La responsabilidad del almacenamiento de CO2 pasará al Estado 20 años después del cierre del emplazamiento

La transferencia de la responsabilidad sobre los emplazamientos que se exploten para almacenar geológicamente dióxido de carbono (CO2) pasará al Estado al menos 20 años después de su cierre, según el borrador del Anteproyecto de Ley que transpone la directiva europea 2009/31/CE que desde hoy y hasta el 30 de septiembre se somete a información pública y que fue presentado en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

De este modo, la secretaria de Estado de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Teresa Ribera, explicó que la directiva busca establecer un marco jurídico en la legislación española para que una vez desarrollados los mecanismos tecnológicos pertinentes y diagnosticadas las posibles ubicaciones, se pueda almacenar geológicamente CO2 en condiciones seguras para las personas, el medio ambiente y las instalaciones, y luchar así contra el reto global del cambio climático.

Ribera señaló que también desde hoy se somete a información pública el anteproyecto de Ley de comercio de derechos de emisión, que ya aprobó en diciembre de 2008 el Parlamento Europeo, pues ambas forman parte del paquete de energía y cambio climático con el objetivo de cumplir el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 por ciento para 2020, o un 30 por ciento si otros países desarrollados también se comprometen en esa dirección.

"Se trata de dos disposiciones complejas, una por novedosa y otra, por la cantidad de elementos técnicos que se modifican y la complejidad de los plazos", reflexionó la secretaria de Estado que, no obstante, anunció que "la intención" del Gobierno es que tras su exposición pública, durante octubre se evalúen los comentarios recibidos para que el texto se modifique en noviembre. A continuación, añadió que el anteproyecto de Ley se llevará a Consejo de Ministros para enviarlo "antes de fin de año" al Congreso de los Diputados.

De este modo, concretó que el borrador del Anteproyecto de derechos de emisión es una revisión en profundidad del régimen comunitario del comercio de derechos  y empezará a funcionar a partir de enero de 2013, para reducir en 2020 las emisiones en un 21 por ciento respecto a 2005.

Además, la normativa prevé que se incluya en este sistema al sector de la aviación a partir de 2012 para "todos" los vuelos con despegue o aterrizaje en la UE. "Es relevante para la estrategia nacional de reducción de emisiones, contabilidad de CO2, planificación económica y energética en congruencia con el régimen del comercio de emisiones", incidió. En ese sentido, el director general de Aviación Civil, Manuel Ameijeiras, destacó el "compromiso medioambiental" del sector así como la cooperación constructiva entre las partes, que "permitirá afrontar la lucha contra el cambio climático".

El fin de los planes nacionales de asignación

Entre las novedades, Ribera destacó la ampliación del ámbito de aplicación a nuevos sectores y gases; la desaparición de los Planes Nacionales de Asignación, ya que el volumen total de derechos máximo se determinará a nivel comunitario, de tal forma que la asignación de derechos quedará armonizada a nivel europeo. Asimismo, habrá asignación 100 por 100 gratuita para sectores expuestos (industriales) a "fugas de carbono" y los ingresos que se obtengan en las subastas de CO2 se destinarán a la lucha contra el cambio climático.

Posteriormente, en declaraciones a los medios, la secretaria de Estado concretó que de momento se está realizando un "análisis geológico del país" para analizar los posibles emplazamientos de los almacenes subterráneos de carbono, para después conceder los permisos de investigación y la concesión de almacenamiento. "Primero hay que ver si España tiene capacidad de almacenamiento, independientemente del proceso de captura de CO2", advirtió.

También indicó que debido al elevado importe económico que se exigirá como garantía financiera de solvencia y cumplimiento al concesionario para "estar seguros de que el promotor es serio", se hará "improbable" que los particulares acudan a estos sistemas. Si bien, señaló que este aval no se fijará por cantidad sino por las características y el tamaño del almacenamiento.

A la presentación de sendos borradores de Anteproyecto de Ley asistieron también el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, el director general de Industria, Jesús Candil, y el secretario general de Política Económica y Economía Internacional, Ángel Torres.