MÁS DE 20.000 EMPRESAS SUFRIRÁN LA LIBERALIZACIÓN ELÉCTRICA

"Mi empresa está en concurso, ninguna eléctrica me ofrece un contrato y cada vez pagó más por la luz"

“La suspensión de pagos sólo servía para enterrar muertos. Se supone que la Ley Concursal, que establecía el concurso de acreedores y la tutela judicial, iba

Foto: Mi empresa está en concurso, ninguna eléctrica me ofrece un contrato y cada vez pagó más por la luz
"Mi empresa está en concurso, ninguna eléctrica me ofrece un contrato y cada vez pagó más por la luz"
“La suspensión de pagos sólo servía para enterrar muertos. Se supone que la Ley Concursal, que establecía el concurso de acreedores y la tutela judicial, iba a ayudar a reflotar empresas. Y ahora resulta que precisamente por estar en esa situación ninguna eléctrica me hace un contrato y en seis meses me cortan la luz”, lamenta M.S., socio de una empresa cerámica valenciana que no encuentra suministrador eléctrico y que, desde hoy, fecha en que arranca la liberalización total del sector, afrontará una dura penitencia de recargos hasta que no encuentre comercializadora en el mercado libre. En medio año se quedará sin electricidad.

Su caso no es único. Según los datos facilitados por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) el 31 de enero, siete meses después de la supresión de las tarifas de alta tensión, 27.000 clientes no habían conseguido cerrar un contrato en el mercado. “Yo entiendo a las eléctricas. No tienen por qué soportar impagados –explica a este periódico M.S., que prefiere mantener el anonimato-. Pero no es el caso. Por la gestión hecha en el concurso tenemos tesorería para pagar por adelantado. El compromiso de los administradores concursales es que, si no generamos cash para pagar las facturas, la empresa se liquida. Pero las eléctricas tienen miedo”.  

A partir de hoy, la mayoría de los consumidores domésticos con potencias contratadas inferiores a 10 kilovatios, unos 24 millones de usuarios, pasarán automáticamente a la denominada tarifa de último recurso (TUR), que tendrá una subida del 2% en julio. Son los que menos deben preocuparse. Los clientes con más de 10 kilovatios contratados, aproximadamente 1,5 millones de pymes o micropymes, deberán negociar sus contratos con los nuevos operadores. Mientras no cierren su tarifa, verán como su recibo se acompasa a la TUR, más un recargo del 20%. A los seis meses quedará rescindido el contrato con la compañía eléctrica.

M.S. apunta directamente al Ejecutivo: “Es una falta de previsión por parte del Gobierno, que no sabe lo que es gestionar una empresa. Parecería lógico que las sociedades en concurso de acreedores pudieran acogerse a la TUR mientras estén en esa situación. Y eso no supone ninguna competencia desleal. Se puede pagar más, pero no cantidades crecientes tendentes al infinito”. Y es que desde el 1 julio de 2008 su empresa ya soporta un recargo acumulativo del 5% al mes por permanecer en la tarifa regulada. “Después de 10 meses, el precio de nuestro consumo es un 55% más caro que el del mercado, 70.000 euros con IVA”, se queja. Lo ideal para una sociedad en crisis.

Una cadena que arranca en EEUU

El problema es que en los últimos cuatro meses la empresa de M.S. ha recibido la negativa de hasta siete compañías en su porfía por cerrar un contrato de la luz para su empresa. “Lamentamos comunicarles que en estos momentos no tenemos disponibilidad de kilovatios para poder realizarles una oferta competitiva”, les aseguraba el 17 de junio Iberdrola, su suministrador actual. Un argumento cuando menos sorprendente. Centrica fue más franca y se limitó a señalar la situación de concurso de acreedores de la empresa: “Lamento confirmarle que, en las actuales circunstancias, no podemos ofrecerle suministro eléctrico”. El resto ni siquiera ha contestado formalmente. M.S. asegura que varias de las empresas le han pedido un aval de dos años.

“Y si las empresas con problemas financieros, que estén en el Asnef o tengan informes financieros negativos, no van a recibir ofertas de las eléctricas, ¿cuántos parados habrá por cortes de suministro?”, se pregunta M.S, que ayer presentaba una demanda de incidente concursal contra Iberdrola, de la que es cliente desde 2006, en el Juzgado Mercantil número 1 de Castellón. En la misma, no sólo se pide que se mantenga el suministro eléctrico conforme a los contratos vigentes a 10 de noviembre, fecha en que se admitió el procedimiento concursal, sino que se declaren ilegales los recargos. Se busca que la Ley Concursal tenga prioridad.

“La situación generada implica la derogación, de facto, de la ley 22/2003 Concursal, en sus principios generales (…) al establecer el mandato de intentar en primer lugar la reestructuración y refinanciación de las empresas para evitar en casos de crisis económicas la desaparición del tejido empresarial e industrial de la nación (…) Al remitir a aquélla empresa impotente para conseguir una oferta de suministro a un comercializador de último recurso, diseñado como un purgatorio de precio sanción en crecimiento exponencial, se le está condenando al cierre por imposibilidad de competir”, se recoge en la demanda.

M.S. vio cómo a principios de noviembre se admitía a trámite su solicitud de concurso de acreedores. Empresa dedicada a la fabricación de azulejos y gres con vocación exportadora, sufrió en sus carnes la crisis financiera en EEUU, que empezó a golpear a las empresas estadounidenses antes que a las españolas. “Nuestro mejor cliente en Estados Unidos, al que vendíamos 2,5 millones de euros al año, dejó de comprarnos y nos dejó sin pagar unos 850.000 euros. Fue la puntilla. Crédito y Caución no quiso indemnizarnos. Exportar es más arriesgado de lo que la gente cree”.

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