El Real Madrid, en contra de que los equipos femeninos no estén obligados a llevar médico

Tal y como adelantamos en este diario, la semana pasada se celebró la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Liga Profesional de Fútbol Femenino (LPFF) en la que se aprobó una maniobra que hace evidente la necesidad de liquidez para atender los pagos a corto plazo. Los gestores de la Liga F propusieron ceder a una entidad financiera los derechos de cobro derivados del contrato de patrocinio de 4,7 millones de euros con Moeve.

Aunque parezca sorprendente, pues los clubes deberían ser los primeros en ser conscientes de la insostenible situación económica a las que les está abocando el equipo de trabajo que lideran la presidenta, Beatriz Álvarez, y el CEO, Pablo Vilches, sin olvidar al director general de Planificación Estratégica y Desarrollo, Pedro Malabia, la propuesta salió adelante con 11 votos a favor, 2 abstenciones y 3 en contra.

Una vez más, solo Real Madrid, Real Sociedad y Deportivo Abanca salvaron su responsabilidad y se opusieron a una medida que refleja la realidad del fútbol femenino profesional español. No la que venden desde la calle Fortuny, con la complacencia de quienes la replican sin el mínimo rigor. "La Liga F continúa evolucionando hacia un producto que mejora de forma constante una competición cada vez más atractiva y competitiva", aseguraron en una nota.

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Lejos de reflejar esa evolución, la gestión actual ha normalizado decisiones que afectan a las garantías básicas de la competición. Así quedó patente cuando el Real Madrid tuvo que intervenir para rechazar el respaldo de la Liga F a la solicitud de varios clubes de eliminar la obligatoriedad de viajar con médico. Una medida justificada por su coste económico y que supone un claro retroceso en la protección sanitaria de las futbolistas, tal y como advirtió Begoña Sanz, directora general adjunta del club blanco.

¿No se puede garantizar la salud de las futbolistas?

Que tras una inversión pública de 40 millones de euros y un volumen de gestión que supera ya los 100 millones, el fútbol femenino español no pueda asegurar la presencia de un médico en los desplazamientos, dice más de su modelo de gestión que de su grado de profesionalización. Una situación que interpela no solo a los gestores, sino también a quienes deberían velar por la protección de las futbolistas —los sindicatos—, y que justifica plenamente la posición adoptada por el Real Madrid. Por cierto, en una asamblea celebrada de manera telemática y no presencial en la sede de la Liga F.

Por si esto fuera poco, las Normas Reguladoras y Bases de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) lo dejan muy claro. Así, su Artículo 15 dice que "los clubes, con carácter obligatorio, deberán tener adscrito a la plantilla, mediante la correspondiente licencia, a un médico colegiado que deberá estar presente en todos los partidos que dispute el club".

A lo largo de esta temporada, clubes como Eibar, Tenerife o FC Badalona han sido sancionados por el Comité de Disciplina de la Primera División de Fútbol Femenino. En el caso del club catalán, miembro además de la Comisión Delegada de la Liga F, las dificultades esconden una dimensión mayor. Como informó Futbol Catalunya, "el Consejo Superior de Deportes (CSD) ha requerido la devolución de una subvención de 994.648,55 euros. Lo que, según la entidad, podría llevarla a la insolvencia e, incluso, a la desaparición". Una circunstancia que invita a revisar si se cumplían plenamente los requisitos económicos necesarios para su inscripción en la competición, certificada en su momento por el director general de la Liga F, Pablo Vilches.

El controvertido cambio en el Comité de Disciplina

Y hablando del Comité de Disciplina, que preside Ana Ballesteros, en la Asamblea de la RFEF celebrada también la semana pasada, la Liga F propuso la sustitución del miembro que le corresponde de acuerdo al Convenio de Coordinación con la entidad que preside Rafael Louzán. A mitad de temporada y sin exponer el motivo que les llevó a este controvertido cambio de Álvaro Quiroga por Miguel Pérez Rocamora. Una sustitución introducida a mitad de temporada, aprobada sin explicación pública y que podría llegar a tener consecuencias jurídicas, deportivas e institucionales.

¿Una nueva decisión adoptada de manera arbitraria? Pues todo apunta a ello. Y no es un asunto menor, ya que esta actuación se suma a las denuncias contra Beatriz Álvarez y Pablo Vilches que el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, ha elevado al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). En un contexto especialmente sensible desde el punto de vista institucional y un escenario en el que cualquier paso en falso puede tener consecuencias relevantes. En este caso, sin una responsabilidad directa de la RFEF, aunque sí indirectamente, pues se trata de una decisión que afecta a un órgano disciplinario que depende de ella.

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A seis meses de que haya elecciones a la presidencia de la Liga F, el panorama dista mucho del optimismo que se traslada desde Fortuny. Por más que vendan "unos datos que confirman un crecimiento de audiencias equilibrado y una tendencia positiva en la temporada 2025-2026 (…) con un crecimiento del 18% en la asistencia a los estadios", la realidad es que la gestión actual ha situado al fútbol femenino profesional español en una situación de fragilidad evidente. Con carencias estructurales que afectan incluso a aspectos tan básicos como la cobertura médica en los desplazamientos. Normal que el Real Madrid alertara de ello.