El TAD incoa expediente sancionador contra la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha incoado expediente sancionador contra la presidenta de la Liga Profesional de Fútbol Femenino (LPFF), Beatriz Álvarez Mesa, además de vicepresidenta de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que preside Rafael Louzán.

Tal y como informamos en este diario el pasado 3 de diciembre, el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, elevó a este tribunal las denuncias que el 16 de junio presentó Rubén Alcaine, el censurado vicepresidente de la Liga F, en las que acusaba a la mencionada Beatriz Álvarez y a su director general, Pablo Vilches, de haber cometido infracciones "muy graves".

La asturiana tiene ahora diez días para presentar alegaciones y se encuentra en la misma situación que su homólogo de LaLiga, Javier Tebas, a quien el 21 de noviembre el TAD también abrió expediente. En este caso tras una denuncia interpuesta por Miguel Galán, presidente de la Asociación para la Transparencia y Democracia en el Deporte, y 18 socios del FC Barcelona, debido al "incumplimiento del deber de confidencialidad" al revelar los estados financieros del club catalán.

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En su resolución, el TAD señala que la "petición razonada" remitida al organismo aprecia "indicios racionales suficientes" para encuadrar los hechos en una posible infracción del artículo 76.2 a) de la Ley del Deporte, en relación con el artículo 36 de los Estatutos de la LPFF, que regula quién debe presidir la asamblea en caso de moción de censura.

Las posibles sanciones a las que se enfrenta

Cabe recordar que para los casos de infracciones muy graves, la Ley prevé hasta cuatro sanciones no acumulativas: una multa de 3.000 a 30.000 euros, amonestación pública, destitución del cargo o inhabilitación. En el caso de Beatriz Álvarez, las denuncias van desde una vulneración reiterada de los Estatutos de la LPFF, con extralimitación de funciones, fraude de ley en la composición de la Asamblea y convocatoria ilegal de una moción de censura, a un bloqueo institucional al suprimir las funciones del vicepresidente y una posible vulneración de integridad institucional.

Según la primera denuncia de Rubén Alcaine, "en ningún caso Beatriz Álvarez podría haber convocado la Asamblea General sin que previamente hubiese convocado formalmente una sesión de la Comisión Delegada para deliberar sobre si se cumplían o no los requisitos de la iniciativa (...) Y, en todo caso, hubiese tenido que convocar una sesión de la Comisión Delegada para deliberar sobre la interpretación que debería dársele a la previsión estatutaria del artículo 36 sobre la competencia para adoptar el acuerdo de convocar la Asamblea General con tal fin".

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Unos días después de su primera denuncia, el aragonés presentó una ampliación de esta ante el CSD "por las irregularidades de extrema gravedad cometidas durante esta reunión extraordinaria de la Asamblea General de la Liga F". Alcaine solicitó que el caso fuera trasladado urgentemente al TAD, al considerar que "se han producido hechos que podrían constituir un fraude procedimental y una alteración dolosa del resultado de la votación".