Un socio solicita por vía judicial la suspensión temporal de la Asamblea del Real Madrid del 23N

Un socio del Real Madrid ha solicitado, con carácter urgente, ante la Audiencia Provincial de Madrid, la suspensión de la celebración de la Asamblea General Ordinaria del Real Madrid, convocada para el próximo 23 de noviembre, "hasta que recaiga resolución firme en los procedimientos acumulados; subsidiariamente, y para el caso de que la Asamblea llegara a celebrarse, la suspensión de la eficacia de todos los acuerdos que se adopten en ella".

Según puede leerse en el escrito al que ha tenido acceso este diario y del que ya tiene conocimiento el club que preside Florentino Pérez, "ante esta Audiencia Provincial pende el recurso de apelación en procedimientos acumulados de tutela de derechos fundamentales dirigidos contra el Real Madrid CF, en los que se impugnan:

1. La legitimidad de un censo no depurado, incluyendo personas, entre 6 mil y 20 mil, que no cumplirían los requisitos estatutarios/reglamentarios de admisión como socios, tras un proceso electoral celebrado mientras estaba siendo cuestionado el censo. La elección de socios representantes entre los socios ilegítimamente nombrados y por denegación a un candidato del acceso al censo electoral necesario para realizar campaña en condiciones de igualdad.

2. El recurso de apelación trae causa, además, de una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva producida en la instancia, por haberse celebrado la audiencia previa con la puerta cerrada con llave e impidiéndose el acceso del letrado de esta parte dentro del margen de cortesía reconocido por la jurisprudencia constitucional, causándole indefensión material y procesal.

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3. Con fecha del 5 de noviembre de 2025, la Junta Directiva ha convocado formalmente Asamblea General Ordinaria del Real Madrid CF y publicado en su web, para el próximo 23 de noviembre de 2025, con un orden del día de alcance relevante para la vida asociativa.

4. La celebración de la referida Asamblea, con participación de socios compromisarios cuya condición/elección se impugna en los procedimientos acumulados, la no participación de mi mandante por haberse cercenado sus derechos electorales y la existencia de una Junta Directiva cuya legitimidad está sub iudice, consolidaría situaciones de hecho potencialmente nulas, generando perjuicios graves y de difícil o imposible reparación, y vaciando de contenido la tutela judicial que pudiera acordarse en los procedimientos acumulados de tutela de derechos fundamentales.

5. Es fundamental dejar constancia de que la resolución que dicte esta Audiencia Provincial en el presente recurso de apelación no supondrá una decisión definitiva sobre el fondo del litigio. En caso de que la Sala estime el recurso y revoque el auto de sobreseimiento dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 62 de Madrid, el procedimiento deberá retrotraerse al momento procesal oportuno, señalándose de nuevo la audiencia previa y continuando la tramitación conforme a lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Será únicamente tras la celebración de la audiencia previa y, en su caso, la vista del juicio, cuando se practique la prueba y las partes puedan exponer sus argumentos en condiciones de igualdad y con todas las garantías procesales, momento en el que el órgano judicial de instancia podrá dictar una resolución sobre el fondo del asunto.

6. Por tanto, la resolución de la Audiencia Provincial no pondrá fin al litigio ni resolverá sobre el fondo de las pretensiones ejercitadas, sino que su alcance se limita a determinar si procede o no el sobreseimiento anticipado acordado en la instancia. En consecuencia, la situación de incertidumbre y la necesidad de preservar los derechos fundamentales de las partes subsistirán hasta que se dicte sentencia definitiva en primera instancia, tras la tramitación completa del procedimiento.

7. Por ello, resulta imprescindible la adopción de la medida cautelar solicitada inaudita parte o, en su defecto, tras comparecencia urgente, a fin de evitar la consolidación de situaciones de hecho que puedan resultar irreversibles o contrarias a derecho antes de que exista una resolución firme sobre el fondo del asunto".

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Si se estimara esta denuncia, el procedimiento debería retrotraerse para celebrar de nuevo audiencia previa y, en su caso, juicio, con práctica de prueba y garantías plenas. Por ello, la incertidumbre jurídica persistirá hasta que haya sentencia definitiva en primera instancia, lo que, a su juicio, refuerza la necesidad de medidas cautelares.