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Dos exjugadores del Atlético, investigados en el presunto fraude de 5 millones
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OPERACIONES DE UN FONDO DE INVERSIÓN

Dos exjugadores del Atlético, investigados en el presunto fraude de 5 millones

Para la comisión de los fraudes se utilizó una "compleja" estructura societaria que permitía ocultar los beneficios de los préstamos y de la venta de los derechos económicos

Foto: La UCO y la ONIF trabajan en el marco de la operación 'Dean'. (EFE)
La UCO y la ONIF trabajan en el marco de la operación 'Dean'. (EFE)

La Agencia Tributaria y Guardia Civil investigan un entramado societario que podría haber defraudado más de cinco millones de euros por la compra de derechos de económicos de jugadores de fútbol y la financiación de fichajes y clubes. En concreto, funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de la operación 'Dean', están llevando a cabo distintas actuaciones en las provincias de Madrid, Alicante, Valencia, Asturias, Sevilla, Cádiz, Granada, Murcia y Baleares, con el fin de obtener elementos probatorios de presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales.

Estas actuaciones están bajo la dirección y coordinación del juzgado central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, quien ha ordenado la realización de varios registros en domicilios, así como requerimientos de documentación a múltiples sociedades, según ha informado este miércoles el Ministerio de Hacienda. La investigación se inició a principios del año pasado centrándose en las operaciones llevadas a cabo en España por un fondo de inversión constituido en el año 2011 con sede en Malta. Se trataría de Doyen Sport Investment Limited.

Foto: Carlos Aranda y Raúl Bravo, en el momento de abandonar la prisión de Zuera. (EFE)

Los principales investigados en la trama son los exjugadores del Atlético de Madrid Juanma López y Mariano Aguilar. Según indicaron fuentes de la investigación y la Audiencia Nacional en un comunicado, en la operación bautizada como Dean, centra sus pesquisas en el fondo de inversión Doyen Sports Investment Limited e investiga a su administrador Nelio Freire Lucas por un delito contra la Hacienda Pública.

Por este mismo delito y por otro de blanqueo de capitales también se investiga a los exfutbolistas Mariano Aguilar y Juan Manuel López, así como a la pareja de este Rocío del Carmen Sánchez y al hermano de Aguilar. A los seis se les acusa de no tributar en España los rendimientos derivados de operaciones de compra de derechos económicos de jugadores de fútbol y de la concesión de préstamos a varios clubes, y están citados a declarar como investigados este jueves y viernes ante el Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional.

Las actividades de este fondo consistieron en la compra de derechos económicos de jugadores de fútbol con proyección, persiguiendo lograr plusvalías con sus traspasos a terceros equipos. Asimismo, financió fichajes y facilitó liquidez a clubes de fútbol españoles con dificultades económicas, todo ello bajo el asesoramiento de bufetes de abogados.

Para la comisión de los fraudes detectados se ha utilizado una "compleja" estructura societaria que habría permitido ocultar los beneficios de los préstamos y de la venta de los derechos económicos de los jugadores de fútbol, cifrándose la cantidad supuestamente defraudada a la Hacienda Pública española en más de 5 millones de euros. Además, debido a la repercusión internacional, se ha solicitado colaboración a varios países.

La Agencia Tributaria y Guardia Civil investigan un entramado societario que podría haber defraudado más de cinco millones de euros por la compra de derechos de económicos de jugadores de fútbol y la financiación de fichajes y clubes. En concreto, funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de la operación 'Dean', están llevando a cabo distintas actuaciones en las provincias de Madrid, Alicante, Valencia, Asturias, Sevilla, Cádiz, Granada, Murcia y Baleares, con el fin de obtener elementos probatorios de presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales.

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