El gasto de las empresas en indemnizaciones por despido se multiplica por más de tres hasta marzo

Las indemnizaciones por despido costaron 160,5 millones de euros a las empresas en el primer trimestre del año, con lo que su coste se ha multiplicado por 3,4 veces respecto a los 47,2 millones de euros desembolsados en el mismo periodo de 2008, según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Además, el coste de los despidos hasta marzo casi iguala los 176,4 millones de euros abonados por las empresas en todo 2006 y a los 194,6 millones de euros del año 2007.

Del total abonado por las empresas entre enero y marzo,76,6 millones de euros correspondieron a despidos por sentencia, cifra un 164,1% superior a la registrada un año antes. Este incremento fue menor en el caso de los despidos por conciliación, a los que las empresas dedicaron 83,9 millones de euros, un 360,9% más.

El resto de conflictos individuales se saldaron con 57,4 millones de euros reconocidos a los trabajadores, un 90,6% más que en el primer trimestre de 2008. De todos ellos, 45,6 millones correspondieron a conflictos individuales por sentencia (+95,7%), mientras que 11,8 millones fueron para conflictos por conciliación (+71%).

Por su parte, las indemnizaciones recibidas por los empleados por conflictos colectivos alcanzaron los 24.400 euros en el conjunto del pasado año, cifra un 98,9% inferior a la registrada al cierre de 2007.

La suma reconocida por asuntos judiciales relacionados con la Seguridad Social, como afiliación, cotización, prestaciones, accidentes de trabajo o enfermedades laborales, descendió a 2,9 millones de euros, un 16,6% más que en el ejercicio anterior.

En concreto, 2,7 millones correspondieron a asuntos judiciales por sentencia (+17,9%) y 124.100 euros a asuntos judiciales por conciliación (-6,6%).

La CEOE ha remitido a los grupos parlamentarios una serie de propuestas sobre contratación a incluir entre las enmiendas al proyecto de Ley de medidas urgentes para el fomento y protección del empleo, entre las que se plantea un contrato de crisis para parados y empleados temporales, con una vigencia de hasta dos años y una indemnización de 8 días.

Sin embargo, el Gobierno se ha mantenido firme en su rechazo a cualquier abaratamiento del despido, ya que, a su juicio, esta opción no está en la línea de cambio del modelo productivo y no permitirá la generación de empleo estable.