El TAD anula la convocatoria de elecciones de la Federación de Taekwondo

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha anulado el proceso electoral de la Real Federación Española de Taekwondo (RFET), presidida porJesús Castellanos, quie está acusado de varios delitos por la Fiscalía Anticorrupción,tras el recurso presentado por Juan Carlos Eiriz López, presidente de la Federación Gallega, contra el acuerdo de convocatoria de elecciones, el censo electoral provisional y la composición de la Junta electoral de la RFET. Dos cuestiones han sido determinantes para que el TAD haya fallado de manera clara: la composición de la junta electoral y que la convocatoria no hayasido publicada en diarios deportivos.

Sobre la composición de la Junta electoral, el fallo (se puede consultar aquí)recuerda que "el recurrente se refiere al censo electoral remitido junto con la convocatoria, toda vez que manifiesta que se ha recibido con numerosas inexactitudes y errores". Añade que "el recurrente considera que los miembros designados para formar la Junta electoral federativa se encuentran incursos en causa de incompatibilidad al ser todos ellos abogados o procuradores relacionados con el presidente de la Comisión gestora, antes presidente de la federación".

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Acusaciones

Por otra parte,serecuerda que "la regularidad y transparencia de los procesos electorales exige ser especialmente cuidadoso con la designación de quienes deben velar por el control jurídico de todo lo actuado en ellos(…) Los miembros de la Junta electoral deben ser independientes de los diferentes intereses que se ventilen en el proceso electoral federativo (…). No parece razonable ni sostenible desde un punto estrictamente jurídico —no solo formal— que todos los miembros de la Junta electoral tengan relación directa con el presidente de la federación y de la comisión gestora".

"En la Junta Electoral hay tres abogados que llevan su defensa (la del presidente de la federación) en el caso de corrupción", afirma Eugenio Granjo, miembro de la federación valenciana. Él fue el primero en denunciar a Castellanos, acusado de varios delitos porla Fiscalía Anticorrupción, y ahora reclama que deje el cargo."¿Es ético que siga en la federación? Lo normal sería que se apartara y se defendiera fuera", reclama. En su opinión, Castellanos está intentando amañar las elecciones "para seguir en el cargo y taaprlo todo". "No entiendo cómo el Consejo Superior de Deportes no actúa", dice.

En segundo lugar, se alega que laconvocatoriase publicó en 'El País' y 'El Mundo', cuando el artículo 11.3 de la Orden ECI/3567/2007 es clara al disponer que "deberá anunciarse al menos endos periódicos deportivos de ámbito y difusión nacional.Dicho anuncio no incluirá, en ningún caso, los datos personales de los electores incluidos en el censo electoral'. Se recuerda que 'ambos periódicos no son deportivos, sino generalistas. Esto implica que la norma no ha sido debidamente cumplida".

Se deja claro en el fallo que la resolución es definitiva en vía administrativa, y contra la misma podrá interponerserecurso contencioso-administrativoante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Madrid, en el plazo de dos meses desde su notificación.

Una federación en la diana

Mientras en el plano deportivo todo parece ir sobre ruedas —el taekwondo español consiguió dos medallas en los Juegos de Río—, en los despachos la situación es muy diferente. La anulación del proceso electoral es un nuevo golpe para el presidente de la federación, Jesús Castellanos.En junio, él y José María Pujadas, secretario general,fueron detenidosacusados de apropiación indebida y administración desleal. Eso no impidió que Castellanos siguiera en el cargo y acudiera dos meses después a los Juegos, donde se dejó ver junto al presidente del Comité Olímpico Español,Alejandro Blanco.

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La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UEDF)reveló sueldos encubiertos a directivos, alteración de las cuentas anuales, obtención irregular de subvenciones públicas, patrocinios que no cuadraban y taquillajes desaparecidos. "Existen indicios racionales de la presunta comisión de los delitos defraude a las subvenciones, malversación de caudales públicos,administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental", concluye la UDEF.