Las dudas legales que deja el posible traslado de la Supercopa de Arabia a Qatar en 2027

La Supercopa de España vuelve a estar en el centro de la polémica. Si Luis Rubiales decidió llevársela primero a Marruecos y después a Arabia Saudí, en este caso con la ayuda de Gerard Piqué y la excusa de los muchos millones que le reporta al fútbol modesto y unas presuntas irregularidades que este diario destapó en los llamados Supercopa Files, el dinero también parece ser algo prioritario para el actual presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán.

A raíz de filtrarse que, a falta de confirmación oficial, la próxima edición no se disputará en Arabia Saudí, sino en Doha (Qatar), la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte remitió este jueves un requerimiento formal al mencionado Louzán, con copia al Consejo Superior de Deportes (CSD), la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y el Juzgado de Instrucción de Majadahonda.

En este escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, la asociación que preside Miguel Galán —hasta ahora alineado con la actual dirección federativa en lo que él mismo definió como "un acuerdo de investidura, que no de legislatura"— se exigen explicaciones, documentación y fundamentos legales sobre una decisión que "vulneraría de forma patente los principios de legalidad, transparencia y control administrativo que presiden el ejercicio de funciones públicas delegadas por parte de la RFEF".

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La coincidencia en fechas con los primeros Juegos Olímpicos de Esports y la Copa Asiática, previstos en territorio saudí entre el 7 de enero y el 6 de febrero de 2027, obliga a trasladar el torneo español. En ese escenario, Doha aparece como la alternativa elegida para acoger la Supercopa, con un acuerdo que se encontraría muy próximo a cerrarse. Curiosamente, en su momento Rubiales desechó un acuerdo más ventajoso con Qatar, aunque sin los 24 millones de euros para Piqué... Sin olvidar, eso sí, que la RFEF de Louzán también ha acordado con Arabia Saudí ampliar el contrato que les une, como mínimo, hasta 2029.

La Supercopa no es un mero producto comercial

El sentido del escrito de requerimiento es inequívoco: la Supercopa no es un torneo privado ni un mero producto comercial. Es una competición oficial de ámbito estatal cuya organización constituye una función pública delegada, sometida a control administrativo, exigencias de transparencia y la tutela del CSD. Según el denunciante, así lo establece la Ley del Deporte y lo confirmó el propio CSD en un informe remitido a la Fiscalía en 2023, en el que advertía expresamente que no constaba autorización alguna para trasladar la Supercopa fuera de España en ediciones anteriores.

Ese precedente podría ser clave. Según la Asociación, cualquier nuevo traslado —ya sea a Qatar o a cualquier otro país— requeriría autorización expresa del CSD, sometimiento a concurso público y el pronunciamiento previo de los órganos internos de control de la RFEF. A día de hoy, sostiene el denunciante, no consta que ninguno de esos requisitos se haya cumplido.

El escrito va más allá del lugar de celebración. Denuncia un posible incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, al entender que la explotación económica de la Supercopa debería adjudicarse mediante un procedimiento abierto, transparente y competitivo. La experiencia de Arabia, actualmente bajo investigación judicial, y de ahí la copia enviada al Juzgado de Instrucción de Majadahonda, es señalada como un modelo opaco, comisiones millonarias a terceros y ausencia de controles efectivos.

LAS PREGUNTAS DE LA ASOCIACIÓN TRANSPARENCIA Y DEMOCRACIA EN EL DEPORTE

1. Si el eventual contrato o preacuerdo para la disputa de la Supercopa de España 2027 en Qatar reproduce, total o parcialmente, el modelo económico previamente suscrito con Arabia Saudí. Es decir, si la cantidad a percibir por la RFEF varía en función de que participen o no Real Madrid y/o FC Barcelona. Si se contemplan bonos o tramos adicionales vinculados a la presencia de dichos clubes.

2. Si en el nuevo modelo se prevé el pago de comisiones a terceros (incluida cualquier sociedad vinculada al Sr. Gerard Piqué o al esquema anterior con KOSMOS), directa o indirectamente, y en qué cantidad y condiciones.

3. Qué salvaguarda de la integridad competitiva se han previsto para neutralizar cualquier incentivo económico que pueda asociarse a la
clasificación de clubes concretos, a fin de evitar medidas que se proyecte la imagen —o la sospecha— de que la RFEF obtenga más recursos si se clasifican determinados clubes, con el evidente riesgo para la credibilidad de las competiciones nacionales y para la confianza de aficionados, clubes y operadores institucionales.

Especialmente delicado es el apartado económico. La Asociación recuerda que en los contratos anteriores los ingresos de la RFEF variaban en función de la presencia de clubes como Real Madrid o FC Barcelona, lo que, a su juicio, introduce un incentivo perverso que puede poner en riesgo la igualdad competitiva y la credibilidad del torneo. Por ello, pregunta expresamente si el eventual acuerdo con Qatar reproduciría ese esquema y si volverían a existir comisiones a intermediarios.

Con un procedimiento penal aún en curso

Todo ello se produce, además, en un contexto especialmente sensible, pues no hay que olvidar el procedimiento penal en curso en el Juzgado de Instrucción de Majadahonda por presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal relacionados precisamente con la Supercopa y los acuerdos que Rubiales, con la ayuda de Piqué, alcanzó con Arabia Saudí. La reiteración de decisiones similares, sin aclaraciones públicas, refuerza —según el escrito de requerimiento— la sospecha de continuidad en los mismos patrones de actuación.

Esta denuncia formula una pregunta incómoda, pero esencial: ¿Puede una entidad que ejerce funciones públicas delegadas comportarse como si solo respondiera a intereses comerciales? Para la Asociación, la respuesta es clara. De ahí que el escrito trascienda el ámbito federativo y, como señalábamos al inicio, haya sido remitido al CSD, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y el Juzgado de Instrucción de Majadahonda, activando así tanto el control administrativo como el judicial.

"Como competición oficial, debería decidirse en España y con reglas claras, no en despachos cerrados ni al calor de contratos millonarios"

"El deporte español exige una gestión transparente y sometida a escrutinio público, y la Supercopa, como competición oficial de España, debería decidirse en España y con reglas claras, no en despachos cerrados ni al calor de contratos millonarios", sostienen los denunciantes.

El trasfondo del debate conecta la idea generalizada de que la RFEF, y por extensión los clubes y los futbolistas que disputan la Supercopa, están contribuyendo por razones puramente económicas a blanquear la imagen internacional de regímenes autoritarios como el saudí y ahora también el catarí. Utilizando el fútbol como un escaparate global en el que sabido es que España marca tendencia.

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La pelota está en el tejado de la RFEF. El requerimiento concede quince días para responder. Lo que diga —o calle— marcará el próximo capítulo de un debate que, con Rubiales al frente del fútbol español, trascendió lo deportivo. Algo que desgraciadamente Louzán no solo no ha acallado, sino que, con la idea de llevar la edición de 2027 a Doha y ampliar el acuerdo con Arabia todos los años que pueda, da un paso más y plantea nuevas dudas legales, además de las consabidas morales.