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El nuevo golpe a Jaume Roures: Luis Rubiales aleja a Mediapro del fútbol español
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Por respeto al código ético de la federación

El nuevo golpe a Jaume Roures: Luis Rubiales aleja a Mediapro del fútbol español

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol impide a Mediapro, la empresa de Roures, acceder a los nuevos derechos adiovisuales de Copa del Rey y Supercopa

Foto: Luis Rubiales saluda a Florentino Pérez en una imagen de archivo
Luis Rubiales saluda a Florentino Pérez en una imagen de archivo

Como ya hiciera el Real Madrid tras 18 años de relación, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) también ha roto relaciones con Mediapro, el grupo audiovisual de Jaume Roures. La empresa española, acusada de pagos irregulares por los partidos de clasificación para el Mundial en Centroamérica y Caribe, pierde por tanto a otro importante cliente. El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, puso en conocimiento de su Junta Directiva en la reunión celebrada el pasado martes con motivo del rediseño de los actuales formatos de Copa del Rey y Supercopa de España su intención de apartar a la empresa mencionada de la puga por los derechos de explotación de estas dos competiciones. El motivo no es otro que el respeto por el código ético de la Federación, que impide establecer vínculos comerciales con empresas relacionadas con casos de corrupción o chantaje.

Según el diario 'Marca', Jaume Roures envió una carta a finales de enero solicitando a los dirigentes federativos información sobre los nuevos formatos de competición y su posible comercialización. La carta se convirtió en burofax en la última semana de marzo. Andreu Camps, secretario genereral de la Federación, les remitió a su código ético, explicándoles los detalles y solicitando a Mediapro que aclare, en el plazo de diez días hábiles, los supuestos en los que la empresa reconoció haber sobornado a diferentes directivos de federaciones caribeñas para agenciarse los derechos audiovisuales por los cuales estaban interesados.

Cabe recordar que Mediapro, a través de su matriz Grupo Imagina, decidió abonar 20 millones de euros para dejar atrás esta causa abierta en los Estados Unidos. Mediapro alcanzó el pasado año unos ingresos de 1.967 millones de euros, un 20% más que en 2017 (el 79% del total de la facturación procede ya de fuera de España), y el grupo firmó un ebitda de 222 millones, un 16,8% más que en el ejercicio previo. La compañía dispone a día de hoy una plantilla de 6.695 trabajadores, 4.765 de esos empleados en España.

Conflicto en el fútbol femenino

Atendiéndonos a esto, la Federación tampoco contará con Mediapro en la futura puesta en marcha de la Superliga femenina, competición que en principio 'suplirá' a la actual Liga Iberdrola. Mediapró extendió su contrato con el fútbol femenino el pasado 7 de marzo, cuando se adjudicó de nuevo la explotación audiovisual con una oferta de nueve millones de euros. Las negociaciones se llevaron a cabo a través de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF), organismo controlado por LaLiga, y levantó ampollas en la Federación, que considera que esos derechos le pertenecen. Con la creación de la Superliga, un modelo aparte, la Federación busca llevar la batuta, sumar a todos los clubes de Iberdrola y, en teoría, abrir una nueva puja para alejar a Tebas y a Roures del nuevo formato.

Como ya hiciera el Real Madrid tras 18 años de relación, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) también ha roto relaciones con Mediapro, el grupo audiovisual de Jaume Roures. La empresa española, acusada de pagos irregulares por los partidos de clasificación para el Mundial en Centroamérica y Caribe, pierde por tanto a otro importante cliente. El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, puso en conocimiento de su Junta Directiva en la reunión celebrada el pasado martes con motivo del rediseño de los actuales formatos de Copa del Rey y Supercopa de España su intención de apartar a la empresa mencionada de la puga por los derechos de explotación de estas dos competiciones. El motivo no es otro que el respeto por el código ético de la Federación, que impide establecer vínculos comerciales con empresas relacionadas con casos de corrupción o chantaje.

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