La jueza incide en la relación de la RFEF de Rubiales con Gruconsa en las obras de La Cartuja

Un reciente auto dictado por el Juzgado de Instrucción Nº. 4 de Majadahonda ha ampliado las diligencias dentro de la investigación abierta sobre distintas actuaciones vinculadas a la etapa de Luis Rubiales al frente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Es decir, los llamados Supercopa Files destapados por este diario. La resolución judicial pone el foco en las relaciones contractuales entre el entorno federativo de aquella etapa y la constructora Gruconsa SA, en el contexto de las obras realizadas en el Estadio La Cartuja para su acondicionamiento de cara a poder albergar la Eurocopa 2020.

El procedimiento forma parte de una investigación más amplia que se inició en relación con las negociaciones vinculadas a la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí y sus posibles retornos económicos. En ese marco, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analiza ahora determinadas actuaciones relacionadas con la adaptación del estadio sevillano. Unas obras que acometió la citada constructora Gruconsa SA por encargo de la RFEF y dentro del mencionado proceso de adecuación del estadio a las exigencias técnicas de la UEFA para la celebración de partidos de la Eurocopa.

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La decisión de trasladar a Sevilla partidos inicialmente previstos en Bilbao obligó a acometer en pocas semanas una intensa actividad técnica y administrativa para adecuar el recinto a los requisitos exigidos por la UEFA. Aquella situación generó un contexto de urgencia organizativa que obligó a activar numerosos procedimientos de contratación para garantizar la celebración del torneo.

Las instituciones vinculadas a la gestión del estadio

Es por ello que la instrucción que dirige la magistrada Delia Rodrigo trata de esclarecer si en el entorno federativo se articuló una dinámica irregular en la ejecución de determinadas obras. Un ámbito en el que, como comentamos, se concentra actualmente el interés judicial. Es precisamente la relación entre la empresa constructora y el entorno de la anterior dirección de la RFEF lo que está siendo analizado con mayor detalle por los investigadores.

En el marco de la investigación aparecen responsables institucionales vinculados a la gestión del recinto durante aquel periodo. Entre ellos José María Arrabal, el entonces secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, y Daniel Oviedo, gerente del Estadio La Cartuja. Fuentes jurídicas consultadas explican que su presencia en las diligencias responde principalmente a la necesidad de reconstruir el procedimiento administrativo seguido durante aquellas semanas y aclarar el contexto en el que se adoptaron determinadas decisiones técnicas.

Otras fuentes subrayan que la gestión desarrollada desde La Cartuja debe entenderse "en su dimensión institucional". No en vano, tanto Arrabal como Oviedo ejercían responsabilidades en una sociedad pública encargada de garantizar que Sevilla pudiera albergar un evento deportivo internacional de primer nivel, en un escenario marcado por plazos extraordinariamente reducidos y por la intervención de múltiples instituciones.

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Como quiera que el estadio sevillano debía adaptarse en un plazo muy reducido a las exigencias impuestas por la UEFA para poder mantener su condición de sede del torneo, obligó a activar en un corto periodo de tiempo numerosos procedimientos técnicos y administrativos. Además, en este tipo de proyectos participan numerosos actores, entre ellos la RFEF, la UEFA, la Junta de Andalucía y el propio Consejo de Administración del Estadio La Cartuja, lo que implica que muchas de las decisiones se adopten en marcos colegiados y en coordinación entre todos.

Revisión de los dispositivos de Arrabal y Oviedo

Las fuentes consultadas insisten además en que no existe indicio alguno de beneficio económico personal derivado de las actuaciones investigadas. Las referencias incluidas en el auto judicial a operaciones patrimoniales privadas —como la adquisición de viviendas— responden a operaciones ordinarias financiadas mediante hipotecas y coherentes con las trayectorias profesionales de los afectados. El auto contempla la revisión de los dispositivos de Oviedo y Arrabal como una diligencia de investigación destinada a comprobar posibles contactos con Gruconsa SA.

Según la documentación generada durante esos meses, la sociedad gestora del recinto impulsó 33 procedimientos de contratación, en los que participaron 72 empresas, con el objetivo de atender las distintas actuaciones exigidas para la adecuación del estadio. Todo el proceso se desarrolló en apenas dos meses, bajo una intensa presión de plazos y con el riesgo real de que la sede sevillana pudiera quedar fuera de la competición si no se cumplían los requisitos establecidos.

La trazabilidad administrativa de aquel periodo es amplia. Solo en ese intervalo se intercambiaron más de 2.700 correos electrónicos entre las distintas partes implicadas en la gestión de las obras, lo que refleja la intensidad de la actividad y el esfuerzo por documentar cada uno de los pasos adoptados. Diversas fuentes jurídicas apuntan a que el avance de las diligencias permitirá delimitar con mayor claridad la gestión administrativa realizada desde la sociedad gestora del recinto y diferenciarla de eventuales actuaciones promovidas desde otros ámbitos vinculados al entorno federativo durante la etapa de Rubiales.

Un episodio posterior refuerza ese contexto. Meses después de finalizadas las obras, la empresa Gruconsa SA presentó una reclamación económica adicional alegando desviaciones en los costes inicialmente previstos. Tras el análisis correspondiente, dicha solicitud fue rechazada por la sociedad gestora del estadio al no considerarse justificada conforme a los términos contractuales.

Dos meses bajos el control funcional de la UEFA

A ello se suma un elemento singular del contexto operativo. En virtud del acuerdo firmado con la UEFA para la organización del torneo, el Estadio La Cartuja pasó durante aproximadamente dos meses a quedar bajo control funcional del organismo europeo, circunstancia que obligaba incluso a los propios responsables del recinto a acreditarse para poder acceder a determinadas zonas de la instalación.

En paralelo, la investigación judicial se centra ahora en determinar si determinadas actuaciones impulsadas desde el entorno de la RFEF pudieron aprovechar el contexto de urgencia para promover decisiones que hoy son objeto de análisis en el llamado caso Gruconsa.

Los hermanos Pedro y Ángel González Segura

Cabe recordar que en Gruconsa SA trabaja el arquitecto Ángel González Segura, hermano de Pedro González Segura, ex director de los servicios jurídicos de la RFEF con Rubiales, y uno de los siete detenidos por la Guardia Civil cuando el Juzgado de Majadahonda empezó a investigar el presunto desvío de fondos federativos mediante la adjudicación irregular de contratos a la constructora.

Desde la sociedad gestora del estadio se mantiene una posición de plena colaboración con la autoridad judicial, facilitando toda la documentación requerida con el objetivo de aclarar los hechos y delimitar las responsabilidades correspondientes.

Diversas fuentes jurídicas señalan que la evolución de la investigación permitirá distinguir con mayor precisión entre el ámbito de las decisiones operativas adoptadas por los gestores del recinto y las posibles actuaciones que, según las sospechas que ahora centran la investigación, habrían tenido su origen en el entorno federativo que dirigía Luis Rubiales.

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Como desvelaron varios medios, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que durante su etapa como presidente de la RFEF, esta habría contratado a Gruconsa SA para las obras de Estadio La Cartuja "a cambio de que esta realizase pagos a una sociedad administrada por su amigo Francisco Javier Martín, conocido como Nene".

Tal y como ya hemos comentado, en cualquier caso el procedimiento continúa en fase de instrucción y tiene como objetivo reconstruir con precisión las decisiones adoptadas durante el proceso de adaptación del estadio para la Eurocopa. Fuentes jurídicas señalan que el desarrollo de la investigación permitirá delimitar responsabilidades y distinguir entre la gestión institucional del recinto y las posibles actuaciones que pudieran haberse impulsado desde el entorno federativo de la época.