La nueva Ley del Mercado de Valores ampliará la brecha entre grandes y pequeños inversores

La trasposición de la directiva europea de inversiones (MiFID) en nuestro país va a provocar un auténtico terremoto. Además de las polémicas sobre los productos que comprende la norma y sobre los requisitos para ser asesor financiero, surge la posibilidad de que ensanche aún más la brecha que existe entre los grandes inversores y los pequeños. Una consecuencia perversa del exceso de protección que dispensa la nueva Ley a estos últimos.

Así lo cree Ramiro Martínez-Pardo, consejero delegado de Nordkapp y presidente del observatorio de los mercados financieros de la Fundación de Estudios Financieros. A su juicio, “el segmento más perjudicado por la MiFID será la banca minorista, que va a sufrir un incremento de costes y una reducción de la oferta para los clientes retail, ya que la norma cataloga algunos productos como aptos sólo para inversores cualificados”.

Martínez-Pardo puntualizó en una jornada sobre la MiFID celebrada la semana pasada en la Bolsa de Madrid que esta discriminación no será culpa de las entidades, sino de la propia norma. En todo caso, va en dirección contraria a la política que ha desarrollado el Gobierno hasta ahora de abrir los productos a todo tipo de inversores. El ejemplo más claro es la posibilidad de comprar fondos de hedge funds para cualquier inversor, y el mínimo de 50.000 euros para acceder a los hedge funds puros, de los más bajos de Europa.

El otro problema de la banca minorista, el de los costes, no es nada desdeñable: según Pablo Díaz, consejero delegado de banca privada de UBS, “el mayor coste será el de que los comerciales perfilen a todos sus clientes, como ya ha ocurrido en Reino Unido”, mediante los tests de idoneidad que introduce la nueva ley. “El tiempo es el coste más valioso de los bancos, por eso no lo veo viable en entidades con 5 millones de clientes”, añadió en estas jornadas.

Y es que la MiFID, en su afán de superproteger al pequeño inversor, va a exigir que las entidades entreguen a cada cliente una lista interminable de documentos con la política de ejecución de órdenes, los sistemas de garantía, la custodia de valores y fondos… una auténtica montaña de papeles, que algunas entidades van a sustituir por un CD; en todo caso, algo que nadie va a leerse, y mucho menos a entender. “No me preocupan los costes, porque éste es un negocio caro en el que hay que invertir; me preocupan los costes que no aportan ningún beneficio ni a la entidad ni al cliente”, argumenta el representante de Nordkapp.

El sector empieza a cambiar de opinión sobre otra de las posibles consecuencias perversas de la MiFID: el traslado de esos costes al cliente mediante una subida generalizada de comisiones. Según Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4, “el nivel de competencia y de transparencia en el sector ha provocado una bajada continua de las comisiones en los últimos años, y es muy difícil repercutir los costes de la MiFID. El cliente cada vez quiere más por menos”.

La banca privada, dividida