Empieza el 'aquelarre' Rubiales, con Yolanda Díaz en primera fila tras su histórico plantón
A diferencia de otras que ahora se rasgarán las vestiduras, la vicepresidenta segunda del Gobierno fue coherente al no acudir a la firma del II Convenio Colectivo del Fútbol Femenino
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Este lunes empieza en el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional el juicio de uno de los casos más mediáticos del año. El que tiene como principales protagonistas a Jenni Hermoso y al que fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, acusado por la futbolista madrileña de delitos de agresión sexual y coacciones. Las penas a las que se enfrenta el de Motril son de dos años y medio de prisión.
Para demostrar la expectación, sirvan las ofertas que las televisiones, incluida la pública, están haciendo por ir a los programas que tratarán este asunto. Ya sea por el aquelarre en el que van a convertir el caso, sin descartar que se utilice para tapar otros escándalos judiciales. El bochornoso comportamiento de Rubiales tras el Mundial de fútbol femenino ganado por España sirvió para que la FIFA le inhabilitara y, como denunció Yolanda Díaz, solo entonces lo hiciera su propio Gobierno.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social fue la que más se involucró en forzar la dimisión del presidente de la RFEF, al que paradójica y sistemáticamente habían protegido desde el Consejo Superior de Deportes (CSD). Especialmente José Manuel Franco y Víctor Francos, quienes fueron acumulando innumerables denuncias en un cajón. Mientras Sánchez se limitó a calificar el comportamiento de Rubiales de "gesto inaceptable", Díaz fue contundente, algo que ahora volverá desde la primera fila.
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Hace justo una semana, la ministra de Trabajo dejó plantados a la Liga F y los sindicatos FUTPRO, Futbolistas ON y CCOO, quienes vieron cómo el acto en el que se iba a escenificar la firma del II Convenio Colectivo del Fútbol Femenino se les venía abajo a escasos 15 minutos de empezar. Una firma en la que, por cierto, no participaron la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y UGT, lo cual también deja en evidencia un convenio que no tardará en ser denunciado.
La comprometida presencia de Juan José Martínez
Lo que hizo recular a Yolanda Díaz fue la noticia de El Confidencial en la que informábamos de que uno de los firmantes era Juan José Martínez, presidente del mencionado Futbolistas ON, con una orden de alejamiento de su ex pareja, Tamara Ramos, a saber cofundadora y ex directora general de este sindicato.
Aunque la propia implicada no quiere comentar nada y el implicado va pregonando lo contrario, es público que dicha orden fue dictada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer N.º 1 de Alcobendas el 27 de marzo del año pasado y en ella, que incluye a la unidad familiar, constan "antecedentes en una relación anterior".
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Así las cosas, a diferencia de la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, que tanto se quejó del trato que recibió de Rubiales, pero ha sido incapaz de empatizar y contactar con Tamara Ramos, la del sindicato FUTPRO, Amanda Gutiérrez, y la representante de CCOO, Maite Sánchez, quienes posaron sonrientes junto al presidente de Futbolistas ON, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo reaccionó a tiempo y les dejó plantados.
Por contra, sí estuvieron representantes del CSD. Concretamente, lo hicieron Juan Luis Soto, jefe de gabinete de José Manuel Rodríguez Uribes, quien, aunque es verdad que se encontraba de viaje, difícilmente hubiera ido tras confirmar su asistencia Yolanda Díaz, y la subdirectora general de Mujer y Deporte, Bárbara Butragueño, para más inri, anteriormente subdirectora general para la Igualdad de Trato y la No Discriminación del Ministerio de Igualdad.
Reyes Bellver, de FUTPRO a la RFEF
Tampoco faltó a la cita la abogada Reyes Bellver. Lo hizo en su condición de vicepresidenta de FUTPRO, un sindicato que fue auspiciado por Rubiales y su siniestro secretario general, Andreu Camps. De aquí lo sorprendente que el sábado fuera nombrada nueva directora de fútbol femenino de la RFEF, donde a su presidente, Rafael Louzán, le quedan cuatro telediarios y nadie duda de que su sucesor será el extremeño Sergio Merchán, quien también acudió al acto celebrado en la Liga F.
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Más que un convenio, han firmado lo que les conviene a ellos y no a las futbolistas, quienes siguen viviendo una realidad paralela. Algunas sin valorar lo que tienen y olvidando de dónde vienen. "Personalmente, necesito más tiempo para analizarlo", dijo Alexia Putellas sobre jugar la Supercopa de España femenina en Arabia. No es fácil adivinar qué es lo que la futbolista del FC Barcelona tiene que "analizar", pero su postura refleja la hipocresía que impera en el fútbol femenino.
En la bochornosa firma del II Convenio Colectivo del Fútbol Femenino se habló de día "histórico". Aunque lo único histórico fue el plantón de la vicepresidenta segunda del Gobierno. Consciente o inconscientemente, tanto desde la Liga F como desde los tres sindicatos firmantes estuvieron a punto de meterle en un lío, pues estos sí sabían que un documento en el que se incluyen medidas contra la violencia de género iba a firmarlo un hombre que está incluido en el llamado sistema VioGén.
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Rasgarse las vestiduras con el indecente piquito de Rubiales a Jenni Hermoso, mientras se mira para otro lado en el caso de Tamara Ramos, vinculada al fútbol femenino al ser cofundadora, ex directora general del sindicato Futbolistas ON y firmante del I Convenio Colectivo, también es una indecencia. Además de una incoherencia que debería estar presente en el aquelarre Rubiales que desde este lunes y hasta el día que el juez Clemente —veremos si hace honor a su apellido— dicte sentencia.
Este lunes empieza en el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional el juicio de uno de los casos más mediáticos del año. El que tiene como principales protagonistas a Jenni Hermoso y al que fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, acusado por la futbolista madrileña de delitos de agresión sexual y coacciones. Las penas a las que se enfrenta el de Motril son de dos años y medio de prisión.