Caso Gescartera: el Supremo absuelve a La Caixa y limita la responsabilidad de Caja Madrid

La cuantía que deberá abonar la entidad madrileña se fijará en ejecución de sentencia pero podría llegar a 26,37 millones de euros, según lo cifrado el fiscal Vicente González Mota durante el juicio. Esta cantidad irá destinada a los 650 clientes, pendientes de cobro, cuyos nombres aparecen en la sentencia.

A esta cifra se podrían sumar los intereses por los ocho años transcurridos desde la intervención de Gescartera el 14 de junio de 2001 por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y los tres, que se prevé, tarde en ejecutarse el fallo, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

"Se declara la responsabilidad civil subsidiaria de Caja Madrid Bolsa, si bien sólo por lo ilegítimamente distraído por los responsables de Gescartera condenados, del total de los recursos gestionados como depositaria, durante el tiempo de prestación de servicios", concluye el fallo que desestima parcialmente el recurso de casación de la entidad.

El Supremo confirma que Caja Madrid Bolsa firmó el 10 de noviembre de 1999 un contrato de subcustodia de valores con Gescartera sin exigir poderes específicos de los clientes para la gestión de sus fondos, tal y como exigía la regulación de la Orden Ministerial dictada el 7 de octubre del mismo año. La entidad gestionó alrededor de 42.000 operaciones en bolsa para la agencia de valores durante un periodo de 19 meses.

La sentencia exime de pagar a la 'la Caixa' al absolver al director de la sucursal de la entidad de Mahadahonda (Madrid), José Alfonso Castro Mayoral, y a su subdirector, Miguel Carlos Prats, como colaboradores necesarios de la apropiación indebida por emitir dos certificados falsos con los que los responsables de Gescartera trataron de engañar a la CNMV en 1999 para evitar las inspecciones.

"Al carecer sus acciones de relevancia criminal y no existir condena por otra u otras de las que Castro Mayoral y Prats Oria hubieran sido autores, falta por completo fundamento para la declaración de responsabilidad civil de 'la Caixa'", concluye el Supremo.

El supremo confirma la pena máxima a Camacho

El fallo del Supremo confirma la pena de 11 años de cárcel impuesta por la Audiencia Nacional, la máxima solicitada por el fiscal, al propietario de Gescartera, Antonio Camacho, por delitos de apropiación indebida y falsedad documental al desestimar íntegramente su recurso de casación. Camacho se encuentra actualmente cumpliendo condena en el Centro Penitenciario Madrid VI de Aranjuez, donde ingresó el 27 de marzo de 2008, inmediatamente después de la lectura pública de la sentencia.

El Alto Tribunal desestima íntegramente el recurso de casación de Camacho que alegó vulneración de los derechos fundamentales, una incorrecta aplicación del Código Penal, al considerar que los delitos juzgados se cometieron antes de 1995, año de la última modificación del Código Penal, lo que habría rebajado a seis años su condena.

Asimismo, el Supremo confirma la condena impuesta al 'número dos' de Camacho, José María Ruiz de la Serna, de 10 años y medio de cárcel, la del apoderado Francisco Javier Sierra de la Flor, que fue condenado a seis años de cárcel por delitos continuados de apropiación indebida, y la de la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna, con una pena de tres años y seis meses de cárcel por complicidad en delito continuado de apropiación indebida.

El fallo absuelve al responsable de la comercial de Gescartera Administración y Gestión de Patrimonios (AGP), Aníbal Sardón, de la condena de 9 años de prisión pero le considera responsable civil a título lucrativo por lo que tendrá que abonar 88.671 euros. La sentencia absuelve también al asesor fiscal de Gescartera, Julio Rodríguez Gil, que fue condenado a 10 años y medio de cárcel.

El tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal del Supremo estudió los 22 recursos de casación presentados contra el dictamen de 25 de marzo de 2008 de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional. El tribunal estuvo formado por el ponente Perfecto Andrés, y los magistrados Adolfo Prego, Luciano Varela, Manuel Marchena y Alberto Jorge Barreiro.

El organismo supervisor intervino Gescartera el 14 de junio de 2001, tras varias inspecciones, ante sospechas de malas prácticas y ausencia de información real sobre su situación. El escándalo alcanzó al entonces secretario de Estado de Hacienda bajo el Gobierno del Partido Popular y hermano de la presidenta de Gescartera, Enrique Giménez Reyna, así como a la entonces presidenta de la CNMV, Pilar Valiente. Ambos dimitieron y declararon en el juicio oral como testigos.

Las reclamaciones de los inversores ante el juzgado alcanzaron los 94 millones al incluir las revalorizaciones prometidas por Gescartera. El Fondo de Garantía de Inversiones (Fogain) devolvió un total de 26 millones de euros a parte de los clientes (con un tope legal de 20.000 euros por caso).