El Barça se rearma legalmente para afrontar la guerra de los juicios en otoño
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nuevo jefe del departamento legal del club

El Barça se rearma legalmente para afrontar la guerra de los juicios en otoño

El caso Neymar, la presión de Hacienda y la FIFA fuerzan el relevo en los servicios jurídicos del club. Romà Gómez Puntí, expresidente del Tribunal Català de l’Esport, será el máximo responsable

Foto: El Barcelona se pasará el otoño en los tribunales (Efe)
El Barcelona se pasará el otoño en los tribunales (Efe)

El FC Barcelona jugará hoy en el Vicente Calderón sin Gerard Piqué, al que finalmente el Tribunal Administrativo del Deporte no le ha concedido la suspensión cautelar de la sanción de cuatro partidos que le cayeron por insultar al asistente en el partido de vuelta de la Supercopa de España ante el Athletic Club en el Camp Nou. Piqué había declarado el día antes en rueda de prensa que esperaba buenas noticias, pero visto lo visto, está claro que le traicionó su carácter optimista porque la noticia sería que el Barcelona ganara algún caso ante un tribunal, ya sea penal o deportivo.

El club azulgrana, consciente de que tiene un grave problema en la defensa de sus intereses, ha decidido reforzar la parcela jurídica de la entidad cambiando de arriba abajo la estructura del departamento legal. La primera medida ha sido nombrar a Romà Gómez Puntí, expresidente del Tribunal Català de l’Esport, como máximo responsable de la parcela en sustitución de Laura Anguera. Su mano derecha será el exportero de balonmano del Barcelona David Barrufet.

No le faltará trabajo al señor Gómez Puntí. El Barça está metido en varios charcos que le incumben. Mantiene abierto el caso Neymar, ahora con una doble vertiente. Lo que se conoce como el caso Neymar 1, el de toda la vida, que se juzgará en la Audiencia de Barcelona, y el denominado caso Neymar 2, que ha surgido este verano después de que la empresa DIS haya acusado al Barcelona de incumplimiento contractual. Este caso devolverá al club catalán a la Audiencia Nacional en Madrid.

La FIFA contra La Masia

Abierto en canal está también el asunto de la FIFA contra La Masia, del que se ha descubierto que se cerró en falso en su día. El máximo organismo del fútbol mundial ha inhabilitado de forma temporal a once canteranos, ocho de fútbol 11 y tres de fútbol siete. El Barça entiende que son jugadores que han fichado de forma legal, bien porque sus padres se instalaron en España por razones ajenas al fútbol, porque proceden de otros clubes españoles o porque llevan desde muy pequeños en Catalunya. El club azulgrana, que optó por la vía diplomática después de la sanción que les impide inscribir jugadores hasta enero, parece dispuesto ahora a no presentar batalla a pesar de que considera que le asiste la razón. Su táctica es la de no enfadar a Blatter.

Además de reforzar el departamento jurídico del club, el Barcelona ha contratado los servicios del prestigioso bufete de abogados que lidera José Ángel González Rojo, que a la sazón es el defensor de Josep Maria Bartomeu en el caso FIFA. Este despacho pasa a asesorar integralmente al Barcelona y a sus jugadores en cualquier caso que les afecte. Esto supone, por ejemplo, que a nivel institucional cada contrato que se firme deberá pasar por el visto bueno de este despacho como un segundo filtro de seguridad.

Mascherano, el último problema

En lo que hace referencia a los jugadores, se pondrán todas las herramientas para que los futbolistas que están siendo investigados por Hacienda puedan defenderse con una estrategia común. El último caso es el de Mascherano, que según reveló el diario El País ha pagado 1,5 millones de euros para regularizar el fraude cometido en la gestión de sus derechos de imagen. El ‘Jefesito’ se une así a Messi, que este otoño deberá sentarse en el banquillo acusado de un delito de evasión fiscal.

La estrategia del Bartomeu es clara: alejar el club de los tribunales, donde se ha ido desangrando la última temporada a pesar de los éxitos deportivos. Ahora solo hace falta que predique con el ejemplo y retire la acción social de responsabilidad contra Joan Laporta y el resto de sus directivos, tal y como dejó caer a lo largo de la pasada campaña electoral.

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