ministro de Fomento, José Blanco (autor de la teoría de la conspiración de los hedge funds), reiteró ese argumento.

Las informaciones publicadas por distintos medios internacionales sobre que la UE está preparando el rescate de España, aunque desmentidas tanto por el Gobierno como por Bruselas, son una prueba clara de esa desconfianza de los mercados. Otra evidencia es la reapertura de la barra libre de liquidez del BCE, provocada por el temor a la situación española. Y el diferencial con Alemania, después de bajar la semana pasada hasta 11,86 puntos porcentuales, ha vuelto a superar los 2 puntos; ayer cerró en 2,05.

La subasta del jueves pasado de bonos a tres años logró una importante sobredemanda, un 50% de la cual vino de inversores extranjeros, a costa de disparar el tipo de interés pagado un 67%, desde el 2,03% hasta el 3,39%. Sin embargo, expertos del mercado consultados por El Confidencial creen que este éxito no va a mantenerse mucho tiempo si continúa la desconfianza actual. Ayer mismo, colocó menos letras de lo que esperaba a pesar de subir también un 45% el interés.

Las próximas subastas, en peligro

"El Tesoro ha echado mano de la banca para que las subastas se cubran, pero esta práctica no puede prolongarse eternamente, sobre todo si los que acuden a las colocaciones pierden dinero", afirma uno de estos expertos. Se refiere a que los títulos emitidos la semana pasada cotizan ya por debajo del precio al que fueron adquiridos.

Hace dos semanas ocurrió algo parecido con la subasta de títulos a 10 años: "Muchos de los que compraron vendieron inmediatamente en mercado, lo que es una muestra clara de falta de confianza, y los que no acudieron pudieron comprar más barato que en la subasta", comentan en una entidad financiera. Mañana se celebrará una nueva colocación de bonos a 10 y 30 años, por la que el Tesoro espera recaudar 2.500 millones.

Todo esto evidencia que el "tijeretazo" de Zapatero (el plan de recorte de gasto que incluye la bajada de sueldo de los funcionarios y la congelación de las pensiones), aunque fue bien recibido inicialmente, no basta para que los inversores se decidan a volver a prestar su dinero a nuestro Gobierno. Hacen falta más medidas creíbles, y entre ellas destaca especialmente la reforma laboral que se presenta hoy.

Negras perspectivas para la reforma

La cuestión, por tanto, es si la reforma laboral será creíble. Las perspectivas no son muy buenas, a decir de los expertos: el grupo de los Cien Economistas se reunió ayer con el Presidente para pedirle una reforma más profunda, ya que “si se aprueba el texto tal y como se entregó a los agentes sociales, corremos el peligro de que sea mal recibido por los mercados”.

No obstante, el citado Blanco admitió ayer en Santander que se puede profundizar en algunos temas como las causas del despido, la vinculación de los salarios a la productividad y el reparto del tiempo de trabajo como alternativa a los despidos para reducir costes.

Otro de los que se ha mostrado muy crítico con el borrador de la reforma es el ex ministro de Economía Carlos Solchaga. A su juicio, la norma no soluciona los tres grandes problemas del mercado de trabajo: la simplificación de los contratos y la reducción de los costes del despido, la descentralización del sistema de negociación colectiva y la ineficacia del Inem para encontrar empleo a los parados. De hecho, calificó de "un poco asombroso que no sólo no se reduce el número de contratos sino que aumenta, se recuperan cosas como las causas objetivas de despido y, además, se introduce una subvención para el despido".