El caso Negreira es una bomba a punto de explotar y la UEFA podría darle la puntilla al Barça

La frágil economía del FC Barcelona podría encajar otro golpe crítico esta temporada por parte de la UEFA si el organismo europeo decide mover ficha contra el club azulgrana. Del estamento dirigido por Aleksander Ceferin depende que la entidad catalana pueda disputar (o no) la próxima Champions League, tal y como recoge su normativa de elegibilidad. De no hacerlo, el Barça sufriría pérdidas multimillonarias el siguiente curso, en un momento en que la tesorería está tensionada, la financiación del Espai Barça no está cerrada (podría contraer una deuda de 3.000 millones de euros a un interés desorbitado y roza el bono basura) y el club sigue presentando un agujero operativo de 200 millones de euros entre ingresos y gastos ordinarios. Las palancas, ingresos extraordinarios, ya no podrán maquillar del mismo modo la salud económica como antaño tras los cambios introducidos por LaLiga en su control económico.

Ahora, el caso cobra mayor relevancia en el plano de las posibles sanciones deportivas después de que la jueza del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Silvia López Mejía, admitiese a trámite la denuncia de la Fiscalía contra el Barça y varios exdirectivos del club por los pagos a Enríquez Negreira e imputase al club y a sus exdirectivos por administración desleal, corrupción en los negocios en su modalidad deportiva y falsedad documental. Tal y como avanzó este periódico, la magistrada asume la tesis de la Fiscalía e indicó en su auto que los pagos al que era vicepresidente del CTA se dirigían, a nivel indiciario, a que Negreira hiciese "actuaciones tendentes a favorecer al FCB en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club, y así en los resultados de las competiciones".

Es decir, los implicados buscaban influir en los resultados arbitrales a través de pagar al número dos del Comité Técnico Arbitral, donde se deciden los ascensos y descensos de categoría de los árbitros. Por ejemplo, el Barça utilizó información privilegiada para ser informado de que Carlos Clos Gómez, actual director del VAR, sería el colegiado que dirigiría la final de Copa del Rey entre los azulgranas y el Deportivo Alavés en la temporada 2016-17. En esa final, disputada en el Vicente Calderón, el árbitro no señaló el fuera de juego con el que Neymar Júnior anotaría el 2-1. Solo dos minutos después, Alcácer firmaría el definitivo 3-1 a favor de los azulgranas.

Los organismos mueven ficha y la UEFA va en camino

El pasado 24 de febrero, el departamento de integridad de la UEFA envió un escrito a la Real Federación Española "solicitando información completa en relación con este tema", tal y como anunció el secretario de la RFEF, Andreu Camps, en rueda de prensa. La RFEF accedió y ya está en manos de la UEFA. La entidad presidida por Luis Rubiales ejerce de puente de la UEFA en el caso Enríquez Negreira, para estar al tanto de la investigación sobre los pagos cifrados en más de siete millones de euros al exvicepresidente de los árbitros.

El artículo 112 de la Ley del Deporte indica que "las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses". Los hechos denunciados ya habrían prescrito según la ley española y no cabría sanción administrativa en el terreno deportivo. Mientras la vía penal progresa, la UEFA sí que podría tomar cartas en el asunto. La RFEF se personó en el procedimiento abierto contra el FC Barcelona por el caso Negreira y remitió un informe a la UEFA el pasado jueves. La RFEF se une a LaLiga, también personada como acusación particular, y al Real Madrid. El CSD, a través de su presidente, José Manuel Franco, también anunció que se personaría.

En lo que respecta a sus competiciones, la UEFA tiene un enfoque estricto en sus criterios de admisión. "La admisión de una competición UEFA para las federaciones miembro o clubes directa o indirectamente involucrados en cualquier actividad dirigida a arreglar o influir en el resultado de un partido a nivel nacional o internacional puede ser rechazada con efecto inmediato, sin perjuicio de cualquier medida disciplinaria posible", explica el texto. Contratar a un vicepresidente en activo para "asegurar la neutralidad de los colegiados", tal y como declaró Enríquez Negreira, encajaría en esa descripción.

En sus reglamentos disciplinarios de la UEFA, el organismo establece que todas las personas obligadas por las reglas y normas de la UEFA deben abstenerse de cualquier conducta que dañe o pueda dañar la integridad de los partidos y competiciones y deben cooperar plenamente con la UEFA en todo momento en sus esfuerzos para combatir este tipo de comportamiento (artículo 12). Por ejemplo, la integridad de los partidos y las competiciones se viola por cualquier persona: quien actúa de una manera que es probable que ejerza una influencia ilegal o indebida en el curso y/o resultado de un partido o competición, con vistas a obtener una ventaja para sí o para un tercero o quien usa o proporciona a otros información que no está disponible al público, que se obtiene a través de su posición en el fútbol y hace daño o podría dañar la integridad de un partido o una competición.

Si la UEFA concluye a su entera satisfacción que un club ha sido directa y/o indirectamente involucrado desde la entrada en vigor del artículo 50 (3) de los Estatutos de la UEFA, es decir, del 27 de abril de 2007, en cualquier actividad dirigida a arreglar o influir en el resultado de un partido a nivel nacional o internacional, la UEFA declarará que dicho club no podrá participar en la competición. Esta inelegibilidad es eficaz solo para una temporada de fútbol. La pelota está en el tejado del máximo organismo del fútbol europeo, que tendrá que tomar la decisión en junio.